Un fraude masivo. E indiscutible. José Manuel Barroso, presidente de la Comisión europea así lo ha admitido. Los veinticinco ministros de asuntos Exteriores de la Unión Europea han expresado su “grave preocupación”. “Es importante que transmitamos de la forma más clara posible la inquietud de la Unión Europea y la de todos los Estados miembros sobre el resultado de la elección presidencial”, ha declarado el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores.
Reporteros Sin Fronteras recuerda que “esta elección tiene lugar tras cuatro años de una degración contínua y sin precedentes de la prensa en el país”. En Washington, personalidades como Colin Powell, Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski han afirmado que los Estados Unidos no podían admitir los resultados oficialmente.El Nacional Democratic Institute (NDI), presidido por Madeleine Albrigth, antigua secretario de Estado; la Freedom House , dirigida por James Woolsey, antiguo jefe de la CIA ; el American Entreprise Institute, impulsado por el expresidente Gerald Ford; e incluso el Open Society Institute, dirigido por George Soros, han denunciado “manipulaciones masivas” y reclaman “sanciones económicas”. El senador Richard Lugar, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado y enviado especial del presidente George Bush, no ha dudado en hablar abiertamente de “fraude”: “Está claro que ha habido un vasto y concertado programa de fraudes el día de la elección, ya sea bajo la dirección de las autoridades, o ya sea con su complicidad”.
¿Se frotan los ojos? ¿Se preguntan cómo se les han podido escapar tales declaraciones a propósito de la reciente elección presidencial en México? Tienen toda la razón para estar perplejos. Ninguna de las personalidades o instituciones citadas anteriormente ha denunciado lo que acaba de pasar en México. Todos los comentarios anteriores –auténticos–, conciernen a la elección presidencial del 23 de noviembre de 2004… en Ucrania [ 1 ] .
La “comunidad internacional” y las habituales “organizaciones de defensa de las libertades”, que las hemos conocido tan activas en Serbia, en Georgia, en Ucrania y más recientemente en Bielorrusia, permanecen mudas, por así decirlo, ante el “golpe de Estado electoral” que se comete ante nuestros ojos en México [ 2 ] .
¿Se imaginan el clamor planetario si, por el contrario, esta misma elección se hubiera desarrollado, por ejemplo, en Venezuela y si el vencedor –por una diferencia de a penas un 0,56% de los votos- hubiera sido…el presidente Hugo Chavez? El escrutinio mejicano de 2 de julio oponía a dos candidatos principales: Felipe Calderón, del Partido de Acción Democrática (PAN, de derechas y católico, en el poder), declarado vencedor (provisionalmente) del escrutinio por el Instituto Federal Electoral (IFE) y Andrés López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda moderada).
Mucho antes del inicio de la campaña, estaba claro para el presidente Vicente Fox (PAN) y las autoridades en el poder que López Obrador con su programa de lucha contra la pobreza era el candidato a batir. Por todos los medios. Desde 2004, una maniobra, a base de cintas de video clandestinas difundidas por las cadenas Televisa y TV Azteca, adquiridas por el poder, trataban de desacreditar a López Obrador. Esa maniobra fue en vano.
Al año siguiente, bajo el extravagante pretexto de no respetar las normas legales de construcción de una vía de acceso a un hospital, era condenado, encarcelado, y privado del derecho a presentarse a las elecciones. Manifestaciones masivas de apoyo acabaron por obligar a las autoridades a restablecerle sus derechos.
La operación de acoso y derribo prosiguió. Y alcanzó un grado delirante en el curso de la campaña electoral [ 3 ] . Y aún más a medida que un viento de pánico sopla sobre las oligarquías latinoamericanas (y sobre la administración de Estados Unidos) desde que la izquierda triunfa (casi) por todas partes: en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia…Y que las nuevas alianzas no excluyen a Cuba [ 4 ] .
En tal contexto, la victoria de López Obrador (el tribunal electoral resolverá el próximo 6 de septiembre) tendría consecuencias geopolíticas demasiado importantes. Y por lo tanto no la desean ni la patronal ni los grandes medios de comunicación mejicanos. Ni Washington. A ningún precio. A riesgo de sacrificar la democracia. Pero López Obrador y el pueblo mejicano no han dicho su última palabra.
