Las democracias aceleradas

Autor: J. M. Ruiz Soroa

Revista: Cuadernos de Alzate nº 40

La sensación de aceleración del tiempo que experimentan las sociedades actuales produce efectos relevantes en la práctica de gobierno. La más interesante es que las democracias intentan llevar a cabo una ilusoria sincronización entre el gobierno y la sensación de urgencia social, dando lugar a las defectuosas «democracias aceleradas».

Se ha convertido ya en un lugar común la afirmación de que la relación del ser humano con el tiempo ha experimentado un profundo cambio en las sociedades occidentales, así como su derivada de que es precisamente ese cambio una de las causas últimas de fenómenos políticos tan característicos como la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus dirigentes o el declive de la capacidad del Estado para intervenir eficazmente en la sociedad [pie_1]. Según la versión estándar del asunto, el cambio que se ha operado se descompone en varios aspectos: por un lado, en el hecho de que hoy ha desaparecido del imaginario social cualquier horizonte revolucionario o utópico que anteriormente hubiera existido. Y que en el lugar que ocupó ese horizonte encontramos en la actualidad una percepción generalizada del futuro como un tiempo de riesgo, no como tiempo de progreso. A lo que se añade, por otro lado, una intensa sensación social de que el tiempo y la historia se han acelerado últimamente [pie_2]. Todo ello sumado, provocaría entre otras cosas que las democracias estuvieran hoy afectadas por un culto obsesivo al presentismo y por la que podría denominarse como una auténtica dictadura del corto plazo.

Este trabajo intenta profundizar un poco en esta afirmación genérica de que el tiempo y su percepción social generalizada están provocando efectos empíricamente detectables en el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos; pretende, en este sentido, concretar un poco más cómo opera esa relación entre el cambio en el tiempo percibido y la modificación del sistema político y proponer alguna hipótesis que sirva de descripción de un estado de cosas que sugerimos calificar como el de unas democracias aceleradas.

Antes de ello, sin embargo, conviene introducir algunas precisiones en el complejo magma de ideas que ronda en torno al tema de la percepción moderna del tiempo, pues se trata de un terreno en el que confluyen muchos puntos de vista diversos, procedentes tanto de la sociología como de la filosofía y de la historia, lo cual lo hace un tanto recargado y confuso.

Por un lado, la sociología contemporánea subraya comúnmente que la experiencia dominante entre los seres humanos que forman las sociedades occidentales es hoy en día la de una temporalidad deshilvanada, es decir, que el presente es vivido como una experiencia débil y evanescente que se tambalea de un acontecimiento a otro, lo cual impide que las personas construyan su peripecia temporal como un relato continuo [pie_3]. Se ha generado, en esta dirección, una auténtica inflación de términos que caracterizan ese presente huidizo en el que nos sentimos vivir, coincidentes todos ellos en subrayar su debilidad: el presente sería efímero, volátil, fugitivo, líquido, e cosi via… En cualquier caso, lo que resulta de este tipo de presente fugitivo es la imposibilidad para los ciudadanos de integrar su experiencia en un relato continuo, un relato con sentido, lo cual les hunde en un mar de incertidumbre y les lleva a percibir el futuro como un ámbito de riesgo. En una sociedad tal los ciudadanos prefieren un «presente diferente» a un «futuro mejor». En ella, no hay ya mercado interesado en adquirir proyectos a largo plazo de buena sociedad, tanto por la escasez de su oferta ideológica como por el desplome de su demanda. La sociedad moderna habría finalmente sustituido la futurología por el cálculo del riesgo y las pólizas de seguro.

Por otro lado, es también una constatación común la de que las terribles experiencias vividas el pasado siglo han hecho tambalearse la ingenua creencia ilustrada en el progreso como seguro futuro de la humanidad [pie_4]. A lo cual se ha sumado la implacable deconstrucción que el pensamiento posmoderno ha llevado a cabo sobre todos los grandes metarrelatos cargados de teoría histórico-normativa (sea el ilustrado, el marxista o el positivista). Todo junto ha hecho que se produzca un verdadero colapso del futuro como tiempo creador de sentido. El ser humano habita en temporalidades diversas: por un lado, está el tiempo breve del acontecimiento, la más caprichosa y engañosa de las duraciones, el tiempo de nuestra experiencia mundana. Pero, por otro, está el tiempo largo, otro tiempo situado más allá de aquel en que se vive, que es el único capaz de crear sentido para el presente [pie_5]. Pues bien, el tiempo largo del futuro es el que habría colapsado tanto en el pensamiento como en el imaginario social contemporáneo, de manera que se estaría produciendo, como forma de compensación inconsciente, una vuelta o repliegue al pasado como instancia productora del necesario sentido para el vivir cotidiano.

Desde la interpretación filosófica de la historia se dice, a su vez, que estamos hoy asistiendo a los últimos momentos de la aceleración de la historia que se inició en la Europa renacentista. Esta aceleración comenzó cuando la idea, originariamente religiosa, de una finalidad externa a la historia misma (el Apocalipsis del tiempo final) se secularizó transformada en una meta de paz y justicia que se realizaba dentro de la historia mundana. Fue esta incorporación de un fin inmanente al proceso histórico la que provocó lo que se ha conceptuado como aceleración de la historia (la «aceleración poscristiana»). Pues bien, habríamos llegado actualmente a una situación en que esa aceleración se ha saturado y ha surgido la disociación más absoluta entre experiencias y expectativas [pie_6]: resulta que el espacio de la experiencia se empobrece y el horizonte de expectativas se agota. Si hubo un tiempo en que las aceleraciones de la historia fueron saludadas con alborozo (como «locomotoras de la historia» las consideró Marx en su aparición como revoluciones), ahora viviríamos en una aceleración continua que pierde todos sus referentes y nos sume en un presente dilatado que se aparece como tiempo condensado [pie_7].

Este entrecruzamiento de ideas, constataciones empíricas y reflexiones produce impresiones que, aunque en parte contradictorias, denotan la misma perplejidad ante el tiempo actual: «El futuro no es ya lo que era», dice D. Innerarity [pie_8]. Y en cambio M. Cruz sentencia: «El pasado no es ya lo que era» [pie_9]. Probablemente, es el tiempo mismo el que no es ya como era, o como pensamos que era.

Conviene matizar y ser cuidadosos ante esta impresión porque, de lo contrario, la idea de la aceleración del tiempo puede convertirse en un mantra omniexplicativo de dudoso valor. En este sentido, una primera base útil de distinción es la que proporciona J. R. Capella [pie_10] al distinguir las tres operaciones distintas que el ser humano lleva a efecto con el elemento tiempo: la de contarlo, la de percibirlo y la de concebirlo. La primera, que ahora no nos interesa, puramente cronométrica, es la de la física. La segunda, percibir el transcurso del tiempo, es algo eminentemente cultural y está ligado al tipo de actividad social predominante y a la velocidad con que se producen los cambios sociales en una sociedad. No se percibe igual el transcurso del tiempo en una sociedad agraria que en una industrial, en una decadente o en otra en ascensión, en una joven o en otra envejecida. La tercera, la de concebir el tiempo, es de carácter eminentemente filosófico y se refiere a la forma en que el pensamiento dota de sentido a su transcurso. Teniendo en cuenta esta distinción, puede decirse que cuando se afirma que la noción de progreso ha perdido su función orientadora en la época contemporánea se está haciendo referencia a una cuestión eminentemente conceptual y de marcado contenido filosófico. En cambio, cuando aludimos a la manera en que las sociedades actuales perciben el tiempo y reaccionan ante esa percepción estamos abordando una cuestión sociológica estricta. Y conviene distinguir entre ambos planos para no incurrir en confusión.

En este sentido, no guardan demasiada relación entre sí la idea de la «aceleración de la historia» y la de «aceleración de la experiencia temporal». La primera es una teorización interpretativa acerca de una época entera, una conceptualización de cierta fase de la historia occidental. La segunda, por el contrario, es la constatación empírica de una percepción difundida en las sociedades actuales.

Por otra parte, es cierto que el pensamiento crítico ha abandonado las ideas del progreso y del futuro como tiempos de amejoramiento de la humanidad, que ambas nociones han dejado de ser motores fecundos en el terreno ideológico. Es mucho más discutible, por el contrario, que nuestras sociedades hayan abandonado esa noción de progreso como forma de representarse el futuro. Parece que existe, por el contrario, un acusado hiato entre la conceptualización del tiempo por parte de los intelectuales (la «muerte del futuro») y la que tiene incorporada el ciudadano que habita nuestras sociedades, en la que la idea de progreso (por lo menos como avance científico, material y desarrollista) sigue estando integrada en su mentalidad como un auténtico elemento genético. El hombre europeo no puede dejar de pensarse como alguien que va a llegar a algún sitio. En nuestra sociedad todo el mundo aspira a un futuro mejor y «lo normal para la mayoría es el progreso; lo que necesita explicación es lo contrario, lo que impide el avance, lo que obstaculiza la mejora, lo que se opone al cambio a mejor » [pie_11]. La gente sigue pensando en términos de futuro, y precisamente su malestar actual deriva de que no lo ve claro, de que desconfía de su realización efectiva. Si las ideas de futuro y de progreso hubieran muerto realmente en nuestras sociedades sería incomprensible el malestar social que se origina, precisamente, por el hecho de que el futuro no cumple efectivamente sus promesas, o amenaza con no cumplirlas. Quien se frustra por la ausencia de resultados es porque los espera seriamente. La situación de la ciudadanía occidental es más la de aquel que duda seriamente de la capacidad de la política para cumplir sus expectativas que la de quien ha dejado de creer en el progreso como meta necesaria. Es de esa desconfianza de donde surge la valoración negativa del presente.

Lo que sucede es que, al mismo tiempo, ese desarrollo o progreso se concibe en nuestras sociedades en términos puramente cuantitativos, como más y más de todo, pero sin un propósito final definido, sin una forma que lo caracterice. Así, el desarrollo termina por consistir en salir del estado actual para alcanzar otro que no está definido por ninguna cualidad: la norma es la inexistencia de norma [pie_12]. De esta forma, el cambio se ha convertido en una invocación ritual prestigiosa, casi necesaria para cualquier actor social que pretenda llamar la atención, pero carente de toda teleología concreta. No querer cambiar, ser inmovilista, es el peor vicio en que puede incurrir el ciudadano actual. Pero el cambio que se le propone no posee un telos, sino que es puro incremento.

Por otro lado, es cierto que la inseguridad y la sensación de riesgo ante el futuro se han incrementado en nuestras sociedades. Pero es muy exagerado hablar de un nivel de percepción del riesgo tan alto y absorbente que no tendría parangón en otra época alguna. Esta idea supone implícitamente que existió en algún momento del pasado una «edad de oro» en que los ciudadanos estaban sostenidos y guiados por sólidas ideas, valores y tradiciones, una edad que habría desaparecido por los errores de la modernidad [pie_13]. Una idea ésta que es tópicamente conservadora y, sobre todo, falsa.

De otra parte, resultan aleccionadoras unas ya antiguas observaciones de E. H. Carr [pie_14] sobre fenómenos que presentan curiosas similitudes con el contemporáneo: parece que hay una «ley de la historia» según la cual el grupo que desempeña el papel principal en el avance de la civilización en un período determinado no será probablemente el que desempeñe igual papel en el período siguiente porque estará demasiado imbuido de las tradiciones, intereses e ideologías del anterior. Por eso, escribía el historiador inglés, «casi todos los profetas de la decadencia, de la pérdida de sentido de la historia y de la muerte del progreso pertenecen al sector del mundo y a la clase social que han desempeñado triunfalmente un papel predominante en el avance de la civilización». Pasar de protagonista a espectador es una faena ruin que les hace la historia y por eso no la pueden ver como un proceso con sentido o mínimamente razonable [pie_15]. Si aplicamos estas saludables cautelas relativistas a nuestro momento, podría suceder que las ideas del fin del progreso y de la muerte del futuro fueran excesivamente eurocéntricas y estuvieran lejos de ser válidas para otras sociedades del mundo.

La sensación de aceleración del tiempo es, sin lugar a dudas, una calificación correcta de lo que sucede en la sociedad moderna, en la que los cambios tecnológicos y sociales se suceden a increíble velocidad. Al fin y al cabo, es un hecho obvio que para la mente humana el tiempo es lo que hay entre dos movimientos, por lo que a mayor número de cambios mayor sensación de velocidad del tiempo. Pero no se trata de un fenómeno nuevo, sino de algo constatado hace casi un siglo por quienes observaban ya entonces que los individuos de las sociedades industriales flotaban a la deriva entre un pasado demasiado vacío para darles estabilidad y un presente demasiado heterogéneo y caótico como para proporcionarles un equilibrio o una dirección en sus ideas y emociones [pie_16]. Lo que sucede hoy, probablemente, no es sino la exacerbación de ese fenómeno bastante antiguo, consistente en que los cambios de todo tipo (sociales, técnicos, políticos) se producen y, sobre todo, son conocidos por los miembros de la sociedad a una velocidad superior a la de su normal asimilación pacífica por los individuos. Un fenómeno en el que pesa tanto el acontecer en sí de los cambios como la inmediatez y urgencia con que son presentados a la atención y consumo de las personas.

Pero también influye en la percepción del tiempo como acelerado, por otro lado, el hecho de que en las actuales sociedades europeas se ha abandonado la antigua cultura burguesa del aplazamiento de la satisfacción. Hoy el deseo no se satisface en el futuro, sino de inmediato. Por eso precisamente la relación del individuo con el presente tiene algo de predatorio. El presente es una inmensa reserva de la que extraer satisfacción inmediata. Es una postura que, curiosamente, incurre en el rasgo más característico del temperamento infantil: exigir la satisfacción inmediata del deseo. En cualquier caso, esta inmediatez crea en las sociedades actuales una especie de coalición política de los vivos cuyo nexo de conexión es la explotación del presente y el desplazamiento de los problemas que plantea a las generaciones futuras (sean los medioambientales o los del coste de mantener el nivel de gasto social mediante la deuda pública): lo que se ha llamado acertadamente la rapiña del futuro. En este sentido, convendría cuestionarse si lo que llamamos crisis del futuro, más que una crisis de su representación en el imaginario social, no es en realidad otro tipo de crisis, una de tipo más bien moral: el hundimiento del sentimiento de obligación de los vivientes actuales para con los futuros [pie_17]. Es esa obligación la que habría dejado de actuar como una exigencia moral en la sociedad actual.

En cualquier caso, las sociedades modernas parecen condenadas a vivir instaladas en la prisa, en una situación en la que parece que el futuro siempre llega prematuramente, lo cual genera desorientación e inadaptación. Los acontecimientos se suceden tan vertiginosamente que los intersticios temporales que hay entre ellos no son lo suficientemente amplios como para construir un sentido que los articule [pie_18]. Los intervalos temporales en los que las personas pueden confiar en una cierta permanencia de sus relaciones y expectativas se abrevian [pie_19].

LA REBELIÓN DEL TIEMPO CORTO

Cuando se aborda la cuestión del impacto del cambio del tiempo sobre la política, es importante recordar algo que se olvida con facilidad: que la política es, en sí misma, una de las formas más características para superar la inseguridad del tiempo, puesto que las instituciones por ella creadas fungen como hitos de estabilidad y predictibilidad del funcionamiento futuro de los demás y del mundo en derredor del ciudadano. La institucionalidad política es una instancia simbólica de generación de confianza mediante la creación y establecimiento de estructuras legales y burocráticas estables [pie_20]. Y dado que la confianza es la palanca esencial que posee el ser humano para superar las sensaciones de inseguridad y riesgo, la política cumple con una función de estabilización para el individuo afectado por la aceleración vertiginosa del presente. En este sentido, como observó annah Arendt [pie_21], es la política la que genera en el ser humano «la capacidad para disponer del futuro como si fuera presente» gracias a la enorme y en verdad milagrosa ampliación de la propia dimensión que supone el poder entendido como interacción conjunta de los hombres. Por tanto, en su dimensión puramente institucional, la política es un mecanismo de seguridad que contrarresta, en parte, la inseguridad causada por la aceleración del tiempo presente. La política crea islas de confianza en el mar proceloso del futuro.

En este sentido, podría afirmarse incluso que ha sido el tipo concreto de institucionalización liberal democrática de la sociedad el que ha hecho posible la aceleración del cambio dentro de ella. La institucionalidad política de las sociedades premodernas era tan simple y rígida que hacía muy difícil la absorción del impacto del cambio social, y por ello éste, cuando se producía, tendía a destruir las bases de la convivencia ya existentes. Las sociedades democráticas, por el contrario, están especialmente adaptadas en el terreno institucional para soportar un elevado grado de aceleración del cambio social sin mayor riesgo para su estabilidad. En cierto sentido, las democracias pueden estar instaladas en la duración con alguna garantía de supervivencia gracias a sus peculiares instituciones (las constituciones, los tribunales de garantías, el imperio de la ley, la administración burocrática, etcétera).

Pero, como es obvio, no es el institucional el único campo del que se ocupa la política. Aparte del campo institucional, la dimensión más inmediata y llamativa de la política es la que se refiere al acceso, conservación y ocupación del gobierno por las élites partidistas, así como a la producción de decisiones colectivas como respuestas adaptativas a los problemas actuales. O, lo que es lo mismo, junto a la función política como temporalidad de longue durée que cumplen las instituciones, está la política del temps court que protagoniza el gobierno de los representantes del pueblo. Y es en este tiempo corto donde la aceleración del presente tiende a provocar efectos muy visibles, como lo manifiestan las vagas pero unánimes quejas que se escuchan por doquier acerca del «presentismo» y el «cortoplacismo » de la acción de los gobiernos/oposiciones en los regímenes democráticos actuales. En este sentido, las democracias se habrían visto afectadas en su funcionamiento como sistemas de gobierno por la percepción ciudadana de una aceleración de los cambios sociales y por la eclosión continua de nuevos problemas asociados a esa aceleración. Sin haberse modificado apreciablemente el suelo institucional clásico de las democracias, por lo menos formalmente, éstas se habrían hecho menos reflexivas en su funcionamiento cotidiano, se habrían «acelerado» ellas mismas.

¿Cómo se manifiesta esta aceleración de la política democrática? Creo que, en primer lugar, se expresa bajo la forma de una especie de rebelión del tiempo corto de la política de gobierno contra sus aspectos institucionales de largo aliento. Veamos: el tiempo corto de la democracia se corresponde con el momento de la voluntad directa, ésa que se plasma en la transmisión del deseo concreto del pueblo a sus representantes, en cualquier momento o por lo menos en el corto plazo, mediante la decisión más votada o más preferida. Pues bien, la rebelión del tiempo corto es la que hace que, en nuestros tiempos, se cuestionen abiertamente las limitaciones o ataduras que las constituciones o las instituciones heredadas del pasado imponen a la voluntad de los ciudadanos actuales. La invocación de la voluntad de los representantes del pueblo vivo como algo de valor superior a la voluntad de quienes crearon en el pasado el edificio constitucional [pie_22] es un buen ejemplo de este cuestionamiento teórico del valor de las largas temporalidades de la democracia. ¿Por qué deben existir reglas institucionales, cotos vedados a las mayorías o, en general, todas esas limitaciones que unas generaciones ya muertas establecieron hace tiempo? ¿Por qué no admitir que en democracia no hay nada vedado a la decisión de la mayoría de aquí y ahora? Naturalmente que en la querella entre la constitucionalidad y la democracia está también envuelta la clásica disputa doctrinal entre la típica postura liberal/constitucional y la democrática radical, pero su activación actual puede verse como un síntoma de la convivencia conflictiva de los diversos tiempos de la democracia y, concretamente, de la rebelión del tiempo corto frente a la rigidez del tiempo largo que ha venido provocada por la percepción acelerada del presente. Es significativo en este sentido que en nuestro país (al margen de casos puntuales como el vasco, derivados de una dinámica particular) se esté produciendo dentro del progresismo una revalorización de la participación inmediata y del referéndum popular como medios de acción política tanto en la teoría como en la redacción de los modernos Estatutos de Autonomía. Es una opción por reforzar el momento de la voluntad inmediata.

Pero donde con mayor claridad se perciben los profundos efectos de la rebelión de la temporalidad inmediata contra el largo o medio plazo es en el ámbito de la ley ordinaria, es decir, de las normas supuestamente generales, abstractas y con vocación de permanencia que elaboran los parlamentos y que forman el contenido sustantivo del Estado de derecho. Ningún elemento de la arquitectura de éste ha experimentado mayor cambio en las sociedades actuales que el de la ley. De ser una norma general, abstracta y permanente que establecían con ponderación y reflexión los legisladores y codificadores hemos pasado, en un corto período de tiempo, a una tal inflación de leyes que resulta ya imposible determinar con precisión cuál es el derecho vigente. La legislación motorizada que ya señalaba C. Schmitt en 1946 [pie_23] se ha convertido hoy en hiperlegislación incontinente y turbopropulsada, precisamente por lo cual su vigencia o permanencia en el tiempo es limitadísima. Si nos atenemos a la realidad, y no a los textos doctrinales que siguen repitiendo afirmaciones periclitadas, hace tiempo que la ley dejó de ser una norma general y se convirtió en un mandato dictado para problemas y casos particulares: es una norma ocasional, contingente, explicable sólo en función de una situación contra la que reacciona. No es abstracta, sino muy concreta y práctica. Y, sobre todo, no es permanente sino volátil, pues muda a la misma velocidad con que el cambio social se produce. Y ello no es casual, sino que es un fenómeno directamente conectado con la aceleración del tiempo: legislar se ha convertido en la salida más fácil para unos políticos que buscan ante todo dar una imagen de hiperactivismo y capacidad de respuesta ante los problemas que se suceden sin fin. Los políticos intentan nada menos que sincronizarse con el presente y con sus exigencias. Pero no es posible sincronizar la política democrática con la percepción social de aceleración sin devaluar seriamente aquélla. En ese intento baldío, la producción del Derecho termina funcionando como un placebo social: se supone que aplaca la inseguridad de los ciudadanos. O por lo menos aplaca la de los políticos y de los medios de comunicación. Al final, en la democracia acelerada las leyes no son sino operaciones de propaganda para aplacar la ansiedad del pueblo.

Ahora bien, como ha mostrado convincentemente F. Laporta [pie_24], la ley no es en el fondo sino una institución social que busca reducir la incertidumbre, el azar y el riesgo del futuro mediante la creación de pautas de conducta intersubjetivas ampliamente aceptadas. De forma que gracias a ella se hace posible el ejercicio de la autonomía personal, porque permite al sujeto trazar un proyecto vital dentro de un futuro predecible por lo menos en algunos de sus riesgos. Pero su efectividad como reductor de incertidumbre depende, obviamente, de su permanencia y duración: la ley que cambia continuamente no puede cumplir esa función. Y eso es lo que está sucediendo en las democracias aceleradas, que la rebelión del tiempo inmediato contra el tiempo largo está aniquilando sus propios mecanismos de protección contra el riesgo. Cambiamos sin cesar las leyes porque percibimos de continuo espacios de inseguridad en el momento actual, pero al hacerlo no conseguimos sino incrementar más aún la inseguridad ante el futuro.

Hasta ahora, este fenómeno de hiperactividad legiferante había sido constatado o denunciado por quienes lo veían como una manifestación de la sobrecarga del sistema político del Estado de bienestar ante un exceso de demandas de los ciudadanos consumidores de prestaciones [pie_25]. Quizás sea más correcto, aunque no excluyente, contemplarlo como una consecuencia de la aceleración de la política ante el cambio social vertiginoso.

GOBERNACIÓN ACELERADA: LA TENTACIÓN DE DEMOCRACIA INSTANTÁNEA

En lo que se refiere al otro plano de la política, el del gobierno, interesa examinar en qué forma la aceleración del tiempo y sus consecuencias sociales de inseguridad, sensación de riesgo y desconfianza del futuro están actuando sobre la política de los gobiernos democráticos en el tiempo inmediato. Cómo la aceleración se transmite desde la sociedad a sus representantes y qué efectos produce.

Lo primero que llama la atención en este aspecto es el hecho cierto de que la aceleración del tiempo social no ha provocado un acortamiento de la frecuencia de los momentos electorales en que se transmiten los deseos de los ciudadanos a sus representantes. No ha habido modificación apreciable de los plazos electorales en ningún sistema político, lo cual podría a primera vista parecer contradictorio con la idea misma de aceleración del sistema político de gobierno. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Y no lo son, en primer lugar, porque la forma en que influye el voto popular en el comportamiento de los representantes es ciertamente peculiar en su desarrollo temporal. En efecto, esta influencia no se ejerce tanto en el momento y a través de las elecciones mismas como por la vía del juicio anticipado que los representantes se hacen respecto a ellas. Los políticos actúan descontando por anticipado el veredicto futuro que merecerán sus políticas en las urnas [pie_26]. De forma que cuando esa anticipación deja de ser un análisis reflexivo y se convierte en una experiencia cotidiana prácticamente permanente («si mañana se celebraran elecciones…»), tal como sucede hoy, la transmisión de la voluntad de los electores a los representantes es cuasi inmediata. Vivimos tiempos de elecciones continuas.

Pero es que, además, el voto no es el único canal de transmisión de la voluntad del representado al representante. Ni siquiera es el más importante. Como ha mostrado convincentemente P. Rosanvallon [pie_27], en las democracias actuales y junto a los cauces institucionales coexisten una serie de medios (los contrapoderes democráticos) a través de los cuales el pueblo hace llegar efectivamente al gobierno su opinión y voluntad, aunque sea en forma fundamentalmente impeditiva o prohibitiva. Pues junto al poder de hacer (elegir), existe el poder de vetar, de prohibir (impedir): este poder negativo o contrapoder del pueblo se ejercita hoy a través de la opinión pública. En este sentido, el hecho de que los medios pongan de manifiesto de forma constante e inmediata la opinión del público sobre los problemas y las políticas a través de encuestas y sondeos supone el ejercicio no menos constante de un poder de orientación y prohibición sobre los representantes: el gobernante conoce «en tiempo real» la opinión pública y se esfuerza desesperadamente por no contrariarla. No es trascendente, para nuestros efectos, el grado de fiabilidad que posea esa presentación de la opinión (bastante bajo, como todos los estudios sobre la fiabilidad de las encuestas y sondeos ponen de manifiesto), sino el impacto que genera en todo caso sobre la forma de gobernar en las actuales democracias: una forma que se aproxima mucho a lo que podría ser una ilusoria democracia instantánea: es decir, gobernar siguiendo en tiempo real la voluntad conocida del pueblo. Resulta así curioso e irónico constatar que, de alguna forma, y gracias a la aceleración del tiempo, habríamos llegado a la posibilidad de unos gobernantes con reactividad inmediata a la voluntad del pueblo. No se trata sólo, ni principalmente, de la tan cacareada ciberdemocracia (en la que pocos creen ya), sino de la posibilidad, tantas veces perseguida en la historia y siempre fracasada, de conseguir una comunicación real, directa e inmediata de la voluntad del pueblo al gobierno.

Naturalmente que se trata de una ilusión imposible, alimentada en el fondo por la siempre actuante utopía de la democracia directa. Lo que sucede es que, ahora, el mito que se evoca no es tanto el de un pueblo tomando directamente las decisiones (el mito ateniense), ni el mito de un pueblo que sujeta a sus representantes a su voluntad mediante la institución de mandatos imperativos, cortos y revocables (el mito comunal), sino que sería un nuevo mito, el de la inmediatez temporal: gracias a los instrumentos técnicos disponibles y a la actuación de los medios la voluntad del pueblo llegaría rauda al conocimiento de los gobernantes y podría hacerse presente siempre en sus decisiones. Ni que decir tiene que es un mito incumplido porque, lamentablemente, lo que llega por ese cauce y de esa forma instantánea no es una auténtica voluntad (menos aún «del pueblo»), sino como sentenció hace ya siglos Ernest Renan lo que llega es, en el mejor de los casos, «el capricho del momento» [pie_28]. En definitiva, lo que llega por estos medios son los humores, temores, miedos y demás sensaciones poco reflexionadas que inspira la experiencia de un cambio social acelerado. Además, lo que así llega es casi siempre pura negatividad: lo que los políticos no deben hacer ante un problema. Casi nunca orientación, sino prohibición.

Ahora bien, aunque ésta de una democracia instantánea sea una pura ilusión, engañosa e irrealizable, lo cierto es que la publicitación inmediata de los humores sociales influye realmente en la conducta del gobernante o representante. Le obliga a una forma de gestión de lo público en la que la opinión marca los límites de lo factible, en la que su supervivencia mediática viene determinada por su capacidad de leer correctamente esa opinión y adaptarse a los límites que señala. Una forma de gobernar en que el político sigue a lo que percibe como opinión del público, en lugar de intentar arrastrarla tras de sí. Una gestión cortoplacista puesto que sólo busca producir reacciones inmediatas de contento en una percepción social muy movible y poco ilustrada. «La acción pública se transforma en reacción pública» [pie_29].

Además, hay otra consecuencia relevante de la transmisión inmediata de la opinión popular en las sociedades aceleradas: la fragmentación del espacio público. Lo que llega a los medios y a los gobiernos a través de los contrapoderes de la opinión son casi siempre posiciones sectoriales o de grupos. Son opiniones de los conjuntos inconexos y casuales de los ciudadanos que se sienten afectados por un determinado hecho, cambio o catástrofe. Y es que la sociedad ha dejado de dividirse en grandes clases homogéneas y se presenta cada vez más como la suma de muchas minorías de afectados o perjudicados, de composición fluida e inestable. No hay una mayoría social (una «generalidad »), sino un conjunto de minorías diversas, borrosas y fluctuantes  muchas «particularidades»), cuyas voces y peticiones son lo que reciben los gobiernos en forma de demandas/temores inconexas y contradictorias, imposibles de agrupar en un proyecto político razonablemente común. Esta fragmentación del espacio público común como consecuencia de la aceleración de la dinámica del cambio en las sociedades industriales fue ya diagnosticada por J. Dewey [pie_30], que señaló que ante la aceleración del cambio «cada uno se pone a multiplicar el número de pequeños espacios públicos». De ahí que la democracia acelerada se parezca a un sistema de gobierno muy reactivo que va poniendo parches en conflictos puntuales sin tener tiempo para pararse a construir un modelo coherente de política global. Es la desestructuración del espacio común de la política y su sustitución por una serie de listas de damnificados o protestantes a los que cuidar.

A esta propensión hacia la conversión de la política en una atención particularizada a los grupos de damnificados por el cambio se añade el tipo de política de la proximidad que se ha impuesto en las actuales democracias. Lo que se valora del político en ellas no es tanto su propuesta política global (futura) como el que sea sensible a los problemas cotidianos de sus conciudadanos, que se muestre empático, que actúe con «care» (siempre que sea capaz de hacer creíble la sinceridad de su preocupación). De forma que las cualidades de la proximidad (sin duda positivas en principio para las buenas praxis democráticas) pueden producir una realimentación de la aceleración. Y al final, la instantaneidad y la proximidad del gobernante pueden llegar a generar efectos impolíticos, es decir, contrarios a la buena democracia. Porque ésta reclama también reflexión y lejanía; tanto como imparcialidad y generalidad. El efecto de una atención excesiva a lo inmediato no es sólo la pérdida de la necesaria separación entre gobernante y gobernado, sino, sobre todo, el daño irreparable que se causa a otros valores esenciales del sistema democrático, como la imparcialidad de las instituciones y la neutralidad de las políticas. Y es que, inevitablemente, la política de la proximidad al damnificado (a la «víctima») genera medidas de compensación que son forzosamente selectivas y, por ello, discriminadoras e inequitativas. Aunque sólo sea porque la definición de quién es (o no es) víctima depende grandemente de los medios y de la capacidad de llamar la atención del grupo correspondiente. En pocas ocasiones es tan verdad lo de «esse est percipi» como en este caso: ser víctima es ser percibido como tal. En nuestro país tenemos ejemplos sobrados de ello.

Como vemos, el input de aceleración política que estamos describiendo provoca unos efectos determinados en el sistema democrático y, más concretamente, en la forma que adopta la gobernación pública. Atención obsesiva a una opinión pública omnipresente, desestructuración del espacio público, conversión de la generalidad en múltiples minorías, proximidad como valor relevante. Lo que en realidad sucede es que la política intenta sincronizarse con un ritmo social frenético, en lugar de intentar encauzarlo [pie_31].

Pero es que, además, los gobernantes experimentan ellos también la misma sensación de inseguridad y riesgo que el resto de la sociedad. Lo que sucede es que, como hasta cierto punto es lógico, la traducen a sus propios parámetros de actuación desde la perspectiva de sus particulares intereses. En concreto, el político gobernante que no posee ya un proyecto global que le oriente ante situaciones rápidamente cambiantes, por un lado, y que por otro es consciente de que el juicio de la opinión pública está siempre acechando su fracaso, adopta una forma peculiar de hacer política. Ante una situación tan borrosa y peligrosa, el gobernante cree controlar el riesgo practicando un tipo de política que pudiéramos definir como política defensiva, si entendemos este apelativo en la misma manera en que se emplea para caracterizar la práctica profesional médica actual. Es decir, tiende a sobrevalorar la necesidad de protección ante futuras demandas de responsabilidad por los fracasos, muy por encima de la eficacia y el juicio profesional del propio interviniente: se actúa ya ahora protegiéndose del después, lo cual no colabora desde luego a lograr una buena práctica, ahogada como queda por un mar de cautelas y precauciones. La política proactiva queda excluida, pues no parece existir manera de acrecentar el bienestar social de año en año, lo que queda es compensar a los más damnificados por el cambio. La política del Estado de bienestar ante un cambio técnico, social y económico acelerado prefiere esperar a que los hechos la constriñan a actuar, de manera que se convierte en una práctica adaptativa y tardía a las consecuencias indeseadas del cambio [pie_32]. La política alardea, eso sí, de tener como valores supremos el cambio y la movilidad (el de inmovilista es hoy el insulto supremo, equivalente al antiguo de reaccionario o troglodita); pero es un cambio ciego que se limita a seguir dócilmente las exigencias de la contingencia.

La tan denunciada ausencia de liderazgo en las democracias actuales, o por lo menos su declive general, tiene aquí una explicación sistémica. En efecto, más allá del azar biológico y de la circunstancia cultural que hace surgir o no grandes personalidades en cada momento, lo que sucede es que el liderazgo se ha vuelto contradictorio con los requerimientos de una democracia acelerada: la política reactiva, defensiva, seguidista de la opinión, temerosa del juicio futuro, es todo lo contrario de una política de liderazgo fuerte. Es más, la imagen de los políticos como bomberos que siempre llegan tarde y mal a los incendios genera una desconfianza y desconsideración hacia la clase política, a la que se percibe por amplios sectores sociales como incompetente y autista. Lo que se traduce en un difuso populismo que se distingue de los clásicos populismos del pasado porque no reclama ni piensa en líderes carismáticos. El populismo que se está instalando en nuestras democracias tiende a abominar de la política y de los políticos, no a reclamar hombres o gobiernos fuertes que lo guíen. Es un círculo vicioso que retroalimenta la tendencia a una mala democracia: y es que el liderazgo en las sociedades actuales consistiría, fundamentalmente, en la capacidad de dar malas noticias al público, mientras que lo que contemplamos son gestores de lo público que huyen como de la peste de tal papel.

Y EL PASADO NOS INVADE

El presente es puro y mero ser, experiencia en crudo, un tiempo que no produce sentido, sino que requiere de otros tiempos para ello [pie_33]. Si el futuro no lo proporciona, no queda otro remedio que explotar el filón del pasado. De ahí que en los medios de comunicación y en la atención pública se esté produciendo un permanente retorno al pasado y éste se constituya cada vez más acusadamente como algo que no es un pasado- pasado de verdad, sino como una modalidad levemente anacrónica del presente, un espacio en el que se libran las batallas ideológicas que el futuro no parece ya capaz de soportar. El pasado inunda el presente, o se resiste a abandonarlo, lo coloniza en todo caso.

En esta revalorización del pasado como tiempo con sentido y como territorio en el que habitar políticamente es donde cobran pleno sentido las «políticas de la memoria» o de «construcción del pasado histórico» a las que asistimos un poco extrañados: nos asombra, efectivamente, que se preste tanta atención a un tiempo irremediablemente ido, a unos hechos ya sucedidos. Y sin embargo, esta atención es plenamente lógica cuando ese tiempo ido es la única parte del tiempo que conserva suficiente fijeza como para sostener relatos individuales y colectivos que apuntalen la existencia fugaz de las personas dentro de nuestras sociedades.

Es también este marco general el que explica en parte el auge contemporáneo del nacionalismo, del comunitarismo y demás movimientos que potencian la construcción del yo político como una elaboración colectiva. Porque esa elaboración es colectiva, sí, pero también es histórica; y por eso algunos rasgos del comunitarismo han sido definidos, acertadamente, como una versión actualizada del conservadurismo [pie_34]. Se trata en todo caso de doctrinas y movimientos que suministran al ser humano ese autorrelato y esa autocomprensión estables que el presente y el futuro son incapaces de darle. No se trata, o por lo menos no se trata sólo, del calor comunitario o colectivo que las construcciones imaginadas de nacionalistas o etnicistas proporcionan al individuo aislado de nuestras sociedades. Se trata así mismo de que le proporcionan arraigo temporal en un mundo acelerado, le suministran confianza y seguridad ante una realidad en cambio constante. El nacionalismo es una doctrina política moderna, que no encontraremos en las sociedades tradicionales anteriores a las revoluciones burguesas y al advenimiento del industrialismo. Ello tiene que ver, desde luego, con cuestiones referentes a la necesidad de homogeneización de los Estados decimonónicos y de referentes de legitimación para el poder político burgués liberal. Pero también tiene mucho que ver, qué duda cabe, con la inseguridad provocada en las nuevas sociedades industriales y postindustriales por la percepción del tiempo como un presente huidizo [pie_35]. A este respecto, el caso del nacionalismo vasco es paradigmático pues nació precisamente como fruto directo de la aceleración del cambio en la Vizcaya finisecular del XIX y encarnó la resistencia de sectores pequeño-burgueses tradicionales a aceptar ese cambio, así como su intención ingenua de proteger contra el tiempo a la sociedad tradicional vasca.

La ideología del progreso (sea la marxista, liberal o anarquista) fue el principal contrincante que el nacionalismo encontró para su propagación, precisamente porque era algo así como otra cantera de provisión de sentido para la realidad que vivían los seres humanos: la que se basaba en el futuro. Cuando tal ideología ha perdido fuerza, sobre todo en el reino de los intelectuales, se ha producido un correlativo avance de las ideologías que miran al pasado a ese efecto. Es por ello que la política moderna tiene que ver, cada vez más, con la cuestión del qué somos que con la de qué hacemos. Ante la inseguridad de qué hacer se recurre al solipsismo del qué ser. Pero, de nuevo, esta vía no resuelve la inseguridad real ante el futuro sino a costa de desvirtuar la verdadera política. En efecto, la identidad construida en la historia no sirve de ancla contra el cambio a no ser que sea sometida a un proceso constante de recreación y magnificación, lo que provoca una enorme pérdida de atención en la sociedad afectada (por no mencionar el efecto de exclusión o segmentación social que inevitablemente causa en sociedades muy heterogéneas). De manera que el recurso a la identificación comunitaria se vuelve una especie de droga que crea adicción: cuanto más nos refugiemos en ella, con más fuerza la precisamos.

Ahora bien, dejando de lado este caso, puede señalarse con carácter general que tanto la lucha ideológica entre diversas opciones políticas como la lucha partidista por la ocupación y conservación del gobierno en gran parte tienen lugar hoy en el pasado. Lo cual, en su sentido literal, sería evidentemente imposible, pues no podemos volver al pasado; pero sí podemos traer el pasado a nosotros y hacerlo revivir de continuo. Y esto es lo que hacemos, o por lo menos lo que hacen las fuerzas políticas en liza: hacer memoria. Consecuencia inmediata: la memoria y el olvido dejan de ser una facultad de uso individual con la que se almacenan y se reconstruyen experiencias pasadas, y pasan a ser una construcción colectiva y, sobre todo, una construcción organizada desde los poderes políticos. Al individuo se le expropia su memoria y el poder social se declara legitimado para establecer qué y cómo debe recordarse u olvidarse. Esto es algo que, hasta cierto punto, siempre ha existido: el poder siempre ha organizado el pasado como un proceso teleológico que llevaba necesariamente a su justificación y a su glorificación como tal poder. Pero la intensidad con que hoy en día se puede realizar, y de hecho se realiza, esta reconstrucción del pasado no tiene parangón con ningún momento anterior de la humanidad. Por eso asistimos atónitos a fenómenos de suplantación masiva de nuestro propio recuerdo por memorias colectiva y burocráticamente reelaboradas.

Se ha llegado, incluso, a legislar sobre el pasado, una actividad en principio incoherente consigo misma. Si la ley es por definición la ordenación de conductas futuras, ¿cómo podría legislarse sobre el pasado? Pues se puede, y la cuestión es plenamente coherente: no se legisla tanto sobre el pasado como sobre la memoria de ese pasado, y ésa sí es una cuestión actual y futura: se legisla para establecer cómo en el futuro deberá comprenderse el pasado, qué deberá conservarse de él y cómo deberá ser leído e interpretado.

Se llega a establecer que la negación de determinados hechos históricos (el Holocausto, determinados genocidios, etc.) constituye un delito sancionable, con lo que se viene a afirmar, más allá del caso concreto, que el poder democrático posee legitimidad como para establecer una versión canónica del pasado que debe respetarse por los ciudadanos, por lo menos cuando se manifiestan en público. Se trata de una afirmación que entra en contradicción con derechos básicos de las personas como la libertad de conciencia y de identidad y que, sobre todo, no se sabe muy bien hasta dónde puede llevar en su desarrollo. En cualquier caso, sucede que el poder se arroga una nueva competencia: la de implantar en las conciencias individuales una concreta versión del pasado. Resuenan en ello, aunque sea irónico, las palabras del déspota Fernando VII cuando mandaba borrar el recuerdo mismo de los hechos en torno a la Constitución de 1812, «como si nunca hubieran tenido lugar en el tiempo». Hoy en día el mandato es un poco el contrario («mantener unos hechos sin borrarlos del pasado»), pero desde luego parecidamente totalitario.

¿Y CÓMO RALENTIZAR LA DEMOCRACIA?

La cuestión no es fácil, puesto que la aceleración misma es una respuesta del sistema político a constricciones externas, una respuesta inadecuada, cierto, pero que se produce por la intervención de factores imposibles de controlar. No puede esperarse razonablemente que la sociedad modifique sus percepciones o angustias ante el cambio acelerado, ni que éste vaya a dejar de producirse. Ni que los medios no sigan profundizando en su construcción de una democracia de audiencia, al mismo tiempo que los políticos corren tras una sincronización imposible entre problemas y soluciones.

Más bien parece que las soluciones, parciales y provisionales, sólo pueden venir de la introducción o reforzamiento de los elementos retardatarios que todo sistema democrático incorpora. Tales elementos no son sino las instituciones reflexivas [pie_36], es decir, aquellas instituciones excéntricas al proceso de toma de decisiones cuya función es precisamente la de incorporar a éste reflexión experta y deliberación mediada por la competencia técnica y la imparcialidad. Estas instituciones, que van desde los consejos reguladores, asesores o de regulación técnica en ámbitos concretos y sectoriales hasta los organismos de representación de intereses económicos y sociales, incluidos desde luego los tribunales constitucionales, desempeñan una función reflexiva y deliberativa que es esencial en todo sistema democrático, por mucho que en ocasiones susciten la crítica de quienes privilegian la pura expresión de la voluntad popular. Incorporan al proceso ese momento de reflexión (boulesis) y depuración de opiniones que es tan relevante para la buena práctica democrática como el respeto al momento de la voluntad.  Pues bien, las instituciones de la reflexión deberían actuar no sólo como instancias de deliberación, sino también como instrumentos provocadores del retraso o ralentización del proceso político, de forma que permitieran escapar al punto ciego de la sincronía imposible entre el cambio social y la decisión política.

Parece en este sentido que las voces que últimamente reclaman, una vez más en la historia, la participación ciudadana en el proceso político, la deliberación pública, los procesos consultivos referendatarios y similares instrumentos de «más democracia», todas ellas debieran ser redirigidas hacia la zona del sistema más institucional y menos directa. La participación directa de los ciudadanos en el proceso, el referéndum popular o los procesos de toma de decisiones colectivas, no harían sino incrementar los defectos del sistema, es decir, exponer más aún el proceso político a la aceleración que aquí se constata y denuncia. Y debe buscarse lo contrario. Por ello, sin mengua de aprovechar lo que estas peticiones poseen de valioso, deberían orientarse hacia la formación de instituciones en las que la participación ciudadana o la deliberación de problemas funcionaran como instancias de ralentización. Porque al igual que la mejora de la democracia mediocre que tenemos no exige «decidir más gente más cosas», sino «decidir mejor», la corrección de los defectos de ritmo temporal no exige que se incorporen más corredores al sistema, sino que se construyan más y mejores esclusas o represas institucionales para ralentizar un ritmo de fluencia tan acelerado que está dañando nuestras democracias. En este sentido, la demanda de participación ciudadana estará mejor orientada si se canaliza hacia instituciones del tipo de «jurados», «minipopuli», «academias», «foros de reflexión» y similares que si se intenta llevar a cabo a través de procesos de puesta a votación directa de temas sensibles.

Y, sin embargo, no se puede ser optimista en este punto: muchas de las instituciones reflexivas y ralentizadoras que ya existen en el sistema democrático están siendo progresivamente inhabilitadas para cumplir con su función como consecuencia de un proceso perverso de excesiva exposición a lo político inmediato. La selección de los miembros de este tipo de instituciones por los gobiernos o parlamentos está siendo progresivamente transformada en un puro reparto de cuotas, y está desapareciendo la independencia e imparcialidad de sus miembros, cada vez más sujetos a obediencia partidista. Lo cual es tanto como decir que están desapareciendo sus valores justificativos: la competencia, la reflexión y la imparcialidad. Y al mismo tiempo desaparece con ellos su capacidad para aislarse del tiempo corto del proceso político y servir de freno eficaz a su aceleración.