El Referéndum sobre la

Autor: Xavier Pedrol y Gerardo Pisarello

Revista: El Viejo Topo nº 198

p>En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, más de la mitad de los llamados a votar optaron por no acudir a las urnas. Ni la festejada incorporación de diez países del Este a la Unión –en algunos de ellos los índices de participación no alcanzaron el 20 por ciento– ni el horizonte de un acuerdo en torno a una «Constitución» para Europa, lograron revertir la desafección ciudadana que, ya de manera crónica, acompaña al proceso de integración.

Contra lo que exigía una crisis de estas dimensiones, la reacción de las clases dirigentes europeas osciló entre la moderadísima autocrítica y la inmutabilidad. Como si el asunto no fuera con ellos, la mayoría se limitó a amonestar a la ciudadanía por su “incomprensible pasotismo”. Otros, como el actual presidente del grupo socialista en el Parlamento europeo, Enrique Barón, llegaron incluso a defender la idea de que la abstención debía ser vista como un índice de democratización. «Sólo las dictaduras –interpretó Barón– superan el 99,99% en sus comicios». Y para apuntalar su tesis, citó el ejemplo de los Estados Unidos.

Partiendo de este diagnóstico, el paso obligado era redoblar la apuesta. Es decir, la huida hacia delante. «La mejor manera de devolver la ilusión a la ciudadanía –declaró a los pocos días el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos– sería aprobar la Constitución». Sus plegarias fueron escuchadas. El 18 de junio, la Conferencia Intergubernamental reunida en Irlanda adoptó, con ligeras modificaciones, el Tratado constitucional que, ya en su versión definitiva, se firmará el 29 de octubre, en Roma. A partir de entonces, los países miembros tendrán dos años para la ratificación.

Decidido a situarse en la primera línea de los defensores del Proyecto, el gobierno español ha anunciado la celebración de un referéndum consultivo para el mes de febrero de 2005. Eso quiere decir que durante los próximos meses el debate sobre la Constitución europea volverá a planear sobre la arena política. Esta vez, con el auspicio institucional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La aceleración de los tiempos y la presentación del “desbloqueo” del Tratado constitucional como un avance europeísta no deberían, sin embargo, ocultar la persistencia del escenario de fondo. Lejos de debilitarse, los argumentos para oponerse al actual Proyecto de Constitución se han reforzado. Frente a lo que se insiste en presentar como “un salto adelante” o como “el único camino posible”, la izquierda transformadora, social y política, se sitúa, más que nunca, ante el desafío de defender una Europa alternativa. Razones no le faltarán.

El proceso “constituyente” y la buena cosecha de la derecha

Para comenzar, es evidente que quien más ha ganado con el actual rumbo de la Unión es, desde un punto de vista político, la derecha europea. Su papel en la Convención encargada de redactar el Proyecto inicial de Constitución fue hegemónico. A instancias de Jacques Chirac, consiguió de entrada que la presidencia de la misma recayera en Valéry Giscard d’Estaing, una estrella en decadencia del conservadurismo francés, que sin embargo podía exhibir en su currículum un incondicional apoyo al Tratado de Maastricht y a sus restrictivas políticas de convergencia. A partir de allí, los conservadores se aseguraron un férreo control en el proceso de elaboración del Proyecto así como el mantenimiento, casi inalterado, del núcleo neoliberal y tecnocrático incrustado en el ordenamiento comunitario hoy vigente. La mayoría de las enmiendas planteadas por los sectores más avanzados de la socialdemocracia, los verdes y los convencionales de la izquierda unitaria europea, fueron desechadas. Y la participación de movimientos sociales y ciudadanos se vio reducida a la mínima expresión.

Es verdad que algunos de los líderes de la derecha hubieran querido ir más lejos en cuestiones tales como el reconocimiento de las raíces cristianas de Europa. Pero en lo referente al modelo social y económico, a la política de defensa o a la organización institucional del poder, las renuncias de la derecha han sido marginales, por no decir inexistentes. El Proyecto de marras mantiene y consolida, en una Europa ampliada, el modelo pergeñado en Maastricht, Ámsterdam y Niza. Y le añade el enorme valor simbólico que supone revestirlo de un envoltorio “constitucional”.

Por eso, el efímero flirteo de José María Aznar con el “no” a la Constitución, esgrimiendo el desfavorable reparto de votos en el Consejo para España, no ha resultado creíble ni para los propios miembros de su Partido, que pronto lo mandaron callar. Y es que dejando de lado este pataleo patriótico pour la galerie , el Partido Popular tiene más de una razón de peso para suscribir los puntos sustanciales que delimitan el “techo ideológico” del Proyecto actual. Una de ellas, nada menor, es la garantía de la integridad de las fronteras, una cuestión en la que el propio Aznar empeñó su autoridad como jefe de gobierno, con el propósito de bloquear todo posible reconocimiento del derecho a la autodeterminación y, más en general, de la realidad plurinacional del Estado.

En rigor, los principales líderes de la derecha –de Chirac a Berlusconi– bien podrían atribuirse, si no la paternidad, al menos una influencia determinante en el contenido del actual Proyecto de Constitución. Esta hegemonía conservadora no ha hecho sino consolidarse en los últimos meses, con la inestimable complicidad de los partidos socialistas europeos –comenzando por el español. Así, y a pesar del creciente desprestigio de Aznar y de George Bush, la derecha ha conseguido que la presidencia de la Comisión (el “ejecutivo” de la Unión) se confíe al ultraliberal portugués José Durao Barroso, anfitrión de la Cumbre de las Azores en la que el presidente estadounidense y el entonces jefe de gobierno español pactaron, junto a Tony Blair, la invasión de Iraq. Ya en sus primeras declaraciones al frente de la Comisión, el propio Barroso se encargó de despejar toda duda acerca de sus afinidades. Defendió el atlantismo como una concepción de la que se debía “estar orgulloso”, descalificó las posiciones de quienes reivindican el reconocimiento de los derechos de los pueblos y minorías nacionales como “ilusiones federalistas” que niegan la realidad estatal de Europa y anunció que el eje de trabajo principal del ejecutivo comunitario sería emprender la liberalización económica exigida por la Estrategia de Lisboa.

Otro de los logros del Grupo Popular ha sido el reparto de cargos con el que consiguió tentar a los socialdemócratas, cuando todo parecía augurar un acuerdo para la presidencia del Parlamento Europeo entre verdes, socialistas y centristas en torno a una candidatura de centro-izquierda (la fórmula “Rocard-Gemerek”). En virtud del pacto alcanzado entre conservadores y socialistas, Josep Borrell, poco conocido en asuntos europeos, presidirá la Cámara hasta el año 2007, con el compromiso de ceder su lugar en esa fecha al líder de la derecha alemana, Hans-Gert Poettering.

La posición de la socialdemocracia: entre el posibilismo y la resignación

Si se parte de este diagnóstico, la posición de los partidos socialdemócratas a favor de esta “Constitución” sólo puede entenderse, más allá de algunas posiciones personales, como un resignado ejercicio de deserción política. En realidad, la “huella socialista” en la Constitución no se ha traducido en una Europa ni más social, ni más democrática ni más europea de la que había hasta ahora. Los más comprometidos con esos objetivos –como los socialistas franceses– apenas han podido hacer sentir su influencia. Y los más influyentes –como los laboristas británicos– han orientado toda su capacidad de presión hacia el bloqueo sistemático de cualquier avance en la dirección de una Europa más social, federal y democrática.

Por eso la estrategia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de erigirse en el auténtico artífice de una Constitución que el ejecutivo de Aznar habría bloqueado con su falta de tacto en materia de política exterior, carece de bases sólidas. El intento de identificar el acercamiento al eje franco-alemán con una apuesta convencida por una Europa social autónoma y pacífica frente a los Estados Unidos no es de recibo a estas alturas. Más allá de las divergencias geoestratégicas puestas de manifiesto con la guerra de Iraq, los partidos socialdemócratas –incluidos los continentales– han sido dóciles impulsores de la “americanización” social y política de Europa. De hecho, su oposición a la política exterior y al modelo económico estadounidense ha sido más retórica que real. Basta pensar en su papel durante la aprobación del Tratado de Ámsterdam, cuando gobernaban la mayoría de los países de la Unión y, sin embargo, las políticas neoliberales se afianzaron y el giro social fue casi imperceptible. O a lo largo del actual “proceso constituyente”, donde su actuación ha estado siempre más cercana a la resignación que a la rebeldía.

Muchos socialistas defensores del “sí” justifican su posición afirmando que esta Constitución representa –con todos sus límites– un claro “paso adelante” respecto del vigente Tratado de Niza. En ese sentido –sostienen– la Constitución podría servir como catalizador para propiciar el surgimiento de una Europa política y social. Pero la cantinela es antigua, y el argumento ha sido cuestionado incluso por quienes, diez años atrás, defendieron una tesis similar a propósito del Tratado de Maastricht: «aceptemos los criterios de convergencia monetaristas que la Unión política y social vendrá por añadidura». Consciente del agotamiento de esa perspectiva funcionalista, durante las últimas elecciones el propio Jacques Delors, uno de sus defensores más conspicuos, reclamó de manera infructuosa junto a otras personalidades políticas y sindicales francesas la incorporación al Proyecto de un “verdadero” capítulo social que reemplazara el núcleo duro neoliberal incorporado de manera furtiva en la Parte III tras la Cumbre de Salónica de 2003.

Por otro lado, es inevitable recordar que el blindaje de la Unión neoliberal y monetarista en la Parte III no se explicaría sin la participación de otro partido socialdemócrata, el laborista británico, que llegó a cuestionar el propio Proyecto salido de la Convención presidida por Giscard por su carácter excesivamente social y federalista. En efecto, ha sido la persistente presión de Blair, secundada por la mayoría de sus pares, la que explica las reformas a la baja y las excepciones a los principios generales (las famosas “líneas rojas” y los “frenos de emergencia” en cuestiones sociales o migratorias) introducidas en la versión del Proyecto de Constitución adoptada en la Cumbre irlandesa de junio.

Es verdad que muchas de estas cuestiones han encontrado resueltos elementos de resistencia dentro de los propios partidos de la Internacional Socialista. La rebelión de las juventudes del Partido Socialdemócrata sueco exigiendo la celebración de un referéndum a nivel estatal, la decisión de François Hollande de convocar una consulta interna sobre el tema dentro del PS francés, o el sorpresivo anuncio del presidente del SPD alemán, Franz Müntefering, admitiendo la voluntad del gobierno de impulsar una reforma constitucional para incorporar la figura del referéndum y las iniciativas legislativas populares, deben entenderse, precisamente, como un reflejo del clima de malestar que en las propias bases de estas formaciones genera el Proyecto de Constitución.

Lo cierto, sin embargo, es que desde el inicio de los trabajos de la Convención hasta hoy, las diferencias de fondo entre la derecha conservadora y la dirigencia socialdemócrata se han ido difuminando de modo progresivo. Los partidos socialistas querían una Europa más democrática, pero han acabado por aceptar un diseño institucional en el que los órganos que deciden carecen de controles, mientras que los más representativos apenas deciden. Aseguraban aspirar a una Europa más social, pero la mayoría de sus dirigentes ha terminado por otorgar su apoyo –reticente, sí, pero apoyo al fin– a la Constitución más neoliberal que se haya aprobado desde la Segunda Guerra Mundial. Un texto que constitucionaliza la independencia absoluta del Banco Central y su papel como guardián de las políticas monetaristas de la Unión; que conserva los preceptos que han permitido desmantelar los servicios públicos; que mantiene un “estúpido” Pacto de Estabilidad (Romano Prodi dixit ) que ni Francia ni Alemania son capaces de cumplir, y que el Tribunal Europeo de Justicia, como demuestra en el fondo su última sentencia sobre el asunto, no ha conseguido asegurar.

Los partidos socialdemócratas querían una Europa que defendiera la diversidad, pero poco han hecho para que los pueblos y las minorías nacionales y culturales tengan un reconocimiento adecuado de sus intereses. Querían una Europa que fuera un espacio de paz, pero han sido incapaces de defender la renuncia a la guerra como instrumento de actuación de la Unión. Es más, han consentido la incorporación a la Constitución “del respeto a los compromisos adquiridos con la OTAN” y hasta de una Agencia Europea de Armamentos dirigida a potenciar la industria armamentística. Y han terminado por asumir –como revela el llamado Info rme Solana– buena parte de la histeria anti-terrorista, militarista y liberticida que sostienen los partidos de la derecha.

¿Qué han logrado, pues, frente a los defensores de las políticas neoliberales, productivistas y militaristas? ¿En qué ha quedado la armonización social y fiscal? ¿Y el aumento de recursos europeos para políticas de cohesión? ¿Y el control de los capitales especulativos? ¿Y la tan mentada cláusula de no-regresión social? ¿Con qué gafas detectar la delgada “huella socialista” en la Constitución?

Las vacilaciones de los Verdes y de la izquierda no socialdemócrata

Esta posición resignada de los partidos socialdemócratas, a la que se han sumado incluso algunos de los sindicatos más grandes, ha acabado por arrastrar consigo a los defensores más lúcidos del “sí crítico”. Es decir, a aquellos que, con una trayectoria sin duda más discrepante en diferentes frentes, han visto en el actual proceso constituyente una oportunidad para introducir una grieta en la Europa neoliberal sin ceder a la tentación reaccionaria del repliegue estatalista. Es el caso de la mayoría de los Verdes e incluso de algunos sectores de izquierda no socialdemócrata. Conscientes del contexto internacional, de la hegemonía de la derecha y de los límites de unos partidos socialistas que después de todo están amordazados por su responsabilidad en la gestación de los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, han defendido el texto de la Convención como un escenario superador de algunos de los bloqueos presentes en el Tratado de Niza. Un texto cuyas luces podrían aprovecharse y de cuyas sombras podría huirse en el futuro a través de una presión política decidida.

En efecto, muchos representantes de este punto de vista han defendido, con algo más de autoridad que los partidos socialistas, la necesidad de alentar la “mejor interpretación posible” de la I y la II Partes del Proyecto al tiempo que exigen la reforma progresiva de los elementos más anti-sociales y anti-democráticos recogidos sobre todo en la Parte III. Lo cierto, sin embargo, es que esta visión peca de un excesivo formalismo juridicista que subestima las fuerzas materiales reales que sostienen y que se oponen al actual proceso de integración.

Intentar extraer –incluso contra la literalidad de los preceptos o de las intenciones de sus impulsores– la interpretación más garantista del Proyecto Constitucional, con la esperanza de poder imponerla políticamente en el corto plazo, supone situarse en un escenario de hechos consumados en el que quienes se beneficiarían y liderarían el proceso serían otros. Parece un peligroso engaño amplificar la presencia nominal de objetivos y principios sociales y ecológicos en la Constitución cuando se sabe que su incorporación en Tratados como el de Ámsterdam poco alteró el rumbo monetarista y productivista de la Unión. O lo que es peor, cuando se sabe que ha sido el mantenimiento de otros, como la consecución de un “mercado libre no falseado” o de una “economía altamente competitiva” los que han permitido a los principales grupos económicos y a las elites políticas europeas llegar hasta donde están. De poco sirve adelantar la mejor lectura posible de la Carta de Niza cuando su contenido –de por sí vacilante en muchas cuestiones, especialmente en materia de derechos sociales– ha venido devaluándose en cada Cumbre intergubernamental y cuyo custodio real, en última instancia, sería un órgano de clara inclinación neoliberal como es el Tribunal de Justicia de la Unión. Tras cincuenta años de integración, es políticamente desmovilizador resignarse a combatir un entramado oligárquico que aleja más y más a los ciudadanos mediante el simple aumento de competencias codecisorias del Parlamento o a través de la incorporación de un derecho de propuesta ciudadana de alcances deliberadamente restrictivos.

El argumento que llama a votar la Constitución, aunque no guste, para luego luchar para cambiarla, resulta endeble desde una perspectiva lógica y suicida desde un punto de vista político. Un texto que se llama a sí mismo Constitución y que exige el acuerdo de 25 países en caso de se que quieran introducir modificaciones sustanciales no puede considerarse un simple Tratado más (¿si así fuera, por qué tanto revuelo frente a la posibilidad de su rechazo?).

Lo que se propone, en efecto, es un texto destinado a perdurar (durante 50 años, según las palabras de Giscard d’Estaing), cuya revisión jurídica, pero sobre todo política, será muy complicada una vez aprobado. ¿Qué sugieren los defensores del “sí crítico”? ¿Que es menester suscribir la constitucionalización de la independencia absoluta del Banco Central para exigir inmediatamente su modificación? Difícil. ¿Que hay que apoyar un texto que consagra las políticas productivistas y neoliberales de los últimos veinte años para luego exigir frenos ecológicos y criterios de convergencia sociales y laborales? Espinosa tarea ¿Que se debe aceptar la constitucionalización del rearme europeo y el respeto de los compromisos adquiridos con la OTAN para manifestarse al día siguiente contra la guerra y por una Europa pacífica? Ingenuo, o simplemente cínico.

Acompañar a la derecha conservadora y a una socialdemocracia desvaída en la aprobación de un texto de esta índole, sería para las izquierdas alternativas un camino sin retorno. El apoyo de Joshka Fischer a la guerra en Afganistán, o ahora, a las maniobras de Shröeder para evitar un referéndum sobre el Proyecto Constitución amparándose en dificultades “técnicas” propias de la Ley Fundamental de Bonn, es una muestra más de los límites de la estrategia verde consistente en arrastrar consigo a una socialdemocracia inmersa de lleno en el vértigo del electoralismo y en las coordenadas impuestas por el discurso neoliberal.

Por otro lado, si se apoya un texto que Aznar, Chirac, Berlusconi o Blair suscribirían sin reticencia alguna de fondo, ¿con qué autoridad actuar luego en los movimientos sociales que reivindican una globalización alternativa, comenzando por los que, ya en el Foro Social Europeo celebrado el año pasado en París, se pronunciaron en contra de este texto? ¿Cómo avalar un Proyecto que consiente la deriva productivista y ecocida de la Unión para pedir, al día siguiente, la urgente aplicación de frenos de emergencia ecológicos? ¿Cómo explicar el “sí crítico” ante los más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras emigrantes que el Proyecto condena prácticamente al olvido, cuando no a un tratamiento de tipo básicamente policial? ¿Se puede, de manera creíble, apoyar una campaña a favor de una ciudadanía de residencia, al tiempo que se apoya, todo lo críticamente que se quiera, la constitucionalización de la Europa fortaleza?

La tarea de los movimientos y de la izquierda alternativa: construir un “no” altereuropeísta

Desde la convocatoria de la Convención presidida por Giscard hasta hoy, las iniciativas y propuestas más garantistas relacionadas con la Constitución han sido rechazadas. Prácticamente todas las enmiendas introducidas a instancias de los ejecutivos estatales –salvo algún ligero retoque en materia de igualdad entre hombres y mujeres– han sido revisiones a la baja desde el punto de vista social y democrático. Incluso la cita de Tucídides sobre la democracia («Nuestra Constitución… se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos sino de la mayoría») ha sido suprimida del Preámbulo por demasiado radical. ¿Hasta dónde habría que retroceder para que los partidarios del “sí” a cualquier precio y del “paso adelante” dijeran que “no” a esta Constitución y volcaran sus energías al impulso de un proceso constituyente alternativo?

En ciertos sectores de la izquierda, el temor a quedar identificados con el antieuropeísmo de Le Pen o de los conservadores británicos actúa como una mordaza que desactiva hasta el más mínimo amago de objeción de fondo al Proyecto y que conduce inexorablemente a la claudicación. Sin embargo, a la luz de lo ocurrido ya con el Tratado de Maastricht, es menester oponerse de plano a la lógica simplista y manipuladora según la cual se está con esta Europa y con esta Constitución o se está contra Europa y contra toda idea de Constitución. En realidad, sólo desde el sofisma interesado se puede identificar el rechazo de un texto que ni siquiera es más europeo que los Tratados existentes con la adhesión a las tesis conservadoras del repliegue nacional-estatalista. Sobre todo cuando han sido los críticos más radicales de este Proyecto –comenzando por las Asambleas de Mujeres, por las plataformas pacifistas y por los colectivos de apoyo a los sin papeles– los primeros en defender, en la teoría y en la práctica, la necesidad de más Europa, pero de una Europa alternativa.

El problema, aseguran algunos partidarios de izquierdas del Proyecto, es la gestión del “no”. Si la Constitución no prosperara, dicen, Europa permanecería empantanada en el lodazal más tecnocrático y neoliberal aún del Tratado de Niza. Pero el argumento es en exceso juridicista. Si el Proyecto se rechazara, se abriría una crisis de legitimidad que tan honda que resulta muy difícil pensar en una vuelta sin traumas al viejo status quo , con el Tratado de Niza reinando mansamente en una Europa de 25 países. Por el contrario, sólo un “no” claro al actual Proyecto de Constitución permitiría, llegados a este punto, detener la deriva anti-social, elitista y militarista del actual modelo de integración para reorientarlo en un sentido genuinamente democrático.

Precisamente, el auténtico desafío para una izquierda transformadora es impedir que sea el populismo conservador y de extrema derecha quien capitalice el desencanto y la desafección que esta Europa de tecnócratas y especialistas genera en buena parte de sus pueblos y habitantes. Y para ello no le queda otra que sumarse a los colectivos más activos del movimiento altermundista, incluidos los sectores sindicalistas más críticos, con el objeto de crear un amplio espacio socio-político, plural y pedagógico, de oposición alter-europeísta al actual Proyecto de Constitución.

En el caso español, la ausencia en el PSOE de un debate crítico a la altura del que, por ejemplo, está teniendo lugar en el Partido Socialista Francés, y sobre todo, las vacilaciones y reticencias en organizaciones como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, y otras fuerzas de izquierdas en el resto del Estado (Ezker Batua, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, la Chunta Aragonesista), no han favorecido la articulación de un espacio de estas características. No obstante, el horizonte del referéndum sobre la Constitución Europea para febrero de 2005, en parte coincidente con el debate sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía, seguramente obligará a estas fuerzas, así como al resto de movimientos, partidos y sindicatos movimientos, a adoptar un posicionamiento claro en los próximos meses. El III Foro Social Europeo, previsto para octubre en Londres, también podría contribuir a ello.

Será, en todo caso, una valiosa oportunidad para hacer coincidir el impulso social y de izquierdas que pueda generar el objetivo de una refundación social, democrática y plurinacional del Estado español –la “segunda transición”– con la batalla por una refundación similar de la Unión Europa. De lo que se tratará, así, es de mostrar en estos próximos meses que entre la fuga hacia adelante de la Europa simplemente intergubernamental, neoliberal y tecnocrática, y los cantos de sirena del populismo estatalista, es posible pensar un robusto espacio de convergencia a favor de otra Europa: federal, social y democrática, ecológica, pacífica, multicultural y plurinacional. La única que, tomada en serio, podría ponerse al servicio de un internacionalismo solidario de nuevo cuño y ganarse el compromiso de millones de mujeres y hombres que hoy la contemplan con comprensible distancia y escepticismo.