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Las políticas del interés general

13 abril 2010 · Por simple

Autor: José Félix Tezanos

Revista: Temas para el Debate nº 184


Hay momentos en la evolución de los países en los que se hace necesario priorizar las políticas de «interés general». Algunos entienden que dicha priorización es una cuestión de patriotismo, en tanto que otros piensan que se trata de tener instinto de conservación e, incluso, sentido común, en la medida que si no se atienden debidamente los intereses y necesidades generales -sobre todo en coyunturas de crisis como las actuales- será difícil llevar a buen puerto los programas y propósitos más específicos que cada partido representa legítimamente, de acuerdo a los sectores sociales que representa.

Lo prioritario es salir de la crisis

En circunstancias críticas, la opinión pública no entiende que los partidos políticos permanezcan enzarzados en querellas y conflictos exagerados y que no se hagan los esfuerzos necesarios para consensuar aquellas políticas que permitirían dar respuestas adecuadas a las cuestiones que conciernen al interés general.

En España estamos atravesando uno de esos momentos delicados en los que se hace necesaria una convergencia de propósitos. En España, y por supuesto en muchos otros países, en los que se están sufriendo las consecuencias de una crisis económica internacional que tiene más entidad, y encierra más riesgos, de lo que algunos parecen entender.

Cuando las dificultades no son de mucha entidad resulta más factible que un partido solo, o incluso uno de los sectores que lidera un partido importante, pueda hacer lo necesario para afrontar los problemas y sacar adelante al país. Eso ha ocurrido en varias ocasiones y en varios países a lo largo de los últimos años con las diversas crisis que se han sucedido. Obviamente, cuando un país cuenta con un gobierno estable y fuerte y con unos liderazgos respetados, rigurosos y resolutivos, las posibilidades de salir de la crisis se refuerzan. En España, en particular, hemos sido capaces de afrontar razonablemente las crisis económicas que nos han afectado a lo largo del ciclo democrático que se inauguró con la Constitución de 1978.

Sin embargo, ahora estamos ante una crisis más profunda y peligrosa que requiere mayores esfuerzos que las anteriores. Esfuerzos que siempre se estará en mejores condiciones de realizar si se suman fuerzas en el empeño. Posiblemente, algunos pensarán, legítimamente, que en buena lógica democrática lo que procede, incluso en casos como éste, es que aquel que ganó las elecciones gobierne como mejor pueda, hasta el final de la legislatura, dando ejemplo de seriedad en el respeto a los plazos establecidos.

Críticas desmedidas

El problema, como estamos viendo, es que los gobiernos de mayoría insuficiente despiertan instintos opositores desmedidos, sobre todo cuando se detectan -o se creen detectar- situaciones de debilidad o inconsistencia. En estas circunstancias, cuando la oposición encona y amplifica las críticas en exceso, la opinión pública se ve bombardeada por mensajes y valoraciones desmedidamente negativas, de forma que se acaba difundiendo la sensación de que las cosas están mucho peor. La consecuencia es que cunde el miedo y el retraimiento de los inversores y de los consumidores; ¡lo cual, en crisis como la actual, tiene unos efectos prácticos enormemente perniciosos!

A su vez, ante críticas tan exageradas y enconadas, la tendencia de los gobiernos suele ser a cerrarse y replegarse sobre sí mismos, haciendo oídos sordos a cualquier crítica o sugerencia, incluidas las que puedan ser razonables y oportunas. Y, llegado el caso, incluso se tacha de traidores y desleales a los que desde las propias filas se atreven a formular propuestas de signo diferente a la línea oficial. Cuando la cerrazón interna y la falta de sintonía llega a los círculos de los interlocutores sociales y económicos, entonces las cosas pueden entrar en un punto verdaderamente delicado, sobre todo si algunos líderes sociales pierden el sentido de la prudencia, como ha ocurrido con algunos sindicalistas que han llegado a amenazar con huelgas generales y grandes movilizaciones sociales. Que es, precisamente, lo último que se necesita en la actual situación económica de España.

Muchos ruidos y pocas nueces

Frente a este panorama de desencuentros, de nerviosismos, de enconamientos políticos e, incluso, de arritmias en las propuestas políticas, no debe extrañarnos que el ciudadano medio tenga la sensación de que se encuentra ante un panorama de muchos ruidos y pocas nueces. Si los ciudadanos no ven firmeza, ni ideas claras, ni disposición al acuerdo, lo más verosímil es que tiendan a distanciarse progresivamente de los grandes partidos políticos. Como de hecho parecen indicar las últimas Encuestas. Incluso es posible que se produzca un deslizamiento hacia opciones que enfoquen la situación actual en términos demagógicos, populistas, e incluso neoautoritarios, como está ocurriendo en otros países europeos.

De esta manera, algunas de las estrategias actuales de los grandes partidos políticos pueden acabar conduciendo a un callejón sin salida, prolongando en el tiempo una situación de «tablas» virtuales, que no hará sino deteriorar más la situación económica de España y nuestra credibilidad, tanto de puertas adentro, como de puertas afuera.

El mantenimiento del actual status quo político viene alimentado por dos esperanzas que la mayor parte de los ciudadanos no entienden bien, y que a mí personalmente me parecen poco realistas y escasamente patriotas, por decirlo en los términos que apuntaba al principio de este artículo. Desde las filas del PP se cree -se espera- que Zapatero acabe derrumbándose psicológica y políticamente, que tire la toalla y que convoque elecciones generales anticipadas. O, si esto no sucede, se espera -y desea- que desde las filas del PSOE surjan tales críticas internas que se acabe prácticamente con el mismo resultado. Lo cual es poco verosímil.

Creo que hay que ser poco realista para pensar que un gobierno se va a rendir ante la desmesura de las críticas externas y va a convocar unas elecciones generales, en un momento de crisis aguda, para perderlas, cuando quedan más de dos años de legislatura. Y, a su vez, hay que conocer muy mal la situación del PSOE para pensar que puede darse tal tipo de revuelta interna. Por ello, tal estrategia sólo puede conducir a una escalada de enconamientos de efectos negativos para la evolución económica y social de España. ¿Dos años más como los últimos meses?

El tiempo juega en contra

A su vez, desde las filas del gobierno y de los sectores más próximos, se alienta la esperanza de que la situación económica mejore de manera apreciable en un tiempo razonable, de forma que pueda ir produciéndose poco a poco un vuelco en las orientaciones de la opinión pública. Y si esto no se produjera a tiempo, algunos esperan que el enconamiento y el tremendismo excesivo de la oposición produzca de nuevo una reacción de miedo en una parte de la opinión pública, de forma que al final puedan reequilibrarse otra vez las tendencias electorales.

Mi opinión es que esta última expectativa también es poco realista, sobre todo si la persistencia del mal clima político conduce a tal situación de empeoramiento económico y de malestar social, que al final, dentro de dos años, se produzca uno de esos descalabros electorales que hacen historia. Y, además, después de haberse producido unos destrozos enormes en nuestra economía y en nuestro clima de convivencia, que costará tiempo enmendar.

Por lo tanto, tal tipo de escenarios y posibilidades alternativas de evolución no debieran ser considerados verosímiles por los líderes y los sectores responsables de la sociedad española, como de hecho ya lo entienden muchos ciudadanos medios, que reclaman más sentido común y más capacidad de entendimiento; o lo que es lo mismo, más priorización para el interés general.

Una buena salida de la crisis

Desde luego, nuestra situación no está para muchas bromas, ni para muchos maquiavelismos. Desde hace meses yo estoy entre los que piensan que es el momento de grandes acuerdos y pactos sociales y políticos que antepongan los intereses generales. He argumentado y explicado esta posición en varios artículos en Temas y en Sistema Digital, con todos los matices y precisiones que hacen al caso, sin demagogia, ni agresividad hacia nadie. Hace unos meses me parecía evidente que se necesitaban acuerdos para desbloquear y encauzar algunos problemas que amenazaban con enquistarse. Los acuerdos del País Vasco y las negociaciones para lograr un consenso en educación indican que se puede caminar en dicha dirección con unos respaldos muy amplios de la opinión pública. Otros problemas, en cambio, permanecen sin solucionar. Y a ello se han unido últimamente las amenazas de una crisis muy seria, que podría afrontarse en mejores condiciones a partir de un amplio consenso nacional.

No sé si estaré equivocado en el fondo de mis análisis y argumentos, pero tal como están evolucionando las cosas, con más de cuatro millones de parados, una recesión económica que no se remonta, unos problemas financieros que empeoran y unas tendencias peligrosas de pérdida de credibilidad interna y externa, cada vez resulta más claro que es necesario hacer esfuerzos consistentes para recuperar el pulso político, para serenar el clima social y para generar la confianza y seguridad que se necesita. Por ello, todo lo que pueda avanzarse en una dirección de amplios acuerdos repercutirá positivamente en la buena marcha de la economía española y en su imagen externa e interna. Y si esta política de grandes acuerdos es propiciada por el PSOE y apoyada por los sindicatos y otras fuerzas progresistas de la sociedad española, redundará también en su prestigio y en su credibilidad política futura. Además, y eso no es poco importante, será posible avanzar no sólo en la salida de la crisis, sino también en lograr una buena salida que tenga en cuenta las necesidades sociales de los sectores más débiles de la sociedad.

En caso de que no se avance en esta dirección, lo más probable es que la salida efectiva de la crisis se produzca más tarde y en peores condiciones. Y eso puede ser algo que una parte de la opinión pública tardará mucho en perdonar a quienes actualmente desempeñan, con toda legitimidad, las responsabilidades de gobierno. Y que pueden continuar desempeñándola perfectamente hasta el final de una legislatura que tampoco resultaría nada serio acortar para nada útil, en términos de interés general. Algo en lo que también se proporciona la imagen de seriedad, de estabilidad y de credibilidad de un país.

Dificultades para el acuerdo

El debate parlamentario sobre economía del 17 de febrero reflejó bastante expresivamente las dificultades que en este momento existen para llegar a un tipo de acuerdo como el que la situación exige y la opinión pública demanda. Nadie puede negar que el Presidente del Gobierno avanzó pasos en esta dirección y propuso vías y procedimientos concretos para explorar tales posibilidades. Propuestas que fueron valoradas positivamente por una amplia mayoría del arco parlamentario y por gran parte de los interlocutores sociales y económicos. Lo que revela que algo se está avanzando en una dirección de la que sólo saldrían beneficiados los intereses generales de España.

Sin embargo, la persistencia de Rajoy en una crítica cortoplacista, tremendista y total y las negativas iniciales a cualquier tipo de acuerdo, cuestionando incluso el método posible de una Comisión como la propuesta por Rodríguez Zapatero, constituyen un serio obstáculo para llegar a un gran Pacto Nacional. Posiblemente la opinión pública hará pagar algún coste electoral a aquellos que se cierren por completo a iniciativas que se ven como altamente recomendables para el interés general. Por eso harían bien en entender algunos que no estamos ante una cuestión de «amor», sino de capacidad para anteponer los intereses generales.

Aun así, será necesario persistir en el intento, no desechando encuentros personales al más alto nivel. En este sentido habría que recordar la utilidad política que tuvieron en su día los encuentros entre líderes con suficiente «visión de Estado» como Adolfo Suárez y Felipe González en las primeras etapas de la Transición, o las célebres reuniones entre Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra para desbloquear el proceso de articulación de la actual Constitución, que tan buenos resultados ha dado.

Y si no se logra implicar y convencer a la actual cúpula del PP, el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo por asumir en el mayor grado posible la política del interés general que el actual momento requiere, e implicar en su traducción práctica al mayor número posible de fuerzas políticas y sociales.