¿El final de la gran guerra africana?

Autor: José Luis Herrero

Revista: FP. Foreign Policy edición española nº 9

Congo: casi cuatro millones de muertos desde 1997. Apenas unas páginas en los periódicos e indiferencia por parte de la comunidad internacional, que ha visto estrellarse todos los acuerdos de paz. Pero por primera vez hay un proceso político incipiente, lleno de obstáculos y problemas, que podría poner fin al conflicto más sangriento de los últimos 25 años.

La situación en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire) hace bueno el dicho de que para llamar la atención de la prensa basta un muerto en el propio país, algunos más en los Estados vecinos o en el mundo desarrollado, y más de cien en África. En realidad, parece que son necesarios muchísimos más. Esta guerra es, con diferencia, la más sangrienta del último cuarto de siglo, muy por encima de las sufridas en los Balcanes, Oriente Medio, Afganistán o Irak. Fuentes humanitarias sitúan el número de víctimas del conflicto en el este del país por encima de los tres millones desde 1997 (sin contar las bajas directas del genocidio ruandés de 1994, entre 500.000 y 1.000.000). La indiferencia general no se debe sólo a la falta de atención mediática, sino también a la desesperanza generada por una situación que parece no tener arreglo y en la que, hasta el momento, han fracasado todos los intentos de paz. Sin embargo, puede que estemos en el umbral de una solución.

La inestabilidad en el este de la RDC comenzó con el éxodo masivo de hutus ruandeses que, en 1994, huyeron del nuevo Gobierno tutsi de Kigali. Entre los desplazados se encontraban los protagonistas del genocidio tutsi. Abusando de la ayuda de la comunidad internacional destinada a los refugiados, los hutus realizaron incursiones en Ruanda, lo que ofreció una justificación a Kigali para, con el apoyo de Uganda, entrar en 1997 en el entonces Zaire, forzar el retorno de los refugiados y, de paso, contribuir a derrocar al régimen de Mobutu Sese Seko e instalar en el Gobierno a Laurent Kabila. El problema es que los genocidas hutus –entre ellos, los conocidos interahamwe (los que matan juntos) – permanecieron en el país, y desde entonces han continuado las incursiones ruandesas en el este de la RDC y los ataques esporádicos de lo que queda de las milicias hutus en Ruanda. A esta situación se añade la falta de control de Kinshasa sobre el este del país, la proliferación de grupos rebeldes y la intensificación de las tensiones entre los casi cuatrocientos grupos étnicos que conviven en el país, y cuyo exponente más violento lo constituyen los enfrentamientos entre los hema y los lendu en la provincia de Ituri (norte del Congo).

A partir de 1999, han continuado los acuerdos incumplidos de alto el fuego en los que llegaron a participar hasta 11 Estados africanos implicados de una manera u otra en la que se ha llamado la “primera guerra mundial africana”. Aquel año, la ONU desplegó un primer grupo de 90 observadores militares, que crecería rápidamente hasta 500. Con el asesinato de Kabila en 2001 y la sucesión en la jefatura del Estado de su hijo, Joseph, se abrió un nuevo proceso que desembocaría en la firma, el 16 de diciembre de 2002, del Acuerdo de Transición en la RDC. Este pacto establece un periodo de gobierno cuatripartito que debería haber desembocado, en junio de 2005, en elecciones generales. Durante este tiempo tendría que haberse aprobado en referéndum una Constitución y logrado unas fuerzas armadas congoleñas unificadas, y la reinserción civil del resto de combatientes. Nada de esto ha sucedido. Aun así, un viento de cauto optimismo recorre la región. ¿Qué ha cambiado?

En primer lugar, parece que EE UU y el Reino Unido han alterado su posición de apoyo incondicional al Gobierno ruandés, al que han presionado para que adopte una posición más constructiva. La permanencia de guerrilleros hutus en territorio congoleño –razón esgrimida por Kigali para mantener su control del otro lado de la frontera– ya no es aceptada de buen grado.

Las últimas estimaciones cifran en no más de 10.000 los combatientes que permanecen en la RDC, una gran parte de los cuales eran menores de edad durante el genocidio. Ya no constituyen una amenaza real para la seguridad de Ruanda y, por tanto, no justifican las incursiones. Crece la presión internacional sobre Kigali para que acepte su regreso, asigne responsabilidades a los que tuvieron un papel destacado en las matanzas y ofrezca vías de reintegración social al resto. Y, sobre todo, para que cese sus incursiones.

En segundo lugar, la Misión de Naciones Unidas en el Congo (MONUC), que ha crecido hasta alcanzar unos 16.000 efectivos militares, parece haber tomado la actitud enérgica que los congoleños reclamaban. Durante sus primeros años de vida, asistió impasible a numerosos episodios de violencia, en parte limitada por el mandato recibido del Consejo de Seguridad y en parte por su reticencia a tomar iniciativas que pudieran causar bajas entre sus soldados. Con un mandato reforzado por la resolución 1.565 del Consejo y posteriores, que autorizan un uso más amplio de la fuerza, la misión ha comenzado a imponer el orden entre las facciones. El ejemplo de la Operación Artemis en Ituri –de la Unión Europea, y liderada por Francia– mostró que era posible y necesario el uso de la fuerza para obtener resultados en la RDC. Con esta nueva actitud, MONUC puede forzar el desarme de los bandos, impulsar la desmovilización y reinserción de los combatientes, y acorralar a los grupos genocidas ruandeses que se resistan a volver a su país.

En tercer lugar, el proceso político avanza, aunque con retrasos. La Constitución acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional y todavía hay tiempo de someterla a referéndum y celebrar elecciones generales, dentro del plazo excepcional previsto en el Acuerdo de Transición que se extiende hasta junio de 2006. Todos los problemas técnicos pueden ser superados con el apoyo financiero de la comunidad internacional. Lo que queda por probar es la voluntad real de las partes de aceptar cuotas de poder –y de acceso a los recursos económicos– en función de resultados democráticos. Años de economía de guerra han generado una cultura de enriquecimiento por la fuerza en la que los grupos armados se apropian sistemáticamente de la riqueza generada por los recursos naturales y extorsionan a la población de las zonas que controlan. No creen en el Estado porque éste simplemente no está presente. El Gobierno cuatripartito actual es descrito por algunos diplomáticos como cuatro administraciones separadas que coexisten, cada una con su milicia, sus fuentes de financiación, sus apoyos externos y sus objetivos. A la hora de reconvertir este entramado en un Gobierno unificado, se enfrentan dos concepciones distintas de la RDC del futuro, dos visiones geoestratégicas: una, más favorecida por Francia, y la otra, por EE UU y el Reino Unido. La primera apoyaría un Estado centralizado y fuerte en Kinshasa, que enfatizaría la integración de todo el Estado y el refuerzo de las vías de comunicación entre Kinshasa y el este, de tal manera que las riquezas naturales de esa zona transitaran hacia el Atlántico. La segunda propiciaría un Estado descentralizado, con una autonomía avanzada para las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, limítrofes con Ruanda y pobladas por tutsis congoleños. Esta fórmula, además de promover la salida de las riquezas naturales de esta zona hacia el Índico a través de Kigali, permitiría una interacción mucho más estrecha entre estas provincias y Ruanda, y la consolidación de una zona de influencia ruandesa en la RDC.

Existen argumentos válidos para ambas opciones. Un Estado centralizado es necesario para vertebrar un país hoy por hoy carente de infraestructuras de comunicación y administrativas, de recaudación fiscal o de prestación de servicios. También existe el riesgo de que la creación de estructuras de poder regionales fuertes, a partir de una situación de no-Estado, degenere en la coexistencia de gobiernos locales soberanos de facto . Por otra parte, la formalización de una zona de influencia ruandesa en el este de la RDC parece una fórmula razonable para satisfacer tanto los deseos de los tutsis congoleños de mantener una interacción privilegiada con Kigali (mucho más cercana que Kinshasa), como de aliviar algunos de los problemas de Ruanda (superpoblación y carencia de recursos naturales, dos de las causas del genocidio y permanente tensión étnica en este país). La cuestión es si los congoleños serán capaces de decidir y poner en práctica un modelo de gobernabilidad por métodos pacíficos, y si sus líderes y los dirigentes de los países vecinos van a aceptar sus límites. La comunidad internacional y los principales actores bilaterales parece que ya han clarificado sus posiciones y están decididos a apoyar un proceso que puede aportar enormes beneficios para la estabilidad regional, mucho más allá de las fronteras de la RDC.

José Luis Herrero es director general de la Fundación FRIDE. Luis Peral es investigador del área de Gobernanza Global de la Fundación. Ambos han visitado recientemente la República Democrática del Congo (RDC).

Europa en el corazón de África

Cómo se reestructuran, en menos de dos años, las fuerzas de orden público en un país africano inmenso, de más de sesenta millones de personas, donde la corrupción llega a lo más alto y el Gobierno –con representantes de facciones hasta hace poco enfrentadas– dedica sus esfuerzos a mantener el frágil consenso de la transición? La pregunta es demasiado ambiciosa, sobre todo si se dirige a la Unión Europea. Pero Bruselas se ha propuesto resolverla en alguna medida, además de financiar buena parte de la muy difícil organización de las elecciones.

El aterrizaje de la Unión en el conflicto se produjo en 2003, con la llamada Operación Artemis en Ituri. Con autorización de la ONU, el Consejo de la UE emprendió su primera operación seria de imposición de la paz en un Estado no miembro, fuera del marco de los Acuerdos Berlín+ (que le permiten recurrir a la logística de la OTAN). Artemis es un precedente de los batallones de combate que los Estados se han comprometido a poner a disposición del Consejo, y también por eso es un éxito oficial de la UE. Pero en realidad fue una operación francesa en la que tropas galas y un 10% de otros países bajo el mando de oficiales franceses actuaron bajo bandera de la Unión.

Ahora, Bruselas quiere contribuir a formar a la policía local en la RDC y a lograr su integración o brassage (el mestizaje de las fuerzas de seguridad, previsto en los acuerdos de transición de 2002) para alejar el fantasma de nuevos choques. La acción europea tiene tres patas : los fondos de cooperación al desarrollo de la Comisión (cinco millones de euros) para formar y equipar a los 1.000 policías de la Unidad de Policía Integrada (UPI), que ha de proteger al Gobierno provisional; la misión policial EUPOL-Kinshasa, como operación testimonial de seguimiento, creada por el Consejo, y aportaciones en dinero o en especie de algunos Estados miembros. El principal problema: que los flamantes policías congoleños ya formados hace meses esperaban en abril a que se habilitase una sede en la capital, con dinero desembolsado por el llamado Mecanismo de Reacción Rápida de la UE. Y ojalá no estén muy lejos cuando se les llame para sustituir a MONUC. Pero los desafíos son mucho más amplios. La misión de la ONU tiene que liderar el brassage de 32.000 policías antes de las elecciones y –más difícil aún– de un Ejército de 300.000 soldados habituado a no cobrar, mientras desmoviliza a las milicias.

El representante de la política exterior europea, Javier Solana, ha anunciado ya que la Unión Europea seguirá ofreciendo ayuda para que el proceso no se detenga. Los Estados ricos han invertido demasiado en MONUC para dejar que el país vuelva a sumirse en una guerra abierta. – Luis Peral

La maldición del ‘coltan’

Hay demasiadas riquezas, sobre todo en el este del país, la zona tensa y espesa de los Grandes Lagos con epicentro en Goma… Y por eso tal vez no es tan fácil la paz. En el corazón de África, donde confluyen las fronteras que también son herencia colonial, proliferan los diamantes y el codiciado coltan [contracción de columbita-tantalita, mineral esencial para fabricar móviles y satélites].

Un grupo de expertos designado por el Consejo de Seguridad de la ONU emitió un informe insólito y espeluznante en 2001 (Doc. S/2001/351), acusando a ciertas multinacionales de expoliar las riquezas naturales del país con total impunidad. De hecho, muchos observadores opinan que la corrupción es el mayor lastre de la transición. No todos los agentes económicos consideran que la estabilidad y la paz reportan mayores ganancias que el caos. Quienes expolian la RDC, incluidos aquellos miembros corruptos del Gobierno cuatripartito, no parecen tener prisa en que las elecciones se celebren.

Por eso es preciso no sólo que la Corte Penal Internacional investigue las violaciones de derechos humanos y condene a los responsables en la RDC, sino también a los responsables de los delitos económicos que constituyen su trasfondo y motor. La comunidad internacional debería impulsar la creación de un órgano con jurisdicción especial sobre delitos económicos, dotado de una potente fiscalía anticorrupción, para que la paz sea justa y duradera. – Luis Peral