La autonomía vasca y sus tareas pendientes

Autor: Juan José Solozábal

Revista: Cuadernos de Alzate nº 42

La autonomía vasca y sus tareas pendientes [pie_1]

La idea constitucional de la autonomía vasca: el reforzamiento foral

Debería comenzar por afirmar mi doble condición de constitucionalista. En efecto quien les habla lo hace como jurista especializado en el estudio de la Constitución como manifestación concreta normativa de nuestro ordenamiento. Esto puede tener interés resaltarlo, pues nuestra materia u objeto de estudio o consideración es especial, no sólo por la importancia obvia de su rango, pues la Constitución encabeza o es la norma más alta del sistema jurídico, sino por su objeto político. Ortega decía que la Constitución expresa la idea política de una generación, la apura o pone a punto precisamente, lo que seguramente exige una actitud de prudencia o contención, actitudes difíciles de lograr y que el constitucionalista debe esforzarse por conseguir aunque, como digo, no sea sin esfuerzo.

Pero ocurre además que me considero constitucionalista en un sentido fuerte de este término, pues comparto la idea «positiva» de Constitución en la acepción schmittiana, esto es, el conjunto de decisiones que sobre nuestra configuración política como pueblo adopta la Norma Fundamental española de 1978, y en concreto lo que podríamos llamar la idea constitucional de la autonomía vasca, correspondiente a un determinado modo de ver la inserción del País Vasco en el Estado español, y en concreto la idea del autogobierno vasco en el edificio institucional que se adopta en el sistema constitucional.

¿Qué idea se desprende de la Constitución del régimen de autogobierno vasco? ¿Cuál es la idea constitucional de la autonomía vasca? Euskadi es una nacionalidad que accede a la autonomía plena en los términos del artículo 151 CE asumiendo, por tanto, plenas competencias desde el primer momento, de acuerdo con las previsiones del Estatuto de Gernika. Podríamos hablar entonces con absoluta propiedad de «una autonomía en serio», o autogobierno que consiste en la disposición de una organización institucional establecida, aun en el marco constitucional, con plena libertad y que permite el ejercicio de potestades legislativas para la consecución de políticas propias fijadas en el espacio de atribuciones correspondiente por el gobierno de la Comunidad.

Pero lo característico de la autonomía vasca es su refuerzo por la dimensión foral, dimensión ésta que singulariza de modo bien relevante al autogobierno de Euskadi y sin cuya consideración no puede comprenderse adecuadamente. Si se nos permite, querríamos desarrollar brevemente la dimensión foral de la autonomía vasca con tres consideraciones.

En primer lugar, aludiríamos a la raigambre foral de la autonomía vasca. Sin duda el historicismo de la Constitución española, patente en diversas manifestaciones, se muestra aquí con un significado de alcance tipificador o definidor pero también de amplia capacidad de legitimación en este caso. Resulta significativa esta consideración con la historia de nuestra Constitución, siendo así que las Constituciones de ordinario son normas con un significado proyectivo que las hace incurrir en pocos miramientos con el pasado. El caso es que infrecuentemente la Constitución, dice la Disposición Adicional 1ª, «reconoce y ampara» los derechos históricos. Esta asunción histórica del régimen tradicional de autogobierno, que es el significado que en fórmula magistral ha conferido al régimen foral el Tribunal Constitucional [pie_2], cumple una función simbólica de tremendo alcance integrador sin perder por ello un significado normativo específico, pues toda la Constitución, y por tanto también sus disposiciones adicionales, son verdadero derecho positivo y no meras cláusulas de significado emotivo o político. Ocurre en cualquier caso que, sea cual sea la comprensión que se dé o que adquiera la autonomía vasca contemplada en la Constitución, supone la revalidación y confirmación del régimen tradicional vasco de autogobierno.

Conviene llamar la atención sobre lo que en términos jurídicos significa el reconocimiento foral por la Constitución. En efecto, la afirmación constitucional de la foralidad significa que por primera vez los fueros pasan a integrar el orden constitucional, esto es, los fueros se hacen Constitución: no son, por tanto, un régimen excepcional o extra constitucional, para-constitucional o meramente legal. Por ello, podemos hablar entonces de un foralismo constitucional, como podemos también, vista la situación jurídica desde el otro polo, mentar el constitucionalismo foral, pues es la Norma Fundamental, no la ley o la costumbre, la que contempla el sistema o régimen foral.

La afirmación constitucional de la foralidad refuerza la Constitución como Marco común jurídico de españolidad de los vascos y refuerza a los fueros, que no sólo son expresión, entonces, del genio nacional jurídico propio, sino decisión común del pueblo español, que se dota en su actuación constituyente de una configuración que sin poner en peligro la unidad superior de todos, reconoce la especificidad vasca (y navarra). La radicación constitucional de los fueros que conlleva como gran ventaja el dotarse para su protección ante cualquier intento de vulneración de los instrumentos de defensa de que dispone la Constitución, impide como envés, si se quiere, de la posición constitucional de que hablamos, una lectura extra o supra constitucional de los fueros, así como la invalidación de una conducta anticonstitucional que pudiera invocarlos, aunque aduzca falsariamente una justificación foral, pues no cabe, como principio indisputado, una actuación inconstitucional foral.

La afirmación constitucional de los fueros, más allá de la determinación de su significado, ya escojamos la perspectiva activa de la Constitución o la pasiva del beneficiario de la misma, suscita una cuestión de técnica constitucional de gran interés que consiste en el procedimiento a través del cual se produce la inclusión constitucional de que estamos hablando. El régimen foral queda protegido a través de la garantía institucional, que asegura la persistencia y el mantenimiento de los rasgos esenciales de aquél, la denominada imagen maestra del sistema, a partir de su reconocimiento constitucional como una figura imprescindible del edificio constitucional. Como resulta bien sabido, lo que se resalta en el caso de esta garantía institucional es que el legislador frente al que se afirma es el estatutario antes de nada, lo que no quiere decir que su mantenimiento no corresponda también al estatal y autonómico. Lo significativo de la garantía institucional del sistema foral sin duda es que se impone, como contenido mínimo y obligado de la autonomía, el mantenimiento de dos elementos fundamentales del régimen foral que son las Juntas y Diputaciones como instituciones de los territorios históricos y el Concierto económico, como régimen de autonomía fiscal que supone la determinación por común acuerdo del gobierno de la nación y los territorios históricos delmonto del importe de los servicios del Estado en las provincias vascas y la capacidad fiscal de éstas en su nivel de determinación impositiva y recaudación [pie_3].

La comprensión cabal del sistema foral, diría en términos conclusivos, ha de llevarse a cabo afirmando dos consideraciones. El sistema foral, cuyas ventajas económicas son evidentes para el País Vasco, no es un régimen privilegiado que establezca excepciones del principio de igualdad, otorgando ventajas o dispensando cargas, pues El Estado constitucional requiere tanto de la homogeneidad institucional como de la igualdad jurídica de los ciudadanos, que han de asegurase indisputadamente en términos irrenunciables. De manera que la especialidad foral reconocida constitucionalmente de forma expresa en la Disposición Adicional 1ª y plenamente congruente con el pluralismo que acoge nuestra Norma Fundamental en su artículo 1º, no puede entenderse como sistema privilegiado, contrario al principio de igualdad y al derecho a la misma de todos los españoles, protegidos ante la arbitrariedad que supondría la exposición a un tratamiento desigual sin fundamento suficiente.

En segundo lugar, asegurada la constitucionalidad del sistema foral, habría sido un contrasentido ignorar en el establecimiento de la autonomía del País Vasco el aprovechamiento de la experiencia histórica del autogobierno que el sistema foral suponía. La constitucionalización foral sólo significa mejora del autogobierno tradicional, al incrementarse las bases de su validez, ahora las constitucionales, y asegurar su perfeccionamiento, dados los títulos democráticos y garantizados en el supremo nivel por la Norma Fundamental y el Estatuto de Autonomía.

La construcción institucional de Euskadi: balance y problemas

Si se trata de establecer el balance de la autonomía vasca, el mismo sin duda debe considerarse positivo. El sistema estatutario institucionalmente ha funcionado bien, con gobiernos estables con apoyo parlamentario suficiente incluso cuando se ha recurrido a los gobiernos de coalición. Nadie duda de que el marco estatutario ha hecho posible el autogobierno constitucional en el nivel máximo y un desarrollo económico que ha permitido afrontar con éxito circunstancias ambientales no siempre favorables, remontando por ejemplo una fuerte reconversión industrial y colocando a Euskadi en un lugar regional bien alto en la escala de la renta per cápita española [pie_4]. Nadie pone en duda que el autogobierno ha sido aprovechado para afrontar en las mejores condiciones los retos de la coyuntura económica y poner en situación puntera a la economía vasca, que ha llevado a cabo una transformación interna de alcance bien amplio.

La construcción institucional de Euskadi ha sido posible superando dos series de obstáculos. En primer lugar, lo que podríamos considerar dificultades objetivas o manifiestas del sistema político. Así, un pluralismo exagerado, consecuencia de la operación en el espacio político de dos ejes, que son el nacionalismo y el autonomismo en el planteamiento territorial, y el alineamiento derecha e izquierda en el plano ideológico. Consecuencia de ello ha sido un sistema multipartidista que no ha dejado de estar polarizado pero no ha deparado una situación ingobernable, consecuencia sin duda del predominio del eje nacionalismo-autonomismo y de la capacidad de maniobra del Partido Nacionalista Vasco, de elasticidad ideológica notable, que le ha permitido gobernar con los nacionalistas socialdemócratas (EA), y con el Partido Socialista Vasco, e incluso con Izquierda Unida y que ha sido capaz de asegurarse el respaldo efectivo, aunque no fuese explícito, de la misma izquierda abertzale en episodios políticos clave [pie_5].

La estabilidad institucional se ha mantenido, de otra parte, afrontando las tensiones internas de los territorios históricos, potencialmente bien peligrosas, como ya mostraran las escaramuzas en torno a la Ley de Territorios. Estas tensiones se han podido superar sin duda gracias a la preeminencia compartida en el gobierno de la Comunidad y las diputaciones por el mismo partido, al menos durante la mayor parte del tiempo y en el mayor número de los casos. Nadie duda a ese respecto del impacto desligitimador para el Plan Ibarretxe de la oposición de las instituciones de Álava. La construcción institucional del autogobierno vasco, finalmente, se ha llevado a cabo en términos razonables a pesar de la existencia, en connivencia además con la actuación del terrorismo, de fuerzas políticas extra sistema y antiestatutarias, de considerable entidad numérica y de difícil neutralización, dado su reforzamiento por la estrategia terrorista y sus lazos ideológicos con el nacionalismo gobernante.

Pero, en segundo lugar y como resulta evidente, las tensiones a que ha debido hacer frente el edificio institucional son también de carácter interno. Sin duda la apoyatura legitimadora del entramado político, de la autonomía, es deficiente desde el momento en que explícitamente se niega la fuente constitucional del sistema autonómico. De manera que se está en una situación esquizofrénica, pues el partido gobernante al tiempo que se jacta de la consecución de determinados logros, reniega del soporte del orden institucional que los hace posibles, devaluando tales activos al presentarlos como un anticipo o sucedáneo de un ideal político al que no se renuncia, cual es la independencia. Esta situación potencialmente es bien inestable pues se debilitan las bases en que apoyar una oposición irreductible a la violencia, sin cuya liquidación el edificio del autogobierno no puede definitiva e inquebrantablemente asentarse.

Sin duda la fuente más seria de deslegitimación del sistema, que a punto está de descompensar lo que podríamos llamar legitimación de ejercicio en el plano funcional del autogobierno constitucional y estatutario, se refiere a la permanente oposición de las instituciones vascas, obediente en esto a la actitud del partido gobernante pero que goza del respaldo de la opinión política nacionalista del País Vasco a la política constitucional del Estado tocante a la aceptación de los símbolos del mismo, estemos hablando de las reticencias a la utilización preceptiva de la bandera de España en los Edificios de la Comunidad, o nos refiramos a las actitudes de los parlamentarios y cargos políticos en relación con las referencias constitucionales obligadas o practicadas comúnmente, así por ejemplo la resistencia a aplicar en términos cabales por parte del Parlamento vasco decisiones de las instancias judiciales nacionales, etc.

En este aspecto, particular significación tiene la oposición que se ha practicado a veces a la represión estatal de la violencia, especialmente durante la época de Garaikoetxea, y la actitud del nacionalismo en su conjunto frente a la ilegalización de las fuerzas políticas de la llamada izquierda abertzale, consideradas instrumento de ETA, y cuya persecución en la Ley de Partidos se ve no como una respuesta, infeliz aunque proporcionada al ataque intolerable que representan a la democracia constitucional, sino como una restricción ilícita de la libertad de asociación y participación política, en suma, como una ilegalización de ideas por parte del Estado español. Poco ha importado al nacionalismo gobernante que la constitucionalidad de la Ley de Partidos fuese confirmada jurisdiccionalmente por el Tribunal Constitucional y que indirectamente el propio Tribunal de Estrasburgo la haya encontrado respetuosa con los parámetros internacionales de los derechos fundamentales [pie_6].

La época de Ibarretxe y el fracaso de los planteamientos reformistas del soberanismo

La época de Ibarretxe es la del soberanismo, esto es, la de la maduración del nacionalismo. El nacionalismo abandona su ambigüedad y se hace soberanista, que es una acepción suave pero inequívoca del independentismo. Es una evolución que para muchos ha podido aparecer traumática, pues el nacionalismo deja de presentarse como la ideología general o nacional de Euskadi y asume una determinada veste, decantándose definitivamente por una de sus apariencias, o almas, haciéndose, aun suaviter en las formas independentistas, partidario de romper las amarras con España, aunque la ruptura se lleve a término de forma gradual pero irreversible. Es una evolución en parte inevitable: la ideología nacionalista identifica la libertad del colectivo que defiende con la disposición de un Estado propio exclusivo y su consecución es el objetivo que justifica el esfuerzo, la actividad de los nacionalistas. De otra parte, el nacionalismo es una ideología agónica y cuyo desarrollo es bien difícil de detener. La trivialización es letal para el nacionalismo. La rutina mata al nacionalismo, también al vasco.

La voluntad de acabar con ETA ha contribuido de otro lado a forzar la decantación soberanista del nacionalismo, reforzando su estrategia independentista. Se trataría de acabar con ETA consiguiendo sus objetivos de modo pacífico. Hay entonces una vía gradual a la independencia que es el soberanismo. El soberanismo es el camino hacia la independencia.

¿Por qué fracasa Ibarretxe? Me gustaría referirme a lo que podríamos llamar motivos políticos, reforzados por un enfrentamiento institucional del lehendakari que acaba siendo concluyente. Los planteamientos soberanistas de Ibarretxe provocan una seria incertidumbre en el horizonte político, y después de todo es bien comprensible que una sociedad instalada cómodamente en la prosperidad de la normalidad recele de lo que es o parece aventurerismo político. ¿No quedamos en que la autonomía es la causa de la prosperidad de Euskadi? ¿Por qué va a preferirse un futuro incierto a las ventajas de un camino transitado y conocido que seguramente conjuga la disposición de una cuasi independencia fiscal con los beneficios de un mercado y un marco de posibilidades, las españolas, de los que históricamente han disfrutado ventajosamente los vascos?

En segundo lugar, ocurre que los planteamientos de Ibarretxe dividen a la sociedad: el nacionalismo deja de aparecer como la ideología que expresa la acepción compartida del vasquismo y se identifica con una versión excluyente, sectaria y divisiva de la sociedad. Una sociedad escindida y enfrentada ideológicamente no parece adecuarse al mejor futuro político de la comunidad.

En tercer lugar, es la generalización en la sociedad vasca de la convicción de la degradación ética que supone la violencia, su absoluta intolerabilidad, como antítesis radical al modo de abordar civilizadamente y en libertad los problemas políticos de la sociedad, lo que ha generado un reproche con indudables consecuencias políticas. Finalmente se acaba por retirar la confianza política a quien se considera que ha adoptado una política comprensiva o tibia frente a la violencia, cargo que muchos vascos formulan, reclamado una ejemplaridad inexistente en este ámbito, al gobierno de Ibarretxe. Ocurre, por tanto, que la sangría del terrorismo ha causado y causará estragos electorales al nacionalismo. El terrorismo ha sido un factor decisivo en el sistema político vasco y el nacionalismo no ha reaccionado frente a él con la decisión, la profundidad y rapidez con que hubiese sido deseable.

Letal para los planteamientos de Ibarretxe ha sido, finalmente, su formulación como un pulso institucional al Estado que naturalmente había de perder el lehendakari. La contraposición es bien clara y quien cede ha de ser el elemento más débil, al que la contradicción le resulta fatal. El Estado ofrece un modelo cerrado, con un equipamiento constitucional impecable, un orden de poderes y competencias establecido, y una maquinaria a pleno funcionamiento, garantizada por un sistema judicial sumamente eficaz. El modelo nacionalista, en cambio, aparece aquejado por la contradicción y la precariedad. Su inserción en el todo constitucional es indudable, pero al tiempo esgrime una superioridad de las instituciones territoriales sin apoyo normativo explícito y dependiente de una eventual decisión democrática, que no tiene, ni puede tenerla, base constitucional y que aparece teñida de un plebiscitarismo caudillista difícilmente asumible en un sistema democrático. El Plan se situaba en las antípodas de cualquier viabilidad constitucional, aunque se presentase como una modificación del Estatuto de Gernika. El proyecto Ibarretxe afirmaba anticonstitucionalmente la soberanía del País Vasco y partía de una legitimación extra constitucional para alterar la posición de Euskadi y sus relaciones del Estado, adoptando decisiones que sólo corresponderían al poder constituyente español, y no a un inexistente soberano vasco.

El proyecto de Ibarretxe resultó ser el ejemplo perfecto de reforma imposible de un Estatuto de Autonomía, frente a otras que pudiesen resultar obligadas, exigidas por el paso del tiempo y la necesidad de atenerse a las nuevas circunstancias políticas, incrementando su legitimidad al ser refrendadas, junto con el Estatuto no modificado, por las nuevas generaciones de ciudadanos, u otras reformas posibles, aunque discutibles, en relación especialmente con la incorporación al texto estatutario de cláusulas identitarias o conteniendo declaraciones de derechos. El Estatuto decidía en relación con un acuerdo de la Comunidad Vasca con el Estado, preveía la resolución de un conflicto con los órganos del Estado respecto de la reforma del marco estatutario, estableciendo de modo indubitable la residencia de la soberanía, procedía a derogar espacialmente preceptos constitucionales, que no tendrían vigencia en el caso vasco, suprimiendo, por ejemplo, la intervención federal del artículo 155 CE o ignorando la prohibición constitucional de la federación entre Comunidades Autónomas, e imponía instituciones al Estado como el Tribunal de Conflictos, compuesto por miembros del Tribunal Constitucional y otros juristas propuestos por la Comunidad Autónoma para entender de procedimientos que afectasen al País Vasco. Nada tiene de extraño que el Parlamento ni siquiera admitiese su tramitación, rechazándolo en el mismo límite procedimental [pie_7].

El relevo del nacionalismo gobernante y las perspectivas de futuro: el vasquismo integrador

El actual momento, tras el relevo del nacionalismo, recupera para la política vasca unas condiciones de normalidad que han de ser aprovechadas favorablemente: se han acabado la estridencia y la excepción. Ha terminado el pulso político con el Estado y ha de acometerse la asfixia política de la violencia, sin rendija alguna no ya para su justificación, sino ni siquiera su explicación.

Se trata de visualizar el cambio en la idea eje de la política vasca, negando de raíz la de la excepción, que se hacía consistir en la afirmación de la existencia de un conflicto político. El famoso «conflicto», en realidad era inabordable desde la propia autonomía estatutaria y constitucional, y actuaba como una vía de agua irreparable en el orden institucional autonómico. Esta posición derrotista ha de sustituirse por una visión positiva a ultranza del autogobierno vasco. Existen problemas, como ocurre en toda forma democrática, pero el problema no es el sistema político, éste justamente es la solución -difícil, nadie lo niega- de aquéllos.

Con todo, la actual política vasca no ha de ser sólo rectificación, sino continuación de la vida política anterior. Así ocurre con la asunción en serio de la autonomía como ejercicio responsable del autogobierno que tantos años de gestión nacionalista han situado en un nivel, bien alto, que no hay que parar, sino continuar. El horizonte de la gestión de la autonomía vasca no es, desde este punto de vista, la rectificación sino la profundización. Corrección y prolongación son, entonces, si se quiere ver así, los dos lados, el Norte y el Sur, del actual momento vasco.

Claro que hay problemas en el horizonte del desarrollo político del País Vasco. El primero consiste en los condicionamientos que al ejecutivo vasco pueda suponerle la política del gobierno de Rodríguez Zapatero cuya estrategia a veces condiciona seriamente la independencia y coherencia del ejecutivo de Patxi López. Pienso, por ejemplo, en la circunstancia reciente en que las necesidades de apoyo parlamentario de Rodríguez Zapatero para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado han impuesto una alianza con el Partido Nacionalista Vasco en un asunto tan sensible como es el blindaje foral. Lo que ha ocurrido es que la estrategia socialista de Madrid ha obligado al socialismo vasco a un rendimiento sin condiciones en relación con el arreglo foral de acuerdo con las tesis, bien criticables, del nacionalismo vasco, aunque ello haya supuesto asumir planteamientos exagerados en el aspecto material, y además incurrir en una infracción innegable del propio texto estatutario vasco. Como se sabe la reforma de diversas leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley Orgánica del Poder judicial, para hacer posible el control de las normas forales por el Tribunal Constitucional como si fuesen leyes, cosa que evidentemente no son las normas forales, infringiendo lo establecido en el Estatuto de Autonomía vasco, que claramente también residencia en la jurisdicción contenciosa administrativa el control de las normas fiscales de los territorios vascos, ha sido un precio que se ha hecho pagar asimismo a los socialistas vascos, que habían tenido una ocasión de oro para afirmar un entendimiento propio de la foralidad, no construido sobre el mimetismo de los esquemas distorsionados, especialmente en este asunto, del nacionalismo vasco. Otra vez será.

Una segunda fuente de problemas para el gobierno socialista vasco puede provenir del fuerte poder interno de las Diputaciones, si el Partido Nacionalista que las controla adoptara una posición contraria a la responsabilidad institucional y cediese a la tentación de bloqueo. Gobernar la descentralización, aunque se trate de la interna como es el caso, siempre es difícil, pero el respeto del foralismo debe ser escrupulosamente observado. De la necesidad de pactar, esto es negociar y ceder, consustanciales a la política democrática, de suyo moderada y respetuosa con las reglas y límites del sistema, no pueden derivarse sino ventajas. Ello no se contradice con la exigencia, a su vez, de que los poderes de los territorios no asfixien a los municipios, cuya autonomía tal vez deba ser afirmada sobre nuevas bases, cosa que se trata de abordar en la nueva ley municipal.

Quedan, con todo, dos cuestiones sobre el futuro de la política vasca que pertenecen al contexto o humus cultural o espiritual, que requieren ser planteadas por su relevancia, sin duda no patente pero sí innegable. Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de resituar a Euskadi en la política española. Ocurría sin duda que del protagonismo vasco en la escena española surgía una gratificación simbólica cuya vis integradora, de otro lado, no es sensato ignorar. Este vacío que la rectificación del enfrentamiento institucional con el Estado ha dejado, de modo feliz por otra parte, debe ser atendido. ¿Qué puede ofrecer Euskadi a la política española? ¿Qué es ahora Euskadi para España, qué es el oasis vasco en estos momentos? La expresión «oasis vasco», digámoslo antes de nada, es la que utiliza don Juan Mañé y Flaqué, periodista conservador catalán que en defensa de las instituciones forales en la crisis de éstas en el siglo XIX había publicado diversas colaboraciones en el Diario de Barcelona que después recogería en el opúsculo Paz y fueros. Juan Mañé fue nombrado padre de la provincia de Vizcaya en 1876, y escribiría poco después un libro de viajes sobre el País Vasco llamado precisamente El oasis. Viaje al país de los fueros. Suerte bien errática la de algunas expresiones, que tras el extravío de su referencia primera pueden acabar, como un bucle de pensamiento, en su significación original. De modo que hoy, en la situación algo complicada en que nos hallamos, el oasis, esto es, ese sitio placentero y apartado en el que nos gustaría estar, puede ser, nuevamente, el País Vasco. El oasis vasco es una isla de racionalidad en la política española, que afirma un espacio para la convergencia, y otro para la disputa o la discrepancia. Ni el ámbito común puede ser exagerado, ampliando indebidamente el terreno del consenso, ni puede ser reducido el plano de la discrepancia. En la política vasca la confluencia lleva a la aceptación de las reglas de juego, mientras no se cambien las constitucionales y las estatutarias en sus presentes términos, asumiendo unas pautas de comportamiento político acordes con la integración y el pluralismo que el orden democrático requiere. Es este ejemplo el que modélicamente puede llevar la política vasca a la escena española, quizás no desdeñable en una situación de crisis que ha de comportar una respuesta política, diseñada y llevada a cabo con protagonismos compartidos y flexibles. Quizás desde el gobierno socialista de Euskadi pueda apuntarse una relectura en clave centrípeta del Estado autonómico reforzando la cooperación y la integración, que necesita, frente a la debilidad confederal acechante una reafirmación de los amarres federales de los que el Estado de las autonomías dispone.

Con todo, la nueva situación vasca no sólo debe ser la ocasión de esta nueva mirada hacia fuera por lo que hace a las relaciones con España, sino que necesita una renovación asimismo interna, un vasquismo integrador, una ideología posnacionalista que explique a los propios vascos en términos de suficiente complejidad y coherencia la posición del País en el siglo XXI. Esa nueva mirada debe atender, me atrevo a insinuar, tres exigencias. En primer lugar un respeto a la pluralidad del País, que es irreductible amolde alguno ideológico, social o territorial: no hay entonces lugar para la pretensión hegemónica de proyecto alguno, al modo que intentara el nacionalismo soberanista de Ibarretxe. Euskadi sólo puede ser democrática y ello conlleva la legitimidad de cualquier opción siempre que se renuncie a la imposición por la fuerza y se observe la igualdad concurrencial de todos los proyectos. En lo cultural, ello significa afirmación del bilingüismo, atención a la literatura y el pensamiento que elija el euskera como idioma nacional de expresión, etc.

En segundo lugar apertura hacia España, como ámbito de inserción natural del marco político y vital de Euskadi. Hablamos entonces de la necesidad de recuperar el papel dinamizador del País Vasco en la vida económica y política española. Se ha de reclamar un mayor protagonismo del País Vasco en la escena española, que para nada ha de restar los esfuerzos para la afirmación propia de Euskadi; se trata más bien de amplificar el eco de lo vasco, de un lado, y de otra parte expresar la voz de Euskadi en el entendimiento de los problemas comunes de España. Por tanto no se trata sólo de hacer presente (representar) lo vasco en España, que también, cuanto de expresar la idea vasca de los intereses comunes de España.

Esta línea, por último, ha de prolongar la reflexión de una generación de pensadores vascos, hombres de razón, en torno a los años 50 y 60 del pasado siglo, que trataron de poner al día en circunstancias bien difíciles, las del franquismo y el aislamiento con el mundo del exilio, el fuerismo como síntesis perfecta del particularismo y el españolismo. Se trata de un pensamiento de notable refinamiento espiritual y que cultivó un amplio espectro temático que hay que rescatar y poner al día. José de Arteche fue un gran escritor. Julio Caro un antropólogo de destreza y conocimiento extraordinarios de relieve internacional. José Miguel de Azaola es un funcionario que en época bien temprana reflexiona sobre Europa y que tiene un conocimiento extraordinario de las experiencias de descentralización de otros países y un dominio exhaustivo de las condiciones de la regionalización española y vasca en particular. Fausto Arocena es un fino historiador, pulcro y exacto, que resiste el sociologismo de moda y que respeta el valor de la historia política, que hoy resulta extraordinariamente atractivo. Luis Michelena es un lingüista sobre cuyas bases se ha levantado todo el edificio de la filología y los estudios de la literatura vasca de nuestros días en parangón perfecto con los estándares internacionales más exigentes. Añádanse nombres como Carlos Santamaría, José Ignacio Tellechea, Antonio Beristain, Paulino Garagorri y otros. Gente que no disfrutó, además, del apoyo institucional que habría podido representar la universidad vasca -inexistente- y operó en condiciones profesionales no sólo insatisfactorias sino precarias. Ellos, por otra parte, sobre las bases del mejor fuerismo asociado a empresas como la revista Euskalerria o la Sociedad de estudios vascos, y nombres como los hermanos Echegaray y Urquijo, representan un hilo de pensamiento y cultura que, por otra parte, se puede complementar con aportes del nacionalismo y el tradicionalismo, cuyo conocimiento a la hora de formular una cobertura espiritual del pluralismo vasco es del mayor interés.