Paisaje después del 14-M

Autor: Antonio Santamaría

Revista: El Viejo Topo nº 193

Las excepcionales circunstancias que han propiciado la victoria electoral
de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la crisis política
y moral más grave vivida por el país desde el 23-F de 1981,
parecen anunciar un ciclo reformista. Una nueva etapa donde todos los partidos,
incluido el PSOE, deben resituarse.

En la campaña de las generales de 1996, José María
Aznar proclamó la necesidad de una «segunda transición»
para corregir los desequilibrios institucionales del sistema político
español. Por un lado, se critica con dureza el estilo de Felipe González,
cuyas repetidas mayorías absolutas han revelado las peores tendencias
del sistema y cuestionan la calidad de la democracia, que publicistas conservadores
comparan con el México dominado por el PRI. En este sentido, se apuntan
una serie de reformas para dar mayor protagonismo al Parlamento y a sus
comisiones de investigación, a asegurar la independencia del Poder
Judicial frente al intervencionismo del ejecutivo y a garantizar la neutralidad
de los medios de comunicación públicos. Por otro, se quieren
resolver los constantes conflictos entre el gobierno central y los ejecutivos
vasco y catalán. Se presentan propuestas, cuyo plato fuerte es la
reforma del Senado, en términos muy parecidos a los planteados ahora
por el PSOE. En este contexto, las tesis del ex ministro franquista, fundador
del partido y presidente de Galicia, Manuel Fraga, sobre la conversión
de los gobiernos autónomos en «administración única
del Estado», suenan a música celestial frente al denostado jacobinismo
de González.

Los comicios de 1993 dejan un sabor amargo en el PP. Aznar, convencido
de sus posibilidades, acepta un doble cara a cara con González en
TV5, en cuyo segundo round se impone el presidente de gobierno, que obtiene
una ventaja de un millón de votos. Las bochornosas imágenes
de dirigentes populares proclamándose vencedores de los comicios
cuando no ha finalizado el escrutinio indican el grado de frustración
que sucede a esa noche triste. La derrota conduce al PP a profundizar en
las dos líneas que han marcado la estrategia de Aznar desde que,
en septiembre de 1989, se hizo con la dirección del partido. Por
un lado, se refuerza la imagen moderna, centrista y regeneracionista, frente
a los tics neofranquistas, que se ha visto en la campaña y cuyo portavoz
es el diario El Mundo; por otro, se exacerban los ataques y descalificaciones
al presidente del gobierno («¡Váyase señor González!»)
y al PSOE envuelto en escándalos de corrupción, las secuelas
judiciales de los crímenes de los GAL y la ineficacia en la lucha
contra ETA, que comete graves atentados contra figuras que encarnan las
más altas funciones del Estado. Jordi Pujol, que había sido
uno de los políticos más elogiados por los medios de la derecha
como uno de los pocos valladares frente a las mayorías socialistas,
es objeto de furibundos ataques («enano habla en castellano»),
a causa de su pacto con un PSOE sin mayoría absoluta. Un línea
dura cuyos portavoces son el diario ABC, cadenas radiofónicas
como COPE, Onda Cero y Antena3 TV, el «sindicato
del crimen», según González.

La operación de acoso y derribo, capitaneada políticamente
por Álvarez Cascos e ideológicamente por Pedro J. Ramírez,
según las posteriores revelaciones del entonces director de ABC
Luis María Ansón, no se detiene ante nada. Ni siquiera ante
el uso partidista de la lucha antiterrorista, en un momento muy delicado:
cuando Juan Alberto Belloch y Margarita Robles están procediendo
a una difícil limpieza de las alcantarillas del ministerio del Interior.
El 19 abril de 1995, Aznar salva la vida gracias al blindaje de su vehículo,
lo que viene a reforzar esta estrategia y le convierte en paladín
de la lucha contra ETA. Si el atentado contra Carrero Blanco (1973) abortó
los planes continuistas de Franco, el atentado contra Aznar favorece su
carrera hacia La Moncloa, al convertirlo en una victima viviente del terrorismo.

La enorme presión política y mediática obtiene sus
frutos. En julio de 1995, tras dos años de alianza, CiU retira el
apoyo parlamentario al PSOE y en septiembre se niega a votar los Presupuestos
Generales del Estado, lo que precipita la disolución de las Cortes
y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en marzo y autonómicas
en noviembre de 1995. A despecho de los sondeos que auguraban un serio correctivo
al PSOE, Aznar sólo consigue la mínima ventaja de 300 mil
votos sobre González, que matemáticamente podría formar
gobierno si se aliase con IU y los nacionalistas vascos y catalanes. Es
la «dulce derrota» de Alfonso Guerra.

Un resultado, por debajo de las expectativas, que obliga a pactar con
CiU y PNV para alcanzar la «mayoría suficiente». Paradójicamente,
Aznar tiene a su favor el clima de crispación creado por la campaña
de acoso y derribo. La alternancia no sólo contribuirá a aflojar
la tensión, sino que ratificará la senda moderada y centrista
emprendida por la derecha. Aznar es investido presidente de gobierno con
el apoyo de CiU, PNV y CC a cambio de importantes concesiones en política
autonómica (cesión de tramos de impuestos, desbloqueo y ampliación
de competencias, renegociación del sistema de financiación…)
como prenda de una nueva etapa de colaboración entre administraciones
central y periférica.

El enroque del PP

Ocho años después Aznar ha defraudado, punto por punto,
las expectativas generadas y ha situado a la derecha en una posición
muy difícil y de máximo aislamiento tanto a nivel nacional
como internacional. Contra lo que es habitual en democracia, Mariano Rajoy
no pone sus cargos a disposición del partido y atrasa hasta otoño
el ineludible Congreso del PP, previsto en enero de 2005. Además,
nombra secretario general a Ángel Acebes y portavoz parlamentario
a Eduardo Zaplana, los ministros más desacreditados por la gestión
informativa del 11-M. Aznar, en la esperada primera comparecencia pública
tras la derrota en TV5, proporciona las claves de la línea del partido
tras la derrota. Aunque reconoció la legitimidad formal de
la victoria de Zapatero, se negó a asumir la menor autocrítica
sobre la guerra de Iraq, ni mucho menos sobre la manipulación informativa
tras los atentados. Intentó, sin éxito, darle la vuelta al
calcetín acusando al PSOE y a ciertos «poderes fácticos»
mediáticos, en clara alusión al grupo PRISA, de manipular
y jugar con los sentimientos de las masas para provocar un vuelco electoral
que de otra manera no se habría producido. Incluso, se permitió
el lujo de advertir a Zapatero que si cumplía su promesa electoral
de retirar las tropas de Iraq, habría «tirado la toalla»
en la lucha mundial contra el terrorismo, al que proporcionaría su
primera gran victoria política y roto con los compromisos internacionales
del Estado.

El largo proceso de transmisión de poderes en España propicia
la utilización del PP de su posición de «gobierno en
funciones» para cimentar esta orientación, con la vista puesta
en las europeas de junio, concebidas como una reválida del 14-M.
Los reiterados intentos de rebañar los últimos momentos en
el poder con nombramientos en importantes puestos del aparato del Estado
como la carrera fiscal y el Tribunal Constitucional, se ven acompañados
por la actitud incalificable de Aznar que exige un compromiso por escrito
a Zapatero para autorizar el relevo de las tropas de Iraq. Un chantaje,
de dudosa utilidad política, que llevará hasta el final, incluso
a costa de retrasar los vuelos, hasta que el presidente de gobierno in
pectore no remite la misiva.

El acto de reafirmación del 27 de octubre en el coso de Vistalegre,
precedido por la concentración «espontánea» ante
la sede central del PP en la calle Génova ­un patético
remedo de las movilizaciones del 13 de marzo­ señala el intento
de la cúpula aznarista por aglutinar al grueso de la militancia y
acallar críticas internas como las formuladas por Josep Piqué
que reclaman una interpretación autocrítica del 14-M que vaya
más allá de echar las culpas a los demás y la pronta
convocatoria del congreso del partido. Piqué recibió el castigo
por su osadía de la mano del histórico Josep Curto, que le
devolvió la pelota exigiendo su dimisión y la convocatoria
de un congreso extraordinario como lógica consecuencia de la pérdida
de la mitad de la representación parlamentaria en Catalunya. Por
esta regla de tres, Rajoy, que a diferencia de Piqué sí se
presentó a las elecciones, debería haber presentado inmediatamente
su renuncia.

El resultado de las negociaciones para la composición del Congreso
y Senado muestran el aislamiento del PP. Los socialistas, a costa de ceder
varios puestos en las mesas de ambas cámaras, consiguen arrebatar
al PP la presidencia del Senado, que podría haber obtenido con el
apoyo de Coalición Canaria (CC). Precisamente, cuando en la cámara
alta será objeto de una reforma constitucional.

La soledad internacional de un Aznar desacreditado se hizo manifiesta
en su triste despedida de la Unión Europea. Por su parte, la secretaría
de Estado norteamericana se apresuró a desmarcase de los medios ultraconservadores
USA que atribuyen la victoria del PSOE a un acto de cobardía del
electorado español, ante el temor de una ofensiva del terrorismo
islámico. Una interpretación que hace de Zapatero el presidente
de Al Qaeda y que constituye un insulto al pueblo español. Para el
subsecretario, Richard Armitage, la derrota de Aznar se explica por una
«reacción de la gente ante lo que percibieron como una mala
gestión por parte del gobierno actual» (La Vanguardia
18/03/04). Una línea que reafirmó Collin Powell en los funerales
de Estado. A nadie se le escapa que el hundimiento de Aznar y la eventual
retirada de las tropas españolas del Iraq pueden significar el principio
del fin de la Coalición. Un serio revés para Bush, inmerso
en la precampaña de las presidenciales de noviembre, incapaz de estabilizar
la situación del Iraq, a pesar de la captura de Saddam Hussein y
con un aspirante demócrata, John Kerry, pisándole los talones.

El éxito de Zapatero fue sentido casi como propio en las cancillerías
de París y Berlín. España deja de operar como el caballo
de Troya norteamericano en la UE, como se puso de manifiesto en la Cumbre
de las Azores y en la célebre Carta de los ocho, y vuelve
a alinearse con el eje franco-alemán. Prueba de la nueva sintonía
es el casi inmediato desbloqueo de la Constitución europea, vetada
por Aznar, que se apoyó en Polonia, el país del Este más
pronorteamericano y que ahora será solemnemente suscrita en Madrid.
Blair, que atraviesa uno de sus peores momentos, es el único líder
mundial que tuvo la delicadeza de despedirle personalmente.

El PP se juega mucho en las europeas del 13 de junio. Un nuevo retroceso
electoral obligaría a realizar un cambio de orientación política,
que implicaría el relevo de la actual dirección, instalada
en posiciones cada vez más derechistas. Por el contrario, un buen
resultado sería interpretado como una confirmación de la estrategia
del actual equipo dirigente y una prueba de la solidez de una base electoral,
situada en posiciones muy conservadoras. El PP abarca un amplio espectro
ideológico, de la extrema derecha al centro liberal. En Francia,
Alemania, o Portugal la derecha y el centro son espacios políticos
diferenciados, que cuentan con partidos propios; también en España
la Transición arrancó con esta representación dual:
el centro UCD-CDS y la derecha AP-PDP-PL. La refundación aznarista
de la que surge PP reúne a estas dos corrientes en un bloque que
los ocho años en el poder han contribuido a consolidar. Si no se
verifican cambios en la actual dirección del partido no se puede
descartar la emergencia de una fuerza de centro liberal en el interior o
extramuros del PP.

Izquierda Unida en crisis

La apelación al voto útil de Zapatero al principio de la
campaña, cuando se comprometió a formar gobierno sólo
si obtenía más votos que el PP, jugó tras el 11-M inesperada
y ampliadamente a su favor. Un compromiso muy criticado por el líder
de IU, Gaspar Llamazares, que lo interpretó como una agresiva OPA
hostil, que enturbia las relaciones entre las dos formaciones, mayoritaria
y minoritaria, de ámbito estatal de la izquierda española,
marcadas por años de hostilidad. Recordemos la sentencia de Alfonso
Guerra: «lo que hay a la izquierda del PSOE es problema de la Guardia
Civil» y la estrategia de destrucción y asimilación de
IU en la «casa común» de la izquierda. Desde IU, Julio
Anguita concebirá la teoría de las «dos orillas»,
soporte ideológico de la famosa pinza que, en la práctica,
otorgará al PP el gobierno de muchos ayuntamientos y gobiernos autónomos,
donde existe una mayoría de izquierdas. Esto, unido a su estilo autoritario
de dirección, provoca la escisión de Nueva Izquierda de López
Garrido que se integrará en el PSOE, la ruptura con Iniciativa per
Catalunya (IC) y el derrumbe en las municipales y autonómicas de
1995.

La caídas casi simultáneas de los carismáticos González
y Anguita propician que, en la precampaña de las generales de 2000,
Joaquín Almunia y Francisco Frutos suscriban un pacto preelectoral
que no impide que la izquierda coseche el peor resultado desde la reinstauración
de la democracia. A pesar de este poco estimulante precedente, la situación
creada por la mayoría absoluta, el giro a la derecha del PP y la
renovación en las direcciones de PSOE e IU favorecen la aproximación
y la colaboración entre Zapatero y Llamazares. Una alianza que se
materializa en la huelga general, las movilizaciones del Prestige
y contra la guerra. La crisis de la Comunidad de Madrid, que comporta la
repetición de los comicios, aborta la que hubiera sido la primera
experiencia de gobierno PSOE-IU y deja un regusto amargo, sólo parcialmente
compensado por la formación del tripartito en Catalunya.

A diferencia de Rajoy, Llamazares pone inmediatamente su cargo a disposición
de la dirección de IU, a sabiendas que difícilmente se aceptará,
pues es evidente que circunstancias de «fuerza mayor» ha precipitado
el desastre electoral y que su dimisión debilitaría aún
más la imagen de la coalición. En cambio, sí se admite
la renuncia a sus cargos en IU de Frutos, secretario general del PCE, que
aspiraba a encabezar la candidatura de las europeas. La debacle de IU, que
sólo conserva tres diputados y pierde todos sus escaños en
Andalucía, le obliga a pactar, de igual a igual, con los dos diputados
de ICV-EUiA para formar grupo parlamentario. Los ecosocialistas catalanes
imponen sus condiciones; por un lado, otorgar la portavocía del grupo
a Joan Herrera; por otro, reorientar política e ideológicamente
la coalición hacia el discurso ecologista y altermundista, hacia
la juventud y los nuevos movimientos sociales.

Una línea defendida por Llamazares en la asamblea de diciembre
pasado, que consiguió frenar la oposición del catalán
Frutos, que conoce a fondo los entresijos de la izquierda en Catalunya.
El éxito de ICV-EUiA, que pasa de uno a dos escaños, contrasta
con el hundimiento de IU y da cierta razón al coordinador general
de IU frente a las tesis del secretario general del PCE, a pesar de que
el éxito de los catalanes resulta muy limitado: en el 2000, ICV e
EUiA concurrieron por separado; la primera obtuvo 112 mil votos (3,54%),
la segunda, 75 mil (2,23%). En el 14-M, si ponderamos el aumento de la participación,
sólo se han conservado posiciones (5,85%), aunque visto el retroceso
general de IU, mantenerse puede ser presentado como una victoria.

Las tensiones, largamente contenidas, estallan de mala manera cuando
Llamazares, sin contar con la dirección de IU, que se entera por
la prensa del asunto, ofrece a Jiménez Villarejo (ex militante del
PSUC, fiscal del caso Banca Catalana en 1984 y ex fiscal anticorrupción)
encabezar la lista de las europeas. Frutos, que ha renunciado al puesto,
no puede contenerse y califica la decisión de «cacicada»
y considera que Llamazares, responsable de la derrota, «debería
hacer las maletas e irse a su pueblo». Villarejo, para no convertirse
en un factor de «división», renuncia a una candidatura
a la que había dado su conformidad. Las críticas a Llamazares
por este asunto se extienden a otras corrientes y a las federaciones madrileña
y catalana de la coalición.

Como señaló Manuel Monereo, IU se debate entre dos opciones
contradictorias, de difícil conciliación, «entre la izquierda
complementaria y la izquierda para la alternativa». La primera implica
operar como una especie de extrema izquierda en el marco del actual régimen
político, como la mala conciencia izquierdista del PSOE; la segunda
implica abrir una perspectiva de ruptura donde IU aspiraría a disputar
al PSOE la hegemonía de la izquierda española, pero que implica
correr el riesgo de arrojar a la formación al extraparlamentarismo.
Además, todo parece indicar que IU camina a pasos agigantados hacia
su estallido.

El futuro de Plan Ibarretxe

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el gobierno del PSOE
es el relativo a la organización territorial del Estado y al pleito
político-simbólico planteado por los gobiernos de Euskadi
y Catalunya, exacerbados por el PP durante la pasada legislatura.

La polémica votación separada, en el Parlamento Vasco,
de las enmiendas a la totalidad del Plan Ibarretxe (22/03/04) fueron el
marco utilizado por el portavoz y presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren,
para lanzar una sorprendente oferta al tripartito vasco, que significa la
extensión del certificado de defunción del bloque constitucionalista
PP-PSE. El Plan Ibarretxe es un proyecto de la etapa anterior, una respuesta
del nacionalismo vasco a la ofensiva centralista del PP. La victoria de
Zapatero en España y el hundimiento de Mayor Oreja en Euskadi inauguran
un nuevo periodo de distensión y de diálogo, donde el Plan
Ibarretxe resulta un obstáculo objetivo. Si el gobierno vasco procede
a retirarlo y plantea una reforma del Estatuto, en términos parecidos
a la Generalitat de Catalunya, los socialistas vascos estarían dispuestos
no sólo a impulsar una generosa reforma estatutaria, sino a contribuir
a la estabilidad del ejecutivo. Al fin y al cabo, como recordó Eguiguren,
el Plan Ibarretxe y la propia estabilidad del gobierno vasco dependen del
comportamiento de los diputados de SA y si las enmiendas a la totalidad
se hubieran votado conjuntamente, el Plan habría acabado su trayectoria
institucional.

A diferencia de la propuesta catalana que respeta los procedimientos
contemplados en el Estatut y la Constitución para su reforma, el
Plan Ibarretxe los ignora. Plantea un nuevo marco de relación entre
Euskadi y el Estado español, el status de libre asociación,
de difícil encaje en el sistema constitucional vigente. La propuesta
del PSE-EE fue rechazada por el portavoz del gobierno vasco, el peneuvista,
Miren Azkarate, que no vio motivos para retirar el Plan, pidió a
los socialistas vascos que concretaran su propuesta y que como en Catalunya
reconozcan que Euskadi es una «nación» con «derecho
a decidir y ser consultada sobre su futuro». Una respuesta en la misma
línea que el portavoz de la línea dura del PNV, Joseba Egibar,
que criticó que «en nombre de un nuevo clima, de la nueva era
que queremos abrir, se nos diga que retiremos una propuesta que ya cuenta
con el apoyo de tres partidos.» El secretario general del PSE-EE, Patxi
López, expresó su decepción por lo que calificó
de «lamentable error» ante «el primer gesto» de «una
nueva etapa presidida por el diálogo y el entendimiento.» El
PNV no busca negociar su plan sino su «imposición», pues
«cuando se les ofrece reformar el Estatuto con consenso suficiente
dicen que no», lo que demuestra que siguen anclados «en la etapa
anterior.»

El 1 de abril se reúne por primera vez la ponencia creada por
el Parlamento vasco para la discusión del Plan y que según
Eguiguren será «puro teatro», pues el «único
debate que se va a producir es entre los tres partidos del propio Gobierno».
El diálogo que ofrecen los nacionalistas es capcioso, «plagado
de condiciones, de aceptas la autodeterminación o hay nada que hacer.»

Las perspectivas inmediatas del Plan son inciertas. El proyecto sólo
podrá proseguir su andadura parlamentaria ­a expensas de la resolución
del Tribunal Constitucional planteada por el PP para impedir su debate en
la cámara vasca­ si cuenta con el apoyo de los ocho diputados
de Batasuna-SA; algo imposible si ETA no proclama una tregua, lo cual no
debe descartarse a luz del comunicado conciliador que la organización
armada difundió después del 14-M. El Plan tampoco podrá
contar con el apoyo del PSE-EE, al situarse al margen del consenso constitucional
y estatutario, y mantener un foco de enfrentamiento con el Estado. Como
recogió El País (29/03/04), la pregunta «¿Dónde
está el Plan B del lehendakari?» se extiende entre políticos
y analistas.

Tensiones en el tripartito catalán

En Catalunya, pasadas las primeras alegrías y coincidiendo con
los primeros cien días del tripartito, se genera una agria polémica
sobre las consecuencias constitucionales de la reforma del Estatut. Una
discusión que, con el telón de fondo del triple desafío
lanzado por ERC, revela que la vía catalana no será un camino
de rosas.

Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat y del PSC, aprovechó
la reunión del Consell Nacional del partido (28/03/04) para enunciar
sus prioridades políticas en la nueva etapa. El PSOE, que se ha liberado
de las hipotecas del PP y de su doctrina sobre la «unidad de España»,
más allá de administrar la victoria debe «proceder a
una relectura de los textos fundamentales» y a su eventual reforma.
El primer secretario del PSC y futuro ministro de Industria, José
Montilla, será el encargado de defender en el Consejo de Ministros
las tesis federalistas y combatir al sector centralista y jacobino del PSOE,
representado por el titular de Defensa in pectore, José Bono.

La respuesta del PSOE no se hace esperar. El secretario de organización,
José Blanco, enmendó la plana a Maragall y aseguró
que la reforma del Senado es la única modificación constitucional
contemplada en el programa electoral. Esto provoca, el mismo día
que se cumplen los primeros cien días del tripartito, la áspera
réplica del portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadal, uno de los
más conspicuos representantes del sector catalanista del PSC, y del
conseller en cap de ERC, Josep Bargalló. Ambos advirtieron, con cajas
destempladas, que la reforma del Estatut implicará reformas constitucionales
y que no se pararán ante los límites impuestos por Blanco.
Una posición compartida por el portavoz parlamentario de ICV-EUiA,
Joan Boada. Su homólogo del PSC, Miquel Iceta, próximo a Montilla
y a los capitanes, se desmarcó de estas críticas y defendió
en solitario a Blanco. El PSC nunca ha planteado una reforma constitucional
que vaya más allá del Senado, una limitación que consta
expresamente en los acuerdos del tripartito. Un aviso del malestar de este
sector del PSC por una presión directa sobre Zapatero que aún
no ha sido investido presidente. Maragall quiso zanjar la polémica
y subrayó que el objetivo de la reforma del Estatuto no es modificar
la Constitución, sino elaborar un buen texto. Las Cortes españolas
decidirán si el proyecto estatutario exige reformar la Constitución,
lo que significa mantener las espadas en alto.

El debate se ve distorsionado por los tres órdagos consecutivos
lanzados por ERC, que plantean un horizonte de inestabilidad en el tripartito
y de tensiones entre PSOE y PSC. El primero simbólico, derivado del
reconocimiento internacional de la selección de hockey sobre patines,
uno de los pocos deportes donde Catalunya es una potencia mundial. La federación
catalana, en connivencia con el secretario de deportes de la Generalitat,
Rafael Niubó, de ERC, actúa en secreto, a espaldas de la federación
española, del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del PSOE. Sin
negociar con nadie, presenta el reconocimiento internacional como un hecho
consumado. Una medida que descarga sobre los jugadores la difícil
disyuntiva de elegir entre España y Catalunya, como opciones excluyentes.
La manifiesta deslealtad de la iniciativa, que aprovecha una situación
de vacío de poder, provoca la dura y previsible reacción de
las autoridades deportivas en funciones del PP, que denuncian el hecho ante
los órganos internacionales correspondientes y abren un expediente
sancionador a la federación catalana. En el PSOE, en una situación
muy incómoda, Blanco debe volver a ejercer de bombero. Sin excluir
fórmulas para el reconocimiento de las selecciones deportivas, afirmó
que «la doctrina en la que nos movemos es la del COI, que sólo
acepta a los Estados independientes reconocidos por la comunidad internacional».

La buena nueva desata la euforia en el tripartito. Niubó se apresura
a reclamar la modificación de la ley española del deporte
para dar cabida a las selecciones catalanas. Bargalló valoró
la noticia como un «paso adelante», aunque matizó ­en
un alarde de fariseísmo­ que el gobierno catalán quiere
situar este asunto «en la esfera privada y autónoma» del
deporte. Maragall reiteró su posición favorable a las selecciones
deportivas y, ante las cámaras de TV3, se preguntó: «¿hay
nombre para la selección del resto de España? Porque si no
lo hay, habrá que inventarlo». El presidente de la Generalitat
dejó claro que, en caso de conflicto entre el PSOE y ERC, apoyará
a sus socios en el tripartito, y que a catalanismo no le gana nadie. Tras
la intensa ola de solidaridad con el pueblo de Madrid generada en Catalunya
el 11-M y cuando la victoria de Zapatero permite reconducir los conflictos
territoriales en términos de distensión y diálogo,
los dirigentes de ERC, con la benevolente convivencia de Maragall, se apresuran
a echar leña al fuego identitario en un terreno muy sensible, con
una provocación que viene a dar la razón a los sectores más
duros del PP.

El segundo órdago fue de naturaleza institucional. La consellera
de Educación, Marta Cid, (ERC) decide unilateralmente no aplicar
la polémica Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza
(LOCE). Otro hecho consumado al que se suman los gobiernos vasco y canario
y que, como en el caso del hockey, proporciona abundante munición
al PP y obliga a los dirigentes del PSOE, que no han sido consultados, a
salir al paso. La encargada es Carme Chacón del PSC, del equipo Zapatero
y portavoz del PSOE en enseñanza de la pasada legislatura, que advirtió
a la Generalitat que no debe generar «inseguridad jurídica»
y reiteró el compromiso de decretar una moratoria de la LOCE, que
mientras tanto debe ser cumplida.

Como colofón a la escalada, Carod-Rovira preside una rueda de
prensa hiperrealista. Rodeado de sus consellers en el tripartito,
quiso demostrar que ha superado la crisis derivada de su reunión
con ETA que le apartó del gobierno, realizando una obscena demostración
de su poder en ERC. Carod, que se mostró dolido con Maragall y Joan
Saura por su actitud en la crisis, reiteró su determinación
de ser el próximo presidente de la Generalitat. Carod, que renuncia
a su acta de diputado en Cortes pero no a entrevistarse con el Rey, se convertirá
posiblemente en el portavoz parlamentario del partido en el Parlament de
Catalunya. Así, él desde fuera y los consellers-marionetas
desde dentro, generarán una permanente inestabilidad que tendrá
su cénit en la negociación sobre el nuevo Estatut. ERC, apoyándose
en CiU con la que podría formar mayoría absoluta, podrá
exigir un texto de máximos, difícilmente aceptable para el
gobierno central. Una estrategia de desgaste a Maragall, siempre a remolque
de las iniciativas de ERC, tendentes a exacerbar las contradicciones entre
PSOE y PSC y entre las dos almas de socialismo catalán personificadas
por Montilla y Maragall, en el horizonte de un agudo conflicto institucional
entre los gobiernos español y catalán.

Mientras en Euskadi el PSE-EE cumple un papel de contención respecto
a las aspiraciones soberanistas de amplios sectores de las clases medias,
la dirección del PSC actúa en sentido contrario y abre las
puertas al proyecto independentista de ERC. Si en el País Vasco,
a pesar del Plan Ibarretxe, tiende a descender el nivel de tensión
y crispación, en Catalunya puede ocurrir todo lo contrario, a la
vista de la estrategia de Carod, cada vez más a gusto en su papel
de líder populista.

CiU, muy debilitada tras un ciclo electoral adverso que le ha arrojado
de la Generalitat y le impide ser fuerza decisiva en Madrid, observa con
satisfacción un río revuelto que le permite concebir esperanzas
de recuperar las posiciones. Los líderes de la federación
nacionalista se apresuraron a extraer las lecciones del 14-M: los pactos
con el PP han «contaminado» ­Pujol dixit­ la imagen de
CiU, una fuerza de centro-izquierda que ha acabado confundida con la derecha.
Ahora bien, ni un Artur Mas sin personalidad política propia, ni
un Duran i Lleida demasiado vinculado a los pactos con el PP, parecen ofrecer
una alternativa de liderazgo solvente. Quizás por ello, en los mentideros
políticos de Barcelona, se especula sobre el posible retorno de Miquel
Roca como la solución mágica a todos los problemas.

El gobierno del PSOE

La composición del gobierno cumple la promesa de paridad de géneros
y desea combinar preparación y solvencia técnica con el equilibrio
político entre las diversas familias del partido, como las que representan
en sus extremos Bono y Montilla o entre la vieja guardia felipista y la
nueva guardia surgida del 35º Congreso. La designación de Pedro
Solbes como superministro de Economía y Hacienda, con plenos poderes
para controlar el gasto de los demás departamentos, frente al aspirante
Miguel Sebastián, hombre de confianza de Zapatero, procedente del
servicio de estudios del BBV y que elaboró las propuestas del programa
económico del partido (con la oposición de un hombre de Solbes,
Jordi Sevilla, titular de Administraciones Públicas), plantea serias
dudas sobre el alcance de las reformas y la necesaria de expansión
del gasto público, ahora constreñida por el corsé neoliberal
del déficit cero. Solbes personifica la continuidad con la política
económica neoliberal del felipismo y con la ejecutoria de Rodrigo
Rato. Como comisario europeo de Asuntos Económicos fue un firme defensor
del Pacto de Estabilidad, lo que le llevó a enfrentarse sin éxito
a los gobiernos francés y alemán. No obstante, la presencia
de Sebastián en el equipo de asesores de Zapatero en La Moncloa indica
la lejana posibilidad de un recambio en la dirección de la política
económica por la senda moderadamente keynesiana, frente a la ortodoxia
neoliberal de Solbes.

Zapatero llega al poder en una situación compleja, con urgentes
problemas planteados que no admiten demora y después de cuatro años
de tensiones y crispación que han exacerbado los conflictos políticos
y territoriales. Su misma posición no deja ser contradictoria; por
un lado, goza una amplia legitimidad democrática y de un periodo
de gracia que le facultan para un liderar un ciclo reformista y regeneracionista
que puede contar con amplios apoyos ciudadanos; por otro, dispone de un
margen de maniobra muy reducido y está obligado a cumplir sus compromisos
electorales, si no desea que las ilusiones y esperanzas despertadas se transformen
en muy poco tiempo en amarga decepción.

La sesión de investidura, las primeras medidas del gobierno y
el resultado de las europeas ­planteadas como una reválida de
las generales y que cerrarán el ciclo electoral iniciado el 25 de
mayor del 2003­ proporcionarán los primeros indicios para evaluar
cuales son los desarrollos de los procesos políticos aquí
apuntados.