Un pacto nacional en Educación

Autor: José Félix Tezanos

Revista: Temas para el Debate nº 180

En las tres décadas y media que llevo ejerciendo la docencia en la Universidad casi he perdido la cuenta del número de cambios normativos que he conocido. Cuando ocupé mi primer puesto docente había un procedimiento de acceso, cuando realicé mi primera oposición para una plaza de Profesor Adjunto (rebautizada luego como «titular») el procedimiento era otro. También fue distinto el método en la primera Cátedra que gané en la Universidad de Santiago de Compostela, y cuando me presenté a la Cátedra que actualmente ocupo en la UNED, muy poco tiempo después, ya habían cambiado de nuevo los reglamentos. Pero, posiblemente lo peor y más confuso ha venido después. Aunque ya no haya sufrido los cambios como «opositor», o «concursante», o «habilitado», o «acreditado», he seguido el carrusel de las modificaciones desde el otro lado de la barrera, como miembro de Tribunales, Comisiones, Comités y otras instancias de evaluación, incluso a través de «Internet», como ocurre últimamente.

Asimismo, he participado en múltiples comisiones, grupos de expertos, comités de coordinación y juntas y asambleas en las que he discutido sobre un buen número de planes de estudio, al tiempo que como Director del Departamento he coordinado no sé cuántos cambios de Estatutos, debido a las sucesivas modificaciones legislativas. Y, por lo demás, eximo al lector de darle cuenta de los cambios acaecidos en los estudios de doctorado, pues ni yo mismo soy capaz de retener en la memoria los detalles de tantas mutaciones sucesivas.

El sistema educativo español necesita en estos momentos un amplio acuerdo político y social que inaugure un período razonable de estabilidad legislativa y que permita concitar los apoyos precisos para avanzar en una apuesta decisiva de calidad.

Retraimientos pesimistas

Ante esta dinámica tan dislocadora no es extraño que algunos profesores hayamos acabado hartos y agotados, después de perder tanto tiempo y energías en unas tareas reglamentaristas, constitutivas y refundacionales que no parecen tener fin, y cuyo resultado sucesivo no está claro que sea mejor que el anterior. Creo que no exagero si afirmo que la mayoría de los profesores universitarios no están muy convencidos, por ejemplo, de que los últimos cambios legislativos, por sí solos, nos aproximen más al modelo de una Universidad de calidad. El escepticismo y el cansancio es tan grande que entre los más veteranos apenas se escuchan pronunciamientos o formulaciones críticas en público, aunque por doquier se escucha un runrún sordo y privado de pesimismo y malestar. Por eso mi impresión es que el pulso subyacente de la Universidad no va por buen camino.

La adaptación al marco de convergencia universitaria establecido en Bolonia parecía que podía ser una oportunidad de oro para impulsar las mejoras que necesita la Universidad española. Sin embargo, los resultados distan de ser óptimos, debido a algunas de las razones señaladas en mi artículo del pasado mes de septiembre (Las Universidades ¿de verano?). Los nuevos planes de estudio se han discutido y aprobado en reuniones y Asambleas compuestas muchas veces por más de cien personas, en base a dictámenes de Comisiones en las que lamentablemente han solido pesar más las relaciones de poder o los activismos «conspiratorios» que la lógica de la racionalidad académica, dominado todo ello por un extraño furor «acaparador» de créditos y asignaturas por parte de los activistas más conspicuos. Desde luego, incluso una persona decididamente partidaria de la democracia participativa, como yo, se puede dar cuenta de que en cuestiones de experiencia y conocimiento hay que saber operar de acuerdo a criterios selectivos y en función de objetivos estrictamente académicos. Y en muchos casos esto no ha sido así, de forma que los «novísimos» planes de estudio, más o menos adaptados a los criterios de Bolonia, presentan no pocas disfunciones lógicas, carencias, solapamientos y otros problemas que se acabarán haciendo notar más pronto que tarde.

Además cada Universidad ha hecho los nuevos planes de estudio a su aire y en un contexto general en el que los nuevos master de postgrado se han multiplicado como hongos con un furor diversificador y con una exuberancia temática que se ha acabado contando por millares. En fin, un auténtico despropósito que no será fácil enmendar, al tiempo que no se está prestando la atención precisa a la necesidad de reclutar buenos profesores universitarios, con criterios de publicidad, mérito e igualdad de oportunidades, que resulten fiables y claros, y que vayan acompañados por políticas salariales y de incentivos que motiven -y premien- suficientemente a los buenos profesores, sacando de una vez a España del vagón de cola de los países de la OCDE, también en lo que a este punto se refiere. Hace poco comentaba con un Rector, medio en serio medio en broma, que una buena forma de plantear esta exigencia profesional y salarial, sobre todo para los profesores más jóvenes, era demandar unos niveles retributivos comparables a los de los profesores universitarios de Grecia o Portugal, por ejemplo, que van bastante a la zaga de España en lo que a renta per cápita se refiere.

El problema es que todos estos elementos dislocantes y exageradamente cambiantes están impidiendo a las Universidades españolas alcanzar los niveles de calidad y de buena funcionalidad que son necesarios para ponernos a la altura de las Universidades punteras del mundo. O al menos para posibilitar que algunas Universidades españolas se sitúen en el ranking de las 100 o 200 mejores Universidades del mundo.

Desde luego, lo que se puede decir de las Universidades españolas es también aplicable en buena medida a la enseñanza secundaria, donde también se hace imprescindible alcanzar una razonable estabilidad, una buena funcionalidad y un clima organizativo y de estímulo que permita subsanar las causas que explican los retrasos de España que se reflejan en los Informes PISA, por ejemplo.

Avances educativos

Las apreciaciones críticas no debieran hacernos olvidar, en cualquier caso, de dónde venimos en materia educativa y los esfuerzos que se han realizado en el actual ciclo democrático. Los avances económicos, la expansión de las clases medias y las propias políticas de los gobiernos dieron lugar durante los últimos lustros a una auténtica eclosión educativa, hasta el punto de que el número de alumnos matriculados en la Universidad ha llegado a superar la cifra del millón y medio, con una proporción de mujeres que incluso es ligeramente superior a la de los varones. En enseñanza media también se han hecho esfuerzos notables, especialmente en los primeros gobiernos de Felipe González, en los que se multiplicó el número de becas, se crearon más de millón y medio de nuevos puestos escolares y se modernizaron multitud de escuelas, para dotarlas de medios y condiciones suficientemente dignas, al tiempo que se liberó a muchas familias de clase media de un esfuerzo económico apreciable, mediante un sistema de «enseñanza concertada» que garantizaba el derecho de los padres a la elección de escuelas para sus hijos.

Precisamente durante los años de mayor esfuerzo educativo España pasó a ocupar el puesto número 9 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, para retroceder después a los puestos 20 o 21, a medida que descendía el porcentaje de PIB dedicado a Educación Pública (en el último Informe España se sitúa en el puesto número 15).

Pero no se trata sólo de una cuestión de recursos, sino también de criterios y de estabilidad. No puede ser que cada nuevo gobierno, o incluso cada nuevo Ministro o Ministra, quiera hacer sus propias leyes, reglamentos y procedimientos de selección de profesorado y de elección de directores de escuela y rectores de Universidad.

Por eso, la propuesta del actual Ministro de Educación de formalizar un gran pacto educativo cuya contenidos puedan permanecer varios lustros, me parece lo más sensato que se puede hacer en estos momentos. El prestigio académico del actual Ministro y su experiencia en diversos puestos de gestión Universitaria, como decano y rector, le acreditan para impulsar esta iniciativa tan necesaria. Ahora sólo queda que los partidos políticos sepan estar a la altura de la situación, que los que participen en esta negociación estén bien informados sobre los problemas de fondo que aquejan a nuestro sistema educativo y no se dejen llevar por discusiones oportunistas en torno a cuestiones ideológicas o de poder académico.

Es necesario reclutar a buenos profesores y motivarlos con políticas salariales y de incentivos que sitúen a España a nivel europeo.

Medidas de sentido común

Un pacto de esta naturaleza, que ponga el acento en los intereses y necesidades comunes de nuestro sistema educativo, es perfectamente factible, de la misma manera que fue factible llegar a una Constitución consensuada, en cuyos contenidos no todo el mundo estaba de acuerdo al cien por cien, pero que ha dado buenos resultados en términos políticos y de estabilidad, inaugurando una de las etapas más fructíferas en la historia reciente de España. Igual hay que hacer en la Educación, quizás no a partir de grandes leyes generales, sino con medidas prácticas que permitan alcanzar objetivos funcionales de sentido común, incluso de manera paulatina, cuando ello sea necesario.

Me parece, pues, que la propuesta de un gran pacto educativo nacional va a tener bastante apoyo social, no sólo por parte de los docentes, sino también de los estudiantes, que son los que más se pueden beneficiar de ello, y de muchos padres que no acaban de entender tantas fragmentaciones, tantos particularismos, tantos planes de estudio diferentes, tantos cambios e «inventos» y que desean un poco de sosiego, sentido común y estabilidad. Lo cual requerirá también voluntad de acuerdo y de consenso en el interior de los propios partidos políticos para poner coto a una deriva fragmentadora que está conduciendo a una disfuncionalidad notable.

De la misma manera que en el arranque de la Transición democrática el aumento de las inversiones educativas fue valorado por la opinión pública como un avance muy positivo, en estos momentos puede ocurrir algo similar si se logra dar forma a una apuesta sensata de estabilidad y calidad. Una vez cubiertos los objetivos de la universalización y la accesibilidad (vía gratuidad, conciertos o becas), el reto actual es la calidad. Y eso exige el esfuerzo de consenso y de pacto que ha planteado el Ministro Gabilondo. Ojalá que pueda llevar su propuesta a buen puerto. De momento, ha acertado en el diagnóstico. Lo cual no es poco.