Un pueblo quiere democracia

Autor: Virgilio Zapatero

Revista: Cuadernos de Alzate nº 35

LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Se hace una llamada en este momento de nuestra democracia a restaurar la infraestructura moral y a calibrar en su justa significación conceptos como el del pluralismo, la tolerancia y el respeto sin los que nuestro sistema institucional no puede mantenerse por lo menos en condiciones dignas. La recuperación de la democracia debe comenzar por el uso que en la misma se hace del lenguaje: por eso importa tanto mantener y cuidar el lenguaje de la democracia.

La democracia exige unos presupuestos previos sin los cuales no es posible comenzar su construcción: que haya un pueblo que la quiera. Tal es el primero de los a priori de la democracia. Montesquieu constataba con su conocida sagacidad «cómo es necesario que los espíritus estén preparados para las mejores leyes» porque «la libertad misma ha parecido insoportable a aquellos pueblos que no estaban acostumbrados a su disfrute.

Es así como quienes han vivido en cenagales, a veces no soportan el aire puro» ( El espíritu de las leyes , XIX.2).

Pues bien, sin entrar en el interesante debate suscitado hace algunos años en torno al grado de protagonismo que en la transición desempeñaron respectivamente los políticos y la sociedad, el cenagal del que estábamos saliendo a principios de la década de los setenta no había atrofiado nuestra aspiración de democracia como puso de manifiesto la movilización ciudadana contra la dictadura y contra quienes pretendían continuarla por otros medios. En 1975 se daban algunos presupuestos previos que hicieron posible la construcción de un sistema democrático y que, según John Stuart Mill, son estos tres: a) que el pueblo esté dispuesto a aceptar dicho sistema, b) que tenga la voluntad y la capacidad de hacer lo necesario para mantenerlo y c) que tenga voluntad y capacidad para cumplir los deberes y llenar las funciones que le imponga» (J. S. Mill, Del gobierno representativo , Tecnos, 2ª ed., 1994, págs. 44 y ss).

Y en 1975 la mayoría de los ciudadanos españoles querían un sistema democrático; establecerlo y defenderlo. Por eso podemos decir que se daban los presupuestos previos para que la Constitución de 1978 pudiera convertir en derecho legal el derecho vivo en la sociedad.

LA CONSTITUCIÓN COMO FACTOR DE CAMBIO SOCIAL

Es tradicional entre los teóricos tanto del derecho como de la sociología discutir en torno a la función que desempeña la ley en el cambio social. A la visión más mecanicista, fomentada por la concepción marxista del derecho y del Estado que ve en el derecho una superestructura que se limita a reflejar unas relaciones económicas y sociales —esto es, la concepción del legislador como fotógrafo—, le ha sucedido una concepción más realista y dinámica que considera que el derecho también puede desempeñar papel de motor del cambio social. Que el derecho no sólo está ahí para congelar en la ley unas determinadas relaciones económicas o políticas sino que es un instrumento que se puede utilizar para provocar cambios sociales; especialmente, cambios en las prácticas, los usos y las costumbres que pueden terminar interiorizándose como nuevos valores sociales, como moralidad positiva de una determinada sociedad. Pero, aun cuando se daba un sentimiento difuso a favor de la libertad, la moral cívica de sociedad española de los años setenta tenía un tinte autoritario, zafio e intolerante. La Constitución no podía consagrar en fórmulas legales esta moralidad positiva; no podía limitarse a ser espejo fiel de los valores imperantes. Quería ser, y terminó siendo, en un primer momento, el motor del cambio social.

Me atrevo a afirmar que la Constitución —con su desarrollo legislativo — fue por delante de la propia sociedad, deshaciendo prejuicios, combatiendo rasgos propios de una sociedad autoritaria, eliminando auténticos contravalores y generando nuevos modelos de comportamiento social. Los principios de libertad e igualdad consagrados en nuestra Constitución han dado lugar a la prohibición de la pena de muerte o a leyes como el divorcio o el aborto (cuya aprobación tanto escándalo y polémicas suscitaron en su momento), o la eliminación de todo tipo de discriminación existente en nuestro viejo código civil o penal y que supuso la profundización de la idea de autonomía personal hasta unos niveles desconocidos en España. Creo que, hasta cierto punto (y si tenemos en cuenta las grandes polémicas que suscitaron entonces y la nula o escasa conflictividad que hoy generan), esta Constitución ha sido más moderna y avanzada que la propia sociedad española.

NORMAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MORAL

Pero la democracia no son sólo instituciones, normas y procedimientos como los que instituyó nuestra Constitución. Una buena ingeniería constitucional —indispensable en los momentos fundacionales como el vivido en la década de los setenta y de cuya eficacia dan buena prueba los resultados medidos en niveles de libertad, progreso e igualdad— no puede proporcionar por sí sola todo lo que necesita la construcción de la democracia. Además de unas determinadas y necesarias instituciones, la democracia es un estilo de vida; una forma de vivir en política; unos «deberes» que obligan tanto a los ciudadanos como a los dirigentes.

No hace mucho leía en cierto constitucionalista alemán, Bökkenförde, que «una ordenación aceptable de la vida en común de los hombres no puede crearse y articularse sólo a través de aspectos referentes a la organización, la participación, la legitimación y la existencia de controles, esto, mediante disposiciones de carácter racional-funcional. Más allá de esto necesita también de orientaciones, concepciones y realizaciones de tipo ético-normativo» (Böckenförde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia , Editorial Trotta, Madrid, 2000, pág. 156).

Por eso, la construcción de una democracia, además de una buena ingeniería constitucional y cierta infraestructura social (ausencia de un sistema de castas, eliminación de cualquier forma teocrática de gobierno, una cierta homogeneidad social expresada en la existencia de un nosotros que se forma fundamentalmente a través de la educación y ciertas prestaciones económicas y sociales), precisa generar y hacer florecer todo un conjunto de usos, hábitos, costumbres, prácticas y valores compartidos. La democracia no son sólo derechos por más que en la conciencia popular se haya terminado desgraciadamente por identificar democracia y derechos. La democracia implica también deberes. Sin estos —lo que podríamos llamar el ethos democrático— la democracia es una cáscara vacía que, como ocurriera con la República de Weimar y con nuestra propia República, es incapaz de hacer frente a los ataques de sus enemigos.

Esto es, la democracia, además de instituciones bien diseñadas y un nosotros siquiera sea incipiente, precisa de una infraestructura moral que la defiende.

LA DEMOCRACIA, PUES, SE APRENDE

Es esta infraestructura moral entendida como un concreto y preciso conjunto de usos, prácticas, costumbres o valores, la que no había podido florecer en nuestro país durante buena parte del siglo XX. Ese auténtico capital moral, ese ethos democrático era imposible que floreciera y se desarrollara en el seno de una tan larga dictadura. No pasa en balde una dictadura por encima de un país. Y cuando esta desaparece, lo más difícil no es el reestablecimiento de normas, instituciones y procedimientos típicos de la democracia sino construir o reconstruir ese tejido de moralidad cívica que precisa para su florecimiento y maduración. Esta tarea es mucho más difícil; y requiere mucho tiempo. Por eso la democracia precisa un aprendizaje; en sus dirigentes y en sus ciudadanos.

Montesquieu insistía en la importancia que el espíritu cívico tiene en una democracia. Cada forma de gobierno —democracia, monarquía y despotismo— tiene su punto normativo de referencia. Lo mismo que el temor es consustancial con el despotismo y el honor con la monarquía, la virtud es el principio de la democracia (Montesquieu, El Espíritu de las Leyes , libro III, 3, pág. 536). Pero esta virtud, este espíritu cívico no se decreta en la Constitución o en las leyes. Eso se consigue a través del ejemplo de los dirigentes y de la educación cívica. Y eso requiere su tiempo. La democracia es una asignatura difícil y aprender democracia —tanto gobernantes como los ciudadanos — es lo que, en buena parte, hemos estado haciendo en España en estos últimos treinta años. Y puesto que la democracia, a su vez, moraliza la vida pública, la sociedad española ha ido elevando, refinando, los estándares de moralidad cívica que, hoy son más exigentes por ello con sus dirigentes que hace treinta años.

Creo que no se suele señalar suficientemente ese carácter de fieri y no de factum , de proceso y no de resultado de la democracia. Y si tomáramos conciencia de que la democracia es, también, un estilo de vida pública, tal vez seríamos más prudentes a la hora de tratar los asuntos públicos y cultivaríamos con especial esmero valores como los de consenso, pluralismo, tolerancia y respeto porque han sido parte imprescindible de aquella infraestructura que precisa nuestra democracia. De estos valores —consenso, pluralismo, tolerancia y respeto— me propongo decirles algunas palabras.

EL CONSENSO COMO UN ESTILO DE HACER POLÍTICA

Hubo un término que expresó diáfanamente lo que España llevaba dentro: fue el término consenso . Es la palabra que simbolizó toda una época; que dio el tono de un momento histórico; la que mejor explica lo que pasó en España en aquellos años. Es el término que sirvió como el ancla sagrada de los griegos; el término fundamental de la lengua de la España constitucional.

La noción de consenso aparece en las ciencias sociales, sobre todo de orientación funcionalista, como paradigma de identificación del ciudadano con el sistema político. Sin embargo, en el lenguaje constitucional de España el término adquirió un significado algo diferente que se refiere, no ya al vínculo que une al ciudadano con un sistema político, sino al espíritu que rodeó la elaboración y desarrollo del texto constitucional. Este término pasó del lenguaje de los sociólogos al lenguaje de los políticos y con un nuevo salto se introdujo en el lenguaje ordinario para definir una forma nueva de entender las relaciones (tanto políticas como sociales) de los españoles. Por consenso había no sólo que elaborar el texto constitucional o los Estatutos sino también resolver todos los conflictos en cualquier sede; desde el Parlamento hasta la comunidad de vecinos. Así es como el término consenso, al introducirse en los usos lingüísticos de los españoles, terminó por ser el mejor símbolo de toda una época; un estilo de hacer política. E incluso de entender la convivencia ciudadana.

PLURALISMO Y TOLERANCIA

Pero el consenso, entendido como una forma determinada de hacer política en la que se abandona la idea de la política que teorizara Carl Schmitt como tensión entre enemigos para convertirla en confrontación entre adversarios, implica la aceptación y consolidación en la conciencia cívica de algunos valores cívicos especialmente capitales como es, en primer término, el valor del pluralismo.

Díme que no, para que seamos dos , gustaba decir Montaigne. El pluralismo implica la visibilidad de los demás y su reconocimiento como interlocutores sociales. Sin el reconocimiento de los demás, de los otros, no es posible hablar de consenso. Martin Buber y Lévinas han escrito maravillosas páginas a propósito del Otro como elemento constitutivo de la identidad de los seres humanos hasta el punto de proponernos la construcción de una ética a partir del Rostro del Otro. Yo creo que fue entonces cuando los españoles nos miramos unos a otros al Rostro y nos reconocimos no como objetos, medios o utensilios sino como auténticos sujetos. Y sin esa visibilidad del Otro, seguida de su reconocimiento no podemos hablar de pluralismo.

Pero el consenso, al propio tiempo que aceptar como punto de partida el pluralismo, exige la consolidación de otro valor importante como es el de la tolerancia. Dudo que en el siglo XX haya habido una época en la historia de España donde la tolerancia haya tenido mayor asiento que en estos treinta años de vida constitucional. La tolerancia, ya se sabe, consiste en no prohibir lo que no nos gusta y podríamos prohibir. De aquella España que no sólo era una en su organización política sino en la que la unicidad campeaba en las ideas, las costumbres, las prácticas, la religión y hasta el color, hemos pasado a una España que no sólo es plural sino tolerante con las otras ideas, costumbres, prácticas, religiones o colores. Si el tolerante es el que sabe poner entre paréntesis las diferencias, no hay duda de que los españoles mayoritariamente —y muchas veces para poder mantener el consenso— en estos treinta años hemos aprendido a poner los paréntesis.

Estos valores de pluralismo y tolerancia han arraigado especialmente entre los jóvenes que, por otra parte, comienzan a hacerse cargo de la dirección del país. Estos cambios de mentalidad colectiva, que se reflejan en la asunción de nuevos valores y pautas de comportamiento, se pueden observar con especial nitidez en la población juvenil como pone de relieve la última encuesta del CIS de marzo de 2005. Lo que en la transición se consideraba mayoritariamente como conducta y prácticas «desviantes» hoy están plenamente asumidas por los jóvenes: a) La eventualidad de que un amigo íntimo se declarara homosexual es aceptada con normalidad por el 83% de los jóvenes, frente al 3% para quienes esa condición sexual podría llevar a la ruptura de la amistad; b) La unión matrimonial entre personas del mismo sexo es aceptada por el 75,5% de los jóvenes; c) El 61,5% entiende que corresponde sólo a la mujer tomar la decisión de interrumpir su embarazo; d) El 75% se muestra favorable a la idea de «ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicitara, frente al 13% que condena estas prácticas.

En la década de los setenta tales comportamientos y valores eran mayoritariamente estigmatizados y rechazados. Y mi única duda, en esta sociedad de mercado tan absorbente, es que a veces lo que llamamos tolerancia no sea sino indiferencia. Que es distinto; pero esa es otra cuestión que nos llevaría muy lejos.

DE LA TOLERANCIA AL RESPETO

Claro que sigue faltando hoy en día algo que ya Fernando de los Ríos proclamaba que era la asignatura pendiente en España: el respeto; la única revolución que precisaba y sigue precisando nuestro país. Si la tolerancia es, como creo, una regla prudencial o, como máximo, una virtud menor, una virtud mínima, de segundo orden, como ha puesto de relieve Ernesto Garzón, mayor relevancia moral tiene otra actitud ante el diferente como es la del respeto que, a veces, confundimos con la misma tolerancia. No en vano, frecuentemente, las unimos en nuestro lenguaje ordinario con una simple partícula copulativa; como si fuesen sinónimos la tolerancia y el respeto. Pero son diferentes; son actitudes que tienen una extensión y una intensidad diferente.

Las circunstancias de la tolerancia y del respeto son distintas: Tal vez la primera y gran diferencia es que para que podamos hablar de tolerancia ante un determinado comportamiento, este tiene que provocarnos una primera reacción: la tendencia a rechazarlo; a prohibirlo. Pero en el respeto, la inicial reacción ante una opinión o un comportamiento no es de repulsión sino de interés, de curiosidad. Para respetar una posición o comportamiento, pues, no tenemos que estar de acuerdo con el mismo: basta con comprender que refleja un punto de vista moral diferente, que puede tener sus razones atendibles y que esta diferencia nos ofrece la oportunidad de aprender escuchando al otro y así depurar nuestra propia posición. A esta apertura al otro, a la búsqueda de la comprensión del diferente es a lo que llama Thiebaut tolerancia positiva y que llamo respeto.

Pues bien, dos son los hechos que hasta ahora han puesto a prueba —y la pondrán cada vez con mayor fuerza— el grado de extensión y consolidación de los valores de la tolerancia y el respeto. Me refiero al problema del nacionalismo y al problema de la inmigración. Hasta ahora, y salvando situaciones excepcionales, la tolerancia y el respeto han salido bastante bien librados de la prueba. No estoy seguro que esta apertura al otro no pueda cambiar en el futuro.

DEL RESPETO A LA AMISTAD CÍVICA

Pluralismo, tolerancia y respeto son, a su vez, fundamento de otro valor cívico que algunos llamaron el valor de la concordia.

Los españoles de la transición habíamos decidido enterrar la política entendida como tensión entre el amigo y el enemigo —de la que habló Carl Schmitt— y comenzamos a verla como el espacio público donde confrontar proyectos diferentes; una confrontación que tenía que permitir implantar un estado de concordia cívica entre los españoles, lo que se ha dado en llamar también la amistad cívica.

Fue Aristóteles el primero que yo conozca que concibió la concordia entre ciudadanos como una de las formas que reviste la amistad que él definía como «benevolencia recíproca»: «La concordia —había escrito Aristóteles en la Ética a Nicómaco , IX, 6— parece que participa de la amistad; por lo que no es coincidencia de opiniones (…). Ni se dice que tengan concordia aquellos que tienen un mismo parecer sobre cualquier asunto. En cambio, se dice que los Estados tienen concordia cuando tienen un mismo juicio sobre lo que les conviene y eligen las mismas cosas y ejecutan las que han sido decididas en común (…). Parece evidente, por tanto, que la concordia es una amistad cívica tal como se suele aplicar el término, pues atañe a las cosas que convienen y a las que afectan a la vida». La concordia es, así, la amistad aplicada al orden social por eso, en otro pasaje, asegura que «La amistad es el bien más grande para las ciudades, porque las preserva de la discordia interna» (Aristóteles, Política, 1262b 7-9, Ética a Nicómaco, 1152ª 22-23).

Pluralismo, tolerancia y respeto, como bases de la concordia o la amistad cívica, constituyen una parte del entramado de valores, de la infraestructura moral que requiere el florecimiento de una democracia, junto a la mejor arquitectura de órganos y procedimientos legales. Si la virtud es, según Montesquieu, el principio de la democracia, ésta requiere para su supervivencia practicar aquéllas. Ninguna virtud es natural: «las cosas que es necesario haber aprendido para hacerlas, las aprendemos haciéndolas» (Aristóteles, Etica a Nicómaco , II, 1). Por eso la democracia nunca está terminada y siempre se la puede y se la debe perfeccionar. Y por eso las democracias nacen, viven, florecen… pero también se deterioran. E incluso mueren.

EL PRESTIGIO DE NUESTROS GOBERNANTES

Especial relevancia tiene en el florecimiento de la democracia el comportamiento de los gobernantes. Si es bien cierto que es imposible un buen gobierno «dondequiera que la disposición general del pueblo sea tal que cada individuo atienda únicamente a sus intereses personales y no se cuide o abandone los generales» (J. S. Mill, Del Gobierno representativo , Tecnos, 2ª ed., 1994, pág. 21), los gobernantes tienen una especial responsabilidad en mantener la dignidad del sistema. Y si bien es cierto que en términos generales la clase política en España es fundamentalmente honesta y atenta al servicio público, no menos cierto es que la percepción que de la misma tienen los ciudadanos es manifiestamente mejorable.

Nuestra confianza en la democracia participativa se está derrumbando. Pero incluso nuestra confianza en la democracia representativa puede comenzar a debilitarse si se sigue debilitando la confianza en los partidos políticos. El último informe de Transparencia Internacional al que se referían hace cuatro días los medios de comunicación ( El País , 10 de diciembre de 2005) pone de relieve cómo los ciudadanos ven a los partidos políticos como «las entidades más corruptas». Cuando en 1978 se aprobó la Constitución, no nos dábamos cuenta suficientemente que la democracia exige un cuidado especial, un compromiso especialmente fuerte de los gobernantes en la tarea de pedagogía social que corresponde a los políticos. Porque como dijera Montesquieu «La corrupción de todos los Gobiernos comienza casi siempre por la de sus príncipes» ( Espíritu de las leyes , VIII.1).

EL LENGUAJE DE LA DEMOCRACIA

¿Cuidamos suficientemente en España aquel ethos , aquella infraestructura moral que precisa el mantenimiento de la democracia? John Stuart Mill: que esté decidido a hacer todo lo necesario para mantenerla. Hace dos años, en esta Universidad y en esta misma aula, me invitaron a clausurar un curso sobre el futuro de la Constitución. Terminé mi conferencia sobre «El lenguaje de la Constitución» con las mismas palabras con las que quiero cerrar hoy esta mi contribución de homenaje a Ramón Rubial:

«Pasados veinticinco años de vida constitucional el lenguaje de la democracia comienza a cuartearse: no es ya el lenguaje de la transición. Palabras como tolerancia, respeto, diálogo, acuerdo, y concordia parecen haber perdido su brillo y su uso. Por lo que se refiere al término consenso, este no tiene el predicamento que tuvo en su momento. Europa no es término que suscite las mismas emociones que hace veinticinco años. La autonomía se ve asaltada por la autodeterminación. Al mismo tiempo, el discurso político revela las fisuras que se abren entre aquellas fuerzas que elaboraron o mantienen la Constitución: lejos de hablarse con respeto y mantener abiertos los canales de diálogo cuando están en juego graves cuestiones institucionales se recurre con frecuencia a la descalificación y al insulto. Reaparece como adjetivo (descalificativo, por supuesto) el término de comunistas, se unen socialismo y corrupción, el conservador se convierte fácilmente en fascista, la Constitución empieza a no ser punto de encuentro sino línea divisoria entre unos y otros, se vuelve a adjetivar y patrimonializar el término España y las diferencias legítimas entre partidos del arco constitucional se demonizan y convierten en traiciones. De poco sirve que las empresas de imagen cuiden el vestido, la sonrisa y la dicción de los personajes públicos: las palabras no mienten y a veces terminan por desvelar toda la carga de intolerancia que algunos parecen llevar muy dentro. No debía andar muy descaminado Aristóteles cuando aseguraba que cada uno habla y obra tal como es y de esta manera vive.»Pero no podemos consolarnos pensando que allá cada uno con su vida y con su lengua porque las palabras cobran valor político si penetran en el lenguaje habitual de los ciudadanos. Si, como ocurrió en la etapa constituyente, se usa el lenguaje de la democracia, las palabras mismas trabajan a favor del fortalecimiento de los valores constitucionales. Pero, si son palabras que reflejan intolerancia o rencor, se corre el riesgo de que actúen como pequeñas dosis de arsénico que, tomadas a diario, nos intoxiquen sin que nos demos cuenta. Y entonces podríamos terminar todos viviendo como algunos hablan. Por eso importa tanto mantener y cuidar el lenguaje de la democracia».

Las vuelvo a repetir un par de años más tarde. Pero ahora, más preocupado.