La reelección el pasado 2 de noviembre de George W. Bush para la presidencia de Estados Unidos constituye una grave afrenta moral infligida al espíritu de la democracia estadounidense, la más antigua del mundo y, en tanto tal, referencia primordial. Claro que esta vez técnicamente no hay nada que objetar. Nadie puede discutir el carácter legítimo del escrutinio. Los votantes ejercieron su derecho eligiendo en función de su parecer [ 1 ] . No por eso la reelección se vuelve menos perturbadora, incluso chocante. Y confirma que la democracia –el menos imperfecto sin embargo de los regímenes políticos– no está protegida contra opciones que pueden llevar al poder a peligrosos demagogos.
En efecto, es preocupante que Bush, conocido por su fundamentalismo religioso, su mediocridad intelectual y su incultura, haya sido el candidato más votado de la historia electoral estadounidense. Tanto más cuanto que ha engañado a su pueblo y mentido al Congreso para conseguir la autorización para librar una “guerra preventiva” (no autorizada por la ONU) e invadir Irak; ha alentado un uso desproporcionado de la fuerza y provocado la muerte de millares de civiles iraquíes inocentes [ 2 ] ; ha ignorado la “orden ejecutiva” de 1976 del presidente Gerald Ford (que sigue vigente y prohíbe a los servicios secretos el asesinato de dirigentes extranjeros) y ordenado la ejecución de supuestos “terroristas” [ 3 ] ; ha violado las Convenciones de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra; ha permitido la práctica de la tortura en la cárcel de Abu Ghraib y en otros centros secretos de detención; y ha despertado el espíritu del mccarthyismo que consiste en considerar culpable al ciudadano sospechoso de tener vínculos con una organización enemiga.
Con tan siniestro historial, otro dirigente hubiera sido declarado persona non grata y excluido del mundo civilizado. No ha sucedido eso con George W. Bush, quien por añadidura y como presidente de la única superpotencia mundial, ocupa el lugar central del dispositivo político internacional.
Su segundo mandato se anuncia como una continuación del anterior. Las dos primeras designaciones de ministros confirman que Bush interpreta su triunfo electoral como un plebiscito para su política. Así por ejemplo su elección de Alberto Gonzales para el Ministerio de Justicia constituye un desaire dirigido a quienes objetan las torturas de prisioneros acusados de terrorismo. Asesor jurídico del presidente, Gonzales es autor de disposiciones legales que han permitido eludir las Convenciones de Ginebra y calificar como “enemigos combatientes” a los prisioneros de guerra de Afganistán y de Irak, e instaurar la cárcel de Guantánamo. Contraviniendo las leyes de Estados Unidos y tratados internacionales, Gonzales no ha vacilado en suspender la prohibición de ejercer “presiones físicas” sobre esos prisioneros con el pretexto de que “en la conducción de la guerra la autoridad del presidente es total” [ 4 ] .
En cuanto a la designación de Condoleezza Rice en el Departamento de Estado, ¿cómo no ver en ella una reivindicación del unilateralismo puro y duro preconizado por los republicanos autoritarios que rodean al presidente y que las nuevas amenazas contra Irán no hacen más que confirmar?
Sin embargo, la incapacidad de las fuerzas armadas para imponerse en Irak contra los insurgentes prueba los límites de la herramienta militar. Una constatación que puede hacer también en Israel, en el momento de la desaparición de Arafat, el general Ariel Sharon, principal aliado de Bush en Oriente Próximo. El Primer Ministro israelí constata que la capacidad de sufrimiento de los palestinos sigue siendo superior a la facultad de daño de su ejército. ¿Sabrá sacar las consecuencias?
¿Terminará también Bush por admitir que los aspectos negativos de la mundialización (pobreza agravada de los pobres, injusticias planetarias, rivalidades regionales, desarreglos climáticos, etc.) pueden degenerar en enfrentamientos si no se les opone una concertación multilateral? ¿Y que una potencia no puede pretender imponer la ley por sí sola?