Revista Cidob d\'Afers Internacionals

La otra Europa que viene: Europeos del Este en España

por Ruth Ferrero Turrión

Revista Cidob d\'Afers Internacionals nº 84, Diciembre 2008

RESUMEN

Una de las aspiraciones de los fundadores de la Unión Europea fue la unidad del continente europeo. Tras el fin de los regímenes de tipo soviético a finales de los ochenta, la maquinaria institucional se puso a funcionar. Sin embargo, este proceso se fue dilatando por distintas razones: por un lado, se comenzó a plantear la cuestión de la profundización institucional y construcción política de la Unión ya existente; por otro, los flujos migratorios procedentes de los países del Sur y del Este se intensificaron. Todo ello hizo que la incorporación de los países de Europa del Este se fuera alargando durante años. A medida que pasaba el tiempo, la incredulidad en estos países también crecía, al tiempo que veían cómo las desi gualdades con sus vecinos occidentales se hacían cada vez más evidentes. Así, los flujos migratorios económicos procedentes de estos países se dirigieron hacia la UE de manera cada vez más intensa, mientras las negociaciones de la UE con los países de origen de estos migrantes continuaban. El proceso de ampliación comunitaria hacia la Europa del Este se ha realizado en dos fases: la primera, en mayo de 2004, incluyó, además de a Chipre y Malta, a Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y la segunda, sólo a Rumania y Bulgaria. En este trabajo se abordan dos cuestiones básicas para iniciar el análisis de los diferentes colectivos procedentes de Europa Central y Oriental presentes en España: las dos moratorias a la libre circulación de personas impuestas tanto en 2004 como en 2007 y sus nefastas consecuencias, así como las características de estos flujos (cuándo llegaron y por qué).

Palabras clave: Unión Europea, España, inmigración, Europa del Este, Europa Central, ampliación

Nos encontramos cerca del vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín y, por tanto, del fin de los regímenes de tipo soviético. Durante estos veinte años, desde el ámbito académico, se han analizado los procesos de transformación y cambio políticos, económicos, sociales y culturales que se han ido sucediendo en los denominados, por algunos, países del Este, por otros, países de la Europa Central y Oriental, o países de órbita soviética o de capitalismo de Estado. Sea como fuere, a pesar de que el fin del mundo bipolar ha traído muchos cambios, que pasan desde el ámbito local y micro hasta el global y macro, no ha sido hasta fechas muy recientes cuando se han comenzado a estudiar, en Europa y en España, los flujos migratorios procedentes de esa otra Europa , así como a vincular a estos con sus países de procedencia y, por ende, a analizar las causas de su salida y las razones de su llegada.

Efectivamente, en Europa, en la Europa del Centro y del Norte, la recepción de los flujos migratorios procedentes del Este ya había comenzado décadas atrás y mucho antes del año 1989. Así, el 60% de los inmigrantes procedentes del Este hasta fechas recientes tenían como destino Alemania. Sin embargo, desde finales de la década pasada se han abierto dos nuevos puntos de llegada, Italia y España, o lo que es lo mismo, la Europa del Sur. Las razones son sencillas: crecimiento económico y fácil acceso al mercado de trabajo, si bien de manera sumergida.

El trabajo que aquí presentamos se estructura en torno a dos bloques. Por un lado, el impacto que han tenido las dos ampliaciones llevadas a cabo por la UE en las que países de la antigua órbita soviética han estado afectados; y por otro, cuáles han sido los colectivos nacionales que han tenido como destino España durante los últimos años y qué características poseen.

EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA HACIA LA EUROPA DEL ESTE Y LOS FLUJOS MIGRATORIOS

La Unión Europea se enfrentó al proceso de ampliación hacia la Europa del Este de manera diferente a lo que había acontecido en anteriores ampliaciones. El contexto geopolítico y social de estos países les otorgaba la categoría de “los otros”. La cuestión de una nueva reconstrucción de Europa, en la que entrasen ya todos los países considerados como tales, se comenzó a plantear tras la caída del muro de Berlín, la posterior unificación alemana y la disolución de las antiguas federaciones socialistas. Las guerras que asolaron los Balcanes durante la década de los noventa del siglo pasado fueron las que despertaron, de manera brusca, la conciencia de Europa y, sobre todo, de los europeos del momento.

En aquellos años, los países de la Europa Central y del Norte comenzaron a recibir grandes cantidades de personas que huían de los conflictos y que se asentaron en esos países en calidad de asilados y refugiados. A ellos se unían de manera paulatina otras personas procedentes de antiguos países de la órbita soviética cuyas razones eran meramente de índole económica. Si bien antes de la década de los noventa este tipo de flujos ya había hecho su aparición, en aquel momento se intensificaron de manera muy significativa (Chesnais, 1992).

Los continuos aplazamientos en el proceso de negociación de la ampliación hicieron que esos flujos fueran tomando un mayor calado. Además, el proceso de transformación de economías y sociedades puesto en marcha para poder converger con la UE-15 provocó, en los primeros momentos, un empobrecimiento de amplios sectores de la población y un aumento considerable de las desi gualdades, todo ello unido a unos importantes costes sociales que se materializaron en el desmantelamiento de los programas de cobertura social que existían durante la época anterior y que, aunque ya estaban muy degradados y burocratizados, todavía podían cumplir su función (Ferrero, 2005). A esto hay que añadir que, debido a la reorganización del mercado de trabajo para poder homologarlo a los criterios exigidos por las instituciones comunitarias, había tenido lugar un importante incremento del desempleo, un descenso en la tasa de participación de mujeres en el mismo, y una notable precarización de los contratos, así como la reducción de los salarios mínimos.

A lo anterior habría que añadir la disminución del papel del Estado y del sector social público, junto con la liberalización de los mercados de trabajo. La consecuencia directa fue la entrada de los grandes intereses económicos europeos asociados al capitalismo de baja intensidad, que provocaron importantes relocalizaciones de oeste a este, allí donde el control y la supervisión institucional es mínima (Ferrero, 2005). Todo ello ha provocado que las reformas que se han producido en estos países durante más de una década vayan quedando vinculadas, progresivamente, a intereses corporativos de empresas y organizaciones económicas, los grandes beneficiados de los cambios, hecho que ha producido una mayor exclusión social y un efecto salida como consecuencia inevitable de las políticas del libre mercado. Este sería el contexto con el que nos encontramos en los países de la Europa del Este, ahora integrados en la UE. Pero , ¿cuál era la posición de la UE-15 respecto a dichos países?

Mientras la Unión, al tiempo que negociaba los criterios de la ampliación, procedía a la elaboración del Tratado Constitucional, en otra parte del mundo, se producían los atentados terroristas del 11 de septiembre, preludio de la guerra de Irak. Este último acontecimiento no es banal. No debemos olvidar aquí que durante el proceso de cambio político en los países de la región que nos ocupa, Estados Unidos mostró mucho más interés inversor por estos países que la UE, a pesar de que ésta se encuentra mucho más próxima geográfica y culturalmente. Una de las muestras más importantes de esta ingente influencia es, sin duda alguna, las constituciones de las nuevas democracias elaboradas por los constitucionalistas de la Escuela de Chicago. Otra muestra de esta influencia sería la alineación de estos países con Estados Unidos en la guerra de Irak. Este apoyo, por parte de los países del Centro y Este europeo a la potencia americana, sin embargo, no fue gratuito para ellos, puesto que condicionó sobremanera su incorporación a la UE (Avery, 2004). Por tanto, es en este contexto donde se han producido las dos últimas ampliaciones de la Unión Europea hacia el Este y, precisamente, ello ha condicionado la manera en la que se han desarrollado.

La ampliación de mayo de 2004

La primera de estas ampliaciones, como ya hemos apuntado, tuvo lugar en mayo de 2004. En esta fecha se incorporaron Hungría, la República Checa , Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia (a partir de ahora UE-8) junto con Malta y Chipre. Si a los primeros se les impuso una moratoria a la libre circulación de personas, que no de capitales, contra lo establecido en el Tratado de Maastricht, los dos últimos entraron como miembros de pleno de derecho en la Europa de los 25. Las razones: el temor a una invasión inmigratoria procedente del Este basada en ciertas afirmaciones erróneas, a la vista de los hechos, que avisaban de tal invasión (Chiodi, 2005).

El temor de la opinión pública ante estos acontecimientos hizo que se modificara la legislación que regulaba el proceso de ampliación. Así se estableció un período transitorio inicial de dos años, que brindaba la posibilidad de ampliarlo a otros tres años más dejándolo al criterio de cada Estado Miembro. En el peor de los escenarios posibles, es decir, con la llegada masiva de ciudadanos procedentes de los países de la ampliación, también existía la posibilidad de aumentar ese período inicial otros dos años, lo que hacía un total de siete años para la plena incorporación de estos países (Arango, 2003).

Transcurridos dos años desde esta primera ampliación, un informe de la Comisión Europea (COM 2006/48 final) daba cuenta de los efectos que la misma habría causado en los países de la UE-15 en materia migratoria. En función de este informe, los Estados Miembros han tenido la opción de elegir entre mantener o eliminar los requisitos del permiso de trabajo y las limitaciones establecidas. Hasta ese momento, de aquellos países que habían puesto la cláusula de transitoriedad, de dos años, sólo España, Portugal y Grecia decidieron suprimirla, sumándose así al Reino Unido, Irlanda y Suecia que nunca impusieron la moratoria.

Así las cosas, la fecha prevista para la apertura definitiva a la libre circulación de personas de los países de la ampliación de 2004 es mayo de 2009. A partir de entonces sólo se podrá mantener la restricción si se puede demostrar alteración o amenaza sustantiva en los mercados de trabajo correspondientes. Finalmente, la última fase de este proceso de apertura tendrá lugar en mayo de 2011, fecha en la que todos los ciudadanos de la UE-8 podrán desplazarse y trabajar libremente en todos los países de la UE-25.

Las primeras consecuencias que se pueden extraer en relación con esta moratoria es si efectivamente ha tenido lugar un flujo migratorio masivo de personas procedentes de estos países. Y la conclusión es que todos los temores que impulsaron a incorporar el período transitorio fueron infundados ( Informe mensual de La Caixa , 2006). Sin embargo, la cuestión es más compleja. La experiencia acumulada nos dice que durante estos años el impacto de los flujos migratorios procedentes de los nuevos Estados Miembros varía de un Estado a otro independientemente de los niveles de restricción impuestos.

Así, si tomamos el ejemplo de alguno de los estados que abrieron totalmente sus fronteras en 2004, Reino Unido, Irlanda y Suecia, y los comparamos con otros que mantienen la moratoria, como Alemania, podemos apreciar que mientras que en Suecia apenas se han expedido 4.500 permisos de trabajo, en Alemania el número de permisos de trabajo temporal expedidos en el mismo período de tiempo ha sido de 900.000, además de incrementarse de manera considerable los niveles de irregularidad en el país, tal y como queda reflejado en el informe de la Comisión de 2006.

Otro de los efectos colaterales de la restricción a la libre circulación ha sido lo que llamaremos “efecto desviación”. Puesto que cuatro quintas partes de los Estados Miembros cerraron sus mercados de trabajo a los ciudadanos procedentes de estos países, estos se dirigieron hacia aquellos mercados que quedaron abiertos y que necesitaban mano de obra: el Reino Unido e Irlanda.

El caso del Reino Unido describe de manera muy gráfica cómo la necesidad de incorporación de mano de obra al mercado de trabajo entra en confrontación directa con opiniones públicas y, en consecuencia, con las decisiones políticas que se aplican. La decisión de abrir las fronteras a aquellos ciudadanos procedentes de los nuevos Estados Miembros se toma debido a la urgente necesidad de cubrir puestos de trabajo de mano de obra no cualificada en un país con unas tasas de paro muy bajas. Sin embargo, por el temor a un abuso del Estado de bienestar, se obligó a estos nuevos ciudadanos a registrarse para poder trabajar de manera legal. Así, entre mayo de 2004 y septiembre de 2006, se registraron casi medio millón de ciudadanos de la UE-8, gran parte de los cuales ya se encontraba trabajando en el país de manera irregular antes de la ampliación (Portes, 2005)

Según diversos estudios, la presencia de estos trabajadores ha sido muy beneficiosa para la economía (Mansoor, 2007), además de ser una mano de obra que ha complementado a la de los trabajadores locales ( Informe La Caixa, 2006). De lo anterior se deduce que lejos de que el impacto en el mercado de trabajo haya afectado de manera negativa a las tasas de empleo británico, al complementarse y no sustituir a esa mano de obra, lo único que ha producido son beneficios de todo tipo: a los empresarios, porque cubren los puestos que antes no conseguían cubrir; al sistema de bienestar, puesto que al trabajar de manera regular, ayudan a mantenerlo; y a la economía en general, ya que gracias a la emergencia de esos trabajos antes no cubiertos, se incrementa el PIB (Portes, 2005).

La incorporación de Rumania y Bulgaria a la UE

Si con la ampliación de 2004 surgieron dudas acerca de conceder la libre circulación de personas, en la de 2007 no ha habido ninguna. Todos los países de la UE-25 se han sumado al período transitorio, con la excepción de Finlandia y Suecia.

Como hemos visto, lejos de ser una carga para la economía y los servicios sociales, el permitir la libre residencia y el trabajo ha sido beneficioso para aquellos países que no adoptaron la moratoria en 2004. Entonces, ¿por qué en este caso ha habido, si cabe, una mayor unanimidad? Una de las razones que podrían argumentarse en este caso sería la peor percepción que se tenía de rumanos y búlgaros. La creación de estereotipos tales como que son más proclives al crimen organizado, a la corrupción, a asaltar casas de forma violenta, a la mendicidad o a la explotación de niños, se vio en parte confirmada debido a los sucesivos retrasos de la Comisión para confirmar su adhesión (Pajares, 2007). Sin embargo, las razones varían también en función de cada país y de su situación política interna.

Para los países que en la primera fase de la ampliación eligieron la apertura de fronteras, con la excepción hecha de Suecia, en esta segunda fase, la política no fue de continuidad, sino de ruptura, optando esta vez por una posición más reaccionaria y abandonando su criterio liberal. Este cambio radical en la política del Reino Unido e Irlanda sirvió para acrecentar los temores del resto de socios europeos acerca de las repercusiones negativas de la incorporación de mano de obra no cualificada en los mercados de trabajo europeos (Drew, 2007).

A pesar de que los números y resultados económicos hubieran avalado una política de continuidad y, por tanto, de apertura, las estadísticas que el Gobierno británico elaboró para convencer a la opinión pública de sus virtudes tuvieron el efecto inverso al deseado. Periodistas y partidos políticos sacaron de su contexto algunas de esas cifras, hecho que provocó una cierta alarma social unida a la crítica por parte de la oposición de la política de inmigración del Gobierno, que no se encontraba en su mejor momento (Ferrero, 2007).

Las políticas aperturistas hacia los flujos migratorios no podían cuajar en el año 2006, cuando la línea dominante era la de la dureza más extrema respecto a la inmigración; sus exponentes más destacados fueron la ministra holandesa de Inmigración y Integración, Rita Verdonk, y Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior francés.

Para aquellos países que en la primera fase de la ampliación hacia el Este impusieron la moratoria por temor a la presión sobre sus mercados de trabajo y sobre sus sistemas sociales, mantenerla en el caso de rumanos y búlgaros tenía fácil explicación. Si no abrieron sus fronteras a aquellos países que a priori tenían mejores índices económicos, no lo iban a hacer con unos países cuyo punto de partida era peor (Drew, 2007). Esta situación de partida, por tanto, constituía un mayor incentivo para emigrar hacia los países donde los ingresos salariales fueran más altos.

Además, después de ver lo que había sucedido en el Reino Unido, todos los estados europeos temían al “efecto desviación”. Así, o todos abrían fronteras, o todos las cerraban. Sin embargo, pocos se fijaron, mientras otros no se quisieron fijar, en las consecuencias que la no apertura de fronteras había traído a Alemania con un incremento considerable de la irregularidad. De este modo, los discursos que explicaban esta nueva moratoria se llenaron de frases grandilocuentes sobre la construcción de una política migratoria europea común, así como con el falaz “juego limpio” con el resto de socios europeos.

¿Serían entonces otras las causas? Probablemente sí. Y posiblemente fueran cuestiones de política interior unidas a un cierto temor de la opinión pública que, seguramente, no entendería una apertura de fronteras hacia el Este, mientras que el sur se blindaba por tierra, mar y aire. Si de verdad existía una invasión, ¿por qué abrir alguna de las fronteras?

En el caso francés, la crisis identitaria por la que está pasando el país ha sido el motivo del repliegue soberanista y nacional que está teniendo lugar. Esta crisis ha quedado reflejada en los últimos tiempos en dos acontecimientos políticos de gran calado. Por un lado, el referéndum francés sobre el Tratado Constitucional de 2005, en el que la figura del archifamoso “fontanero polaco” fue una de sus principales protagonistas. Por el otro, las elecciones presidenciales francesas de la primavera de 2007. Durante la campaña electoral ninguno de los dos candidatos principales dudó en envolverse en la bandera para demostrar su defensa de la patria y su nacionalismo. El resultado final fue el triunfo de la derecha liderada por Sarkozy y la creación de un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional.

España, por su parte, se ha situado a medio camino entre la posición más liberal de la libre circulación y la posición más reaccionaria de imposición del período transitorio. En la primera ronda de la ampliación se impuso la moratoria, pero en 2006 fue de los primeros Estados Miembros en no renovarla. En lo que respecta a la segunda ampliación hacia el Este, la posición española ha sido la de mantenerse en la misma posición que la mayoría de los Estados Miembros, es decir, la aplicación de la restricción a la libre circulación, aunque con la promesa de retirarla a la mayor brevedad. Las razones de esta ambigüedad las encontramos, una vez más, en la política interior. Sorprendentemente, los sindicatos mayoritarios se posicionaron a favor del establecimiento de la restricción, argumentando que de otro modo existiría competencia desleal entre los trabajadores autóctonos y los procedentes de Rumania y Bulgaria. Este argumento es totalmente falaz en su origen, puesto que dicha competencia desleal se produce, en mayor medida, cuando la igualdad de condiciones no existe. Es decir, los salarios descenderán, en determinados sectores, en la medida en que no existan contratos regulados, con sus respectivas cotizaciones a la Seguridad Social y dentro de los convenios colectivos correspondientes. Como es bien sabido, los trabajadores irregulares ni cotizan ni se acogen a convenios colectivos de ningún tipo, además de salirles más baratos a los empresarios.

Al tiempo que los sindicatos se oponían a un principio básico como es el de la igualdad de condiciones en el seno de la Unión Europea , el partido conservador en la oposición continuaba con su política de hostigamiento hacia el Gobierno en toda clase de materias, una de las más destacadas de las cuales era la política de inmigración del Partido Socialista. Los argumentos de la oposición contra la política inmigratoria del Gobierno comenzaron ya en otoño de 2004, con el anuncio de la puesta en marcha en 2005 del proceso de normalización de trabajadores extranjeros. Dicho proceso, según la oposición, lejos de terminar con la irregularidad, provocó un efecto llamada en dirección a España sin precedentes, cuyo resultado más llamativo serían primero los asaltos a la valla de Melilla en 2005 y, posteriormente, la denominada crisis de los cayucos del verano de 2006. Sin embargo, en fechas recientes, el PP se ha posicionado, de manera sorprendente, a favor del cese de la moratoria para rumanos y búlgaros a través de una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados.

¿Miopía o simple discurso? Sean o no ciertos los argumentos de los sindicatos y la oposición, lo cierto es que calaron de manera profunda en la opinión pública, como quedó reflejado en distintos barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (véase cuadro 1). Así las cosas, el Gobierno no quiso arriesgarse a una crítica más por parte de la oposición, ni a enfrentarse con los sindicatos con los que durante la legislatura 2004-2008 tenía en marcha el proceso de diálogo social.

En cuanto a las razones de la política exterior, propiamente dicha, podríamos afirmar que el temor a no salir en la foto europea junto al resto de sus socios, era una cuestión prioritaria. Después del Gobierno de Jose María Aznar y su total alineación con Estados Unidos en materia de política exterior, cuya joya de la corona fue la guerra de Irak, España no ha querido quedar fuera de ninguna de las decisiones trascendentales que se han ido tomando en el ámbito europeo. Así, razones internas y externas han hecho tomar al Gobierno la tibia decisión de imponer la moratoria, con la promesa de retirarla en el menor tiempo posible.

Las consecuencias del período transitorio ya se han comenzado a notar. Puesto que los rumanos y búlgaros pueden residir y trabajar por cuenta propia en cualquier país de la Unión Europea , esto ha hecho emerger unas ingentes cantidades de “falsos autónomos” (a finales de 2007 el 61% de los nuevos autónomos extranjeros eran rumanos –Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, [UPTA]–), a los que habría que sumar a todos aquellos trabajadores procedentes de estos dos países que trabajan de manera irregular y aquellos que, por no tener derecho a trabajar por cuenta ajena, no son contratados. Cada vez es más frecuente encontrar en la prensa noticias relacionadas con rumanos y búlgaros. Desde accidentes laborales que destapan casos de contratación irregular, hasta asentamientos en las zonas rurales en donde son contratados como jornaleros también de manera irregular, o incluso situaciones extremas, como la vivida en septiembre de 2007 por un rumano que se quemó a lo bonzo para pedir a las autoridades que le ayudaran a regresar a su país porque en España no podía vivir dignamente. Estas situaciones son difíciles de solucionar con la actual posición legal, puesto que los rumanos y búlgaros que trabajen de manera irregular no pueden ser expulsados porque son ciudadanos comunitarios.

De este modo, la unanimidad europea ha convertido a los ciudadanos rumanos y búlgaros en ciudadanos de segunda clase en cuanto a los mercados de trabajo se refiere, un hecho que, sin duda, está generando irregularidades. Sin embargo, la Comisión ya ha sugerido a aquellos Estados Miembros con la moratoria en vigor la posibilidad de utilizar la figura de la subcontratación para esquivar las restricciones, así como para evitar que se trabaje de manera irregular como los ya mencionados falsos autónomos. Así las cosas, no podemos dejar de plantear si no hubiera sido más sencillo evitar todas estas barreras jurídicas que provocan lo que intentan impedir: competencia desleal y descensos salariales, fraude fiscal, explotación de trabajadores y promoción de las mafias. Y todo ello sin evitar que las opiniones públicas sigan teniendo una percepción negativa de la inmigración, porque si sus gobiernos ponen freno a los flujos migratorios, alguna razón habrá.

LA PRESENCIA EN ESPAÑA DE COLECTIVOS PROCEDENTES DE la EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Hasta principios del 2000 no se comenzó a detectar una afluencia importante de personas procedentes de los antiguos países de la órbita soviética. El flujo de personas procedentes de esa región hasta esos años se debía, al igual que en otros países de nuestro entorno, a razones de tipo político, al principio, y tras la caída del telón de acero, cada vez más por motivos económicos y, a causa de los conflictos bélicos, como refugiados.

En el año 2002, Anchuelo y Delgado describían de este modo a las personas procedentes del Este:

“Los inmigrantes del Este llegados a España se caracterizan por ser personas entre 25 y 44 años, con un perfil equilibrado por sexos, y con actividades centradas en el sector servicios. Residen en comunidades autónomas con gran actividad económica, como Madrid, Cataluña y Valencia, y suponen alrededor del 5% de nuestro stock de inmigrantes, siendo rumanos, polacos y búlgaros los grupos más numerosos”.

Sobre estos datos estamos en situación de decir que si bien las características no han variado sustancialmente, como veremos a continuación, sí lo ha hecho en cuanto a volumen de personas, puesto que, a finales de marzo de 2008, los ciudadanos de la Europa del Este (comunitarios o no) con tarjeta de residencia conforman en torno al 25% de la población extranjera residente en España. Los grupos más importantes han pasado a ser rumanos (664.880) y búlgaros (136.504), aunque seguidos muy de cerca por polacos (76.050), ucranianos (65.024) y rusos (30.149).

Si además nos fijamos en alguna otra comunidad, como la moldava, que se ha multiplicado por cuatro entre 2003 y 2007, podremos ver que a medida que la frontera europea se desplaza hacia el Este, los flujos migratorios también lo hacen. No sería muy descabalado augurar que a partir de 2009, siguiendo esta progresión, sea la comunidad originaria de Ucrania quien reemplace a la de Rumania en número de personas emigradas a España.

Aunque el objetivo de este documento no es elaborar un estudio estadístico sobre las comunidades del Este, sí que nos permitiremos dar algunos datos que, desde nuestro punto de vista, sería conveniente tener en cuenta. El principal de ellos es ver cómo se ha incrementado numéricamente su presencia en nuestro país por comunidad nacional de origen.

Si observamos los datos con atención podremos ir dibujando la situación de cada una de las comunidades y los porqués de los incrementos. En todos los colectivos, los puntos de inflexión se sitúan en alguna de estas situaciones: a) cuando se haya retirado el visado de entrada en la UE; b) cuando haya tenido lugar un proceso de regularización; y c) cuando el país de origen se haya incorporado a la UE.

En el caso de los polacos, la primera inflexión importante (la exención de visado se produjo en el año 1992) en el número de personas en situación regular podríamos situarla entre 2003 y 2004; la causa es, sin duda, la entrada en mayo de 2004 de Polonia en la Unión Europea. El paso de 15.814 a 23.617 personas no se debe, fundamentalmente, a la llegada de más polacos, sino más bien, a que aquellos que ya estaban residiendo aunque irregularmente en España, ahora lo hacen por derecho. El siguiente mojón lo encontramos entre los años 2005 y 2006, y es producto del proceso de normalización de trabajadores extranjeros. En este punto no debemos olvidar que los ciudadanos polacos no tuvieron libertad de circulación en España hasta mayo de 2006.

El mismo recorrido se puede realizar con respecto al resto de los grupos, si bien es interesante detenernos en rumanos y búlgaros, colectivos que han seguido un camino paralelo y que en la actualidad constituyen las principales comunidades de europeos del Este presentes en suelo español. Desde el año 2002 en el que, gracias a los acuerdos de preadhesión, quedaron exentos de visado, el número de rumanos y búlgaros no ha dejado de crecer. Si observamos las cifras, vemos que en ambos casos la cifra prácticamente se duplica. Pero el incremento es realmente espectacular en las siguientes etapas: proceso de normalización e incorporación a la UE. Igual que para el caso de los polacos, este importante incremento de personas con tarjeta de residencia y/o trabajo se debió, en ambos casos, no a la afluencia de un mayor número de personas desde los países de origen, sino a la recuperación de la legalidad, aunque sólo fuera en la forma de “legalidad en la residencia, pero no en el trabajo”.

Para hacernos una idea de la cantidad de personas que trabajaban, antes de 2005, sumidas en la irregularidad, sólo tenemos que echar un vistazo a las estadísticas que ha producido el proceso de normalización. Según los datos extraídos de dicho proceso, el segundo colectivo en orden de importancia por su cantidad fue el rumano con el 17,45% de autorizaciones concedidas, o lo que es lo mismo, casi 100.000 autorizaciones.

Además, entre los ocho principales colectivos nacionales con mayor impacto en el proceso de normalización, tres eran de Europa Central y Oriental: rumanos, búlgaros (3,87% y 22.145) y ucranianos (3,39% y 19.371) (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Características de los colectivos procedentes de la Europa del Este

Como sucede al hacer generalizaciones, es evidente que no podemos en estas breves líneas realizar un estudio antropológico de todos y cada uno de los grupos nacionales de la Europa del Este residentes en España. Cada cual tiene su propia idiosincrasia y, desde luego, sus estructuras organizativas culturales, sociales y económicas distan mucho de ser las mismas. Sin embargo, si algo todas ellas tienen en común es haber vivido bajo un régimen de capitalismo de Estado que coartaba sus libertades más primarias. Dependiendo del país, en unos hizo más o menos mella en sus poblaciones, aunque en todas aniquiló gran parte de la capacidad de movilización, destapó la desconfianza en el vecino y, lejos de conseguir la solidaridad entre iguales, logró todo lo contrario: construir un sistema de valores basado en el individualismo.

Sin embargo, estas sociedades, no podemos olvidarlo, fueron en paralelo a lo que hoy llamamos Europa Occidental hasta la primera mitad del siglo XX. De hecho, compartimos valores culturales judeocristianos, lo que hace que los procesos integradores no sean tan complicados y sea relativamente sencilla la convivencia. A lo anterior debemos añadir que la procedencia desde países con unos ciertos niveles de desarrollo industrial y urbano también facilita su inserción en nuestras sociedades.

Por otro lado, no son personas que vivan en grupos con tradiciones familiares especialmente patriarcales, con la destacada excepción de aquellas personas que pertenecen a la etnia roma o sinti . Tras el período de los regímenes de tipo soviético, los miembros de estos colectivos aspiran a todo aquello de lo que carecieron durante años. Por tanto, no les es complicado insertarse en las sociedades de consumo de los países de la Europa Occidental (Ramírez Goicoechea, 1996). Si a lo anterior sumamos también unos niveles educativos generales muy similares a los de la media española, así como la ausencia de cualquier contencioso histórico entre España y estos países, hace que se trate de un colectivo que, en principio y salvo excepciones, tenga una sencilla incorporación en las sociedades europeas.

Si comparamos estos colectivos con otros presentes en España, podemos enumerar una serie de características que confirmarán nuestras tesis (Garrido, L. y Toharia L., 2004):

1) Juventud . Podemos afirmar que se trata de uno de los grupos en el que el peso de los menores de 30 años es más elevado, tanto en hombres como en mujeres. Cerca del 50% no superan esta edad, mientras que los que superan los 45 años rondan el 10%.

2) Niveles educativos . En lo que a nivel de estudios se refiere, destacan, entre los distintos colectivos extranjeros, por ser el grupo con unos mayores niveles educativos, aunque ligeramente inferior a la media española (formación profesional y carreras técnicas sobre todo).

3) Tasa de actividad . La tasa de actividad se acerca en este grupo al 95%. Si lo comparamos con cifras que se sitúan entre el 70%-80% de los españoles y los europeos comunitarios, cifras que se elevan al 80%-85% cuando se consideran sólo los menores de 65 años, aunque quedan por debajo de las correspondientes a los extranjeros, podemos deducir que también es uno de los colectivos más productivos. Además de ser el grupo de extranjeros con mayores tasas de actividad, también es el grupo con unas mayores tasas de ocupación. Los europeos del Este, en el grupo de edad de 20-39 años, son junto con los UE-15, aquellos que tienen una mayor tasa de ocupación, superando así el 85%. En general, las tasas de paro de la población migrante son superiores a la de los españoles; únicamente en el colectivo de los europeos orientales varones se invierte esta tendencia, debido, precisamente, a esas mayores tasas de actividad y ocupación.

4) Mercado de trabajo . Los segmentos del mercado de trabajo donde se insertan son, fundamentalmente, tres: servicio doméstico (20%), hostelería (11%) y construcción (28%).

A pesar de todas las características anteriores, también es cierto que desde ciertos ámbitos se han ido creando una serie de estereotipos respecto a algno de estos colectivos, tales como considerarles ladrones, asesinos sin escrúpulos, mafiosos, etc., tomando a cada individuo como parte de un todo. Esta imagen construida de manera artificial ha hecho que, en ocasiones, un proceso de acomodación social que podría resultar sencillo no lo haya sido en absoluto (Diminescu, 2003).

CONCLUSIONES

La experiencia de la ampliación hacia la Europa del Este ha demostrado que el miedo y el escepticismo con el que se vio todo el proceso, así como el temor a una avalancha de inmigrantes, eran totalmente infundados y que, por lo tanto, la restricción a la libre circulación no habría sido necesaria. Según recientes estudios (Sandu, 2007), se aprecia que la tendencia es la migración circular, por lo que, en ningún caso una potencial llegada de personas procedentes de esos países causaría desequilibrios en los mercados de trabajo.

Otros estudios ( Mansoor et al , 2007 y Wallace, 1998 ) muestran que los países que durante un primer momento tuvieron un mayor número de flujos migratorios hacia el oeste, ahora necesitan recuperar ese capital humano. Esto está siendo meridianamente claro en el caso polaco, con la “importación” de médicos procedentes de Asia Central, o como en el caso rumano, donde las autoridades han comenzado a hacer un llamamiento a sus ciudadanos para que regresen a sus países de origen.

La presencia de europeos de la Europa del Este en las sociedades de la Europa Occidental , a la vista de los datos, no sólo no ha perjudicado a las economías sino que las ha mejorado. En el caso español, con una ausencia total de promoción de todas aquellas disciplinas llamadas “técnicas”, se carecía de profesionales suficientemente cualificados para desarrollarlas; ese es el espacio que los europeos del Este están cubriendo.

Cuando los países de la Europa Occidental , la UE-15, comiencen a considerar a sus colegas de la Europa Central y Oriental como iguales y dejen de apropiarse del concepto “europeo”, entonces será cuando de verdad se pueda comenzar a construir una Europa políticamente fuerte y defensora de los valores ilustrados que, según muchos, la caracterizan. Mientras situaciones como la presencia de la moratoria sigan existiendo, nunca se podrá poner en marcha tal proyecto.

Referencias bibliográficas

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