ARCE: Asociación de Revistas Culturales de España

A la cárcel van las personas que han cometido una fechoría. Allí pasan un tiempo y cuando salen se reincorporan a la sociedad a una vida normal. Esto es lo que en principio todos creemos. Sin embargo, no es exacto. Parece que la cárcel no ayuda –o mejor, ayuda poco– a preparar a los presos para reincorporarse a la vida en sociedad; más bien al contrario. Para averiguar por qué ocurre y cómo podríamos mejorar nuestro sistema penitenciario hemos invitado a la socióloga experta en cárceles Elisabet Almeda, la abogada Joana Rubio y el médico Marc Rovira. Estas son sus valoraciones y soluciones.

Jordi Pérez: Una encuesta reciente en California muestra que el 60 por ciento de los ciudadanos creen que la prisión para delitos relacionados con drogas o contra la propiedad no sirve para nada. Más bien al contrario, hace reincidir al preso. ¿Estáis de acuerdo?

Marc Rovira: Yo estaría parcialmente de acuerdo. La cárcel es un medio poco terapéutico y difícilmente rehabilitador.

Elisabet Almeda: La pregunta de esa encuesta es esencial, porque un 90 por ciento de los hombres y un 97 por ciento de las mujeres que están en prisión es por drogas o delitos contra la propiedad. Para mí, con mi experiencia de investigadora, el encierro de un toxicómano o de alguien que ha delinquido contra la propiedad (que muchas veces está motivado por la droga) en una prisión hace imposible su reintegración en la comunidad. Así que pienso que no sirve de nada privar de libertad a una persona enferma –que eso es en el fondo lo que es un toxicómano.

Joana Rubio: A mí me parece patético que a estas alturas de siglo no se nos haya ocurrido otra forma de satisfacer a la sociedad cuando alguien ha delinquido que la de castigarlo en un espacio cerrado. Eso lo aísla de la sociedad y en muchos casos le impide volver a sentirse parte de ella. Cualquier solución que pase por privar de libertad a una persona me resulta muy primaria. Obviamente, el objetivo del encierro es evitar que la persona vuelva a delinquir y reeducarla según las pautas de comportamiento que la sociedad considera adecuadas. Pero lo que ocurre es que esa buena fe inicial no va de la mano del resultado final. Dentro, lo único que un preso hace es relacionarse con gente con otros problemas, y ya lo dice el saber popular: sale sabiendo más que cuando entró.

E. Almeda: Los legisladores españoles perdieron en el año 95 con el nuevo código penal una oportunidad de desarrollar medidas alternativas a la prisión, algo que desde los años 70 se está haciendo en toda Europa, incluidos Portugal o Grecia. Son medidas que el juez puede aplicar como una alternativa antes de la sentencia firme. En España ese Código Penal del año 96 contempla sólo tres o cuatro medidas alternativas que se están aplicando muy poco y que no tienen mucho sentido. El problema básico es que las prisiones son invisibles en nuestro país. Desde la democracia, se han hecho cosas en salud, en educación; en cambio, en las prisiones como mucho se han mejorado las infraestructuras, pero ¿cuántos profesionales hay en prisión? Un psicólogo por cada 300 mujeres o dos educadores por cada 250 presas. Según la ley penitenciaria, la finalidad de la prisión es reintegrar, pero los profesionales de tratamiento son una minoría y les faltan recursos. Así que la cárcel no reinserta y si alguien lo consigue es a pesar de la cárcel. Y además las cárceles están más llenas, ya que cada vez se criminalizan más conductas.

Cada vez hay más presos

Jordi Delás: Es una espiral creciente: cada vez ingresa más gente en prisión. En Cataluña, por ejemplo, cada mes ingresan cien nuevos reclusos. Tendríamos que preguntarnos qué pasa. Una posible respuesta sería que hoy hay sistemas más eficaces de detención, como la policía, o que las nuevas tipologías de delitos, como el ecológico o el énfasis contra los delitos contra la mujer o económicos, hacen aumentar los reos. Pero no es significativo. La verdadera reflexión debe ser: ¿hacia dónde vamos? Si habláramos por ejemplo de vender coches estaría bien si día tras día vendiéramos más. Pero con presos, no. Debiera ser al revés. La vida real se está ‘delincuentizando', si se puede decir así, con todo lo que ello implica por ejemplo de costes y de mantenimiento de los derechos de estas personas. La reflexión pues debe ser: si cada vez tenemos más gente en la cárcel, es que algo no va bien. La mayoría de delitos nuevos viene por dos circunstancias: los cometen extranjeros o están relacionados con la droga. Deberíamos intentar que las cárceles dejaran de ser un tema tan sensible en la sociedad y conseguir analizarlo con frialdad para ver que no se puede seguir así y que hay que buscar alternativas.

J. Rubio: Me gustaría señalar un cuestión importante. Las modificaciones del Código Penal han criminalizado muchas actuaciones, por ejemplo, un abandono de familia, es decir, el impago de una pensión de alimentos también está penalizado con prisión. Parece que ésta fuese la única medida posible.

E. Almeda: Y encerrar hoy a una persona en España cuesta 1.800 euros al mes. Con ese dinero se podrían desarrollar tres o cuatro alternativas por persona mucho más baratas.

J. Rubio: Es justamente lo que decía. Políticamente es muy rentable criminalizar determinadas actuaciones legislativamente.

E. Almeda: Por cierto, cuidado con decir que los extranjeros incrementan la población penitenciaria, porque aunque representen ya el 25 por ciento, su delito principal es ser ilegal.

M. Rovira: En centros preventivos hay muchos más. En el centro penitenciario de hombres de Barcelona, diría que hoy los preventivos –los que están en espera del juicio– extranjeros son un 70 por ciento. De los ingresos que hago en la cárcel los sábados la mayoría de ellos están detenidos por delitos contra la propiedad o por delitos relacionados con el mundo de la droga. Con el problema añadido de la falta de intérpretes.

E. Almeda: Sí, pero esos son preventivos. Si tú miras los penados, cambia. Es ahí donde está la trampa. Los presos penados extranjeros no son el 70 por ciento, sino el 25, que igualmente es mucho, porque hace diez años eran sólo un 8 por ciento.

J. Rubio: Y es más si lo comparas con la población extranjera en España, que representa el dos por ciento.

J. Delás: Corregidme si me equivoco pero parece más fácil acabar en la cárcel si eres extranjero que si eres español. Porque a veces hay gente que no puede pagar una multa de 200 euros y en consecuencia tiene que ir a la cárcel. Aquí cualquier familia se hubiera apañado para conseguir ese dinero. Así que diría que quizá es más fácil que acaben en la cárcel por su falta de recursos.

La cárcel perjudica la salud

J. Pérez: Habéis dicho que dentro de la prisión, las cosas normalmente empeoran. ¿Por qué?

E. Almeda: No es tan fácil, no se puede decir así. Mejor decir que si uno se reinserta, no es ‘gracias a' sino ‘a pesar de' la cárcel. Es decir, se reinserta por la familia, porque unos profesionales le han ayudado, ha conseguido un taller. Para reinsertarse al salir es básica la red, en el sentido de comunidad, aquel que tiene un amigo, la vecina, la tía, la pareja.

J. Pérez: ¿El sistema penitenciario tiene poco que ver en la recuperación del preso?

E. Almeda: Es que la prisión tal y como está hoy en día tiene unos efectos inherentes perversos: encerrar a alguien crea problemas psicológicos anexos, lo que se llama la ‘prisionalización'. La prisión ya es negativa en sí misma, y si encima los presos proceden de ambientes marginales o excluidos –donde la igualdad de oportunidades no existe–, en lugar de reintegrarlos y darles herramientas, crea problemas.

M. Rovira: Privar de libertad es una forma de muerte, ya que restringimos uno de los principios de la dignidad. Hay una mala profesionalización dentro de los centros, seguramente porque hay un sentimiento de frustración. Yo sería incapaz de trabajar los 365 días del año. Una anécdota que me pasó en la guardia de 24 horas del pasado sábado, de unas 80 asistencias. De esas 80, la única que fue una urgencia, la realicé a un enfermo de artritis séptica a las dos de la madrugada, cuando el funcionario no sabía si despertarme o no para atenderle. Y era necesario porque el chaval estaba a 39º de fiebre. Mientras, las otras 79 asistencias fueron problemas relacionados con medicación psicotrópica o problemas que justificaran la baja en celda para que los presos pudieran quedarse en ella en lugar de salir al patio a pleno sol. Desde un punto de vista sanitario nuestro rol consiste en tutelar la salud del interno, y esto implica la supervisión de las sanciones. En ocasiones te identifican como elemento represor, ya que en tu mano está el disculparlo de cumplir determinadas órdenes regimentales por motivo de salud.

E. Almeda: Tendríamos que distinguir también entre las cárceles pequeñas, generalmente antiguas, y las macrocárceles. Por ejemplo, la Modelo, cárcel de 1904 para 700 presos, tiene hoy recluidos a unos dos mil y pico: siete por celda. A pesar de ello, y lo he visto en mis investigaciones, algunos presos prefieren ir a la Modelo porque tiene la inercia de las viejas cárceles, que funcionan desde hace mucho tiempo, que están en el centro de la ciudad, que facilitan la reinserción y, por sus dimensiones, permiten más contacto entre los mismo internos y se crea un sentido de comunidad. Al contrario, las macroprisiones de la década socialista de los 80, como Quatre Camins, Brians, Alcalá de Guadaira, Topas, Brievas o Soto del Real –con capacidad para unas 1.500 personas– son cárceles con tecnología punta, un control muy riguroso. Aquí no hay contacto entre los carcelarios y los presos o entre los mismos internos.

M. Rovira: La población de internos dentro del centro de preventivos es más dinámica, y también hay una distribución en comunidades en función de su origen, que les permite una mayor sociabilización. Dentro de las galerías de la Modelo están las subpoblaciones de los paquistaníes, de los magrebíes, etc.

Un día en la cárcel

J. Pérez: ¿Cómo es un día en la vida de un preso?

E. Almeda: Al preso primero hay que colocarlo en primer, segundo o tercer grado; la mayoría está en régimen ordinario o segundo grado.

J. Pérez: ¿Los grados dependen del peligro del preso?

E. Almeda: Sí. Pero la mayoría van al ordinario –el segundo. Habitualmente su régimen de vida es el siguiente: se levantan hacia las siete y media, desayunan y después participan en talleres o la escuela –que es quizá lo que funciona mejor–, a muchos presos les sirve para aprender a leer y escribir. Por la mañana hacen también algún programa de toxicomanía o deportes con el equipo de tratamiento. Luego, cada galería tiene su propio patio y comedor. Todo está clasificado.

J. Rubio: Hay que explicar que un preso preventivo –a la espera de condena– no está calificado y consecuentemente, no tiene acceso a las prestaciones de la prisión ni puede acceder a todos los espacios. El preso que cumple una condena en firme, con juicio, pasa a formar parte de la población penada, con su estadística cruda. Entonces tiene ya su baremo y liquidación de lo que ha cumplido y lo que le queda. Recuerdo la primera vez que leí una hoja de liquidación de condena, me recordó un extracto de un banco y decías ¿pero estoy hablando de días de vida de una persona?

J. Pérez: ¿Y la actividad que hace cada cual en la cárcel la escoge el preso?

E. Almeda: No. Lo escoge el equipo de tratamiento. A ver, en una cárcel está el equipo de régimen, que son los que tienen básicamente el objetivo de hacer cumplir la custodia y la disciplina. Y luego está el equipo de tratamiento, cuya finalidad es organizar las actividades y los programas para conseguir la reintegración. Este segundo equipo está formado por un psicólogo, un médico, un criminólogo, un educador social, un trabajador social y un monitor de deportes, y algún otro profesional. Cada uno de estos equipos lleva aproximadamente 200 presos.

J. Pérez: ¿Y el equipo de tratamiento qué hace?

E. Almeda: El médico entre otras cosas receta medicamentos, pero el psicólogo y el criminólogo cogen a cada uno de los presos y por ejemplo les dicen: ‘A ver, tú estas en la cuarta fase de tu condena de segundo grado. Ahora puedes ya salir de permiso, aunque como no has cumplido lo que acordamos –falta de visitas, sanciones disciplinarias, falta de asistencia al taller-, tienes una sanción'.

J. Rubio: Tiempo atrás, cuando no se ganaban tantos votos diciendo que alguien cumpliría toda la pena, existía una condonación de la pena, mediante la que por cada día que cumplías condonaban dos. Con la aprobación del código el año 96, se restringió esta situación y se transformó en la fórmula: ‘Cuanto más activo seas, más te condonaremos', aunque parece ser que no fue acompañado de un incremento de las actividades. No hay mucha oferta de actividad y además están alejadas de la realidad social.

J. Pérez: ¿Y a partir del 96 cómo se hace la reducción de pena?

J. Rubio: Existen una serie de trabajos y cursillos con los que uno parece ganar créditos. Pero no tantos como antes.

E. Almeda: Y eso que es un código penal aprobado por los socialistas en el 95. Los delitos contra la salud pública pasaron de seis a nueve años. Así, el pequeño tráfico de drogas que en muchos casos cometen las mujeres está mucho más penado.

Nueve años para la mula

J. Rubio: Comparativamente hablando la pena que se aplica en un caso de tráfico de drogas, en función del tipo y cantidad de drogas, es comparable con la que conllevaría un homicidio. Este es el caso de las personas que son detenidas, por ejemplo, en el aeropuerto con droga en el interior de su organismo, también conocidos como bolilleros.

E. Almeda: También se les llama correos o mulas, que son en muchos casos mujeres colombianas que llevan dos o tres kilos de droga a otro país por dinero, y que tienen que enfrentarse a nueve años de cárcel. Mientras sigamos siendo incapaces de crear un castigo más humano que las cárceles, deberíamos imponer un derecho penal mínimo sólo para los delitos en que de momento, por nuestra falta de conocimiento, no encontremos soluciones.

J. Pérez: ¿Así que a un asesino en serie le caen diez años y a una mula, nueve?

E. Almeda: Sí, y eso que para la mula, normalmente, ese es su primer delito, es madre soltera, huye de la necesidad; simplemente necesita el dinero para su familia o para pagar una deuda, y le han ofrecido una cantidad elevada de dinero. Ella es el último eslabón en la cadena pero es a la que detienen con los chivatazos. En Barajas, los policías la están esperando y a su lado se cuela otro con la maleta llena de droga, que es el verdadero alijo que entra.

J. Rubio: Uno de los últimos casos de derecho penal que llevé fue el de un chico colombiano que venía con 900 gramos de bolas de cocaína en el cuerpo. Y el propio policía hablaba con él muy educadamente diciéndole: ‘Tú eres el último mono; sabemos que antes o después de ti ha pasado uno con bastante más de lo que tú llevas'.

E. Almeda: Las mulas, una vez detenidas, pasan a prisión preventiva. Les dan la sentencia firme al cabo de un año y medio y, como no conocen a nadie para aprovechar los permisos de fin de semana, no salen hasta al cabo de cinco años, excepto en los casos en que alguna asociación –normalmente de monjas– se ocupa de ellas. Tras los nueve años, si acreditan que tienen novio o novia, que trabajan y que está empadronada en un barrio, el juez puede hacer la vista gorda y dejarle cumplir aquí la libertad condicional. Pero a la mayoría las expulsan. Es decir, estamos pagando 1.800 euros al mes durante nueve años para que luego las expulsen.

J. Rubio: El extranjero cumple dos condenas: primero en prisión y luego otra por ser extranjero. Y eso que uno de los principios del código penal es no permitir la doble condena. O sea que no sólo los metemos en prisión por el delito que han cometido, sino que como han entrado de forma ilegal los expulsamos, lo que constituye dos condenas.

E. Almeda: Hay que aclarar que en los casos en que la pena es menor de seis años, te expulsan directamente y no te meten en la cárcel. Pero si es mayor, como en el caso de las mulas, te meten en la cárcel y luego te expulsan.

J. Pérez: ¿Pero si las expulsan directamente, al llegar a su país van a la cárcel?

E. Almeda: No. Las extranjeras presas representan el 22 por ciento de la población reclusa, de estas el 90 por ciento son colombianas, el resto ecuatorianas y alguna filipina.

J. Pérez: Es decir, casi todas las presas extranjeras son mulas.

E. Almeda: Todas. Los hombres en cambio son sobre todo magrebíes y latinoamericanos. En los hombres no hay mulas, sino que son traficantes ilegales que ya ‘trabajan' aquí.

La droga en España

J. Delás: A mí me gustaría hablar de cuando la droga ya está en España y cómo se trafica en nuestras ciudades. Porque el tráfico de drogas a pequeña escala está tolerado. Es decir, en todas partes hay al­gún barrio o zona identificadas donde los camellos venden sin problemas. Estos venden a personas adictas que necesitan unos 30 euros diarios para obtener la dosis de droga. Así que toleramos la compra­venta de droga sabiendo que ese dinero procede de limosnas, prostitución o, en la mayoría de casos, delincuencia. Así que podemos acabar diciendo que los trafican­tes son terapeutas, porque si ahora hicieras una redada y todos los vendedores des­aparecieran, se crearía un caos: los adictos no tendrían droga. Desde un punto de vista realista, la suma de recursos que tenemos más el tráfico tolerado de drogas da como resultado el statu quo actual. Y esto es muy fuerte.

M. Rovira: Es cierto que hay una cierta tolerancia con la droga. Sobre todo para evitar los conflictos: si toleramos los vendedores nos evitamos problemas con los drogadictos. Algo parecido sucede en los centros penitenciarios. Del mismo modo, hay también un rechazo desde el asociacionismo vecinal contra la aparición de nuevos centros de rehabilitación. En Barcelona hubo un caso en un barrio dónde el Ayuntamiento quiso instalar un centro de seguimiento de toxicomanías. Los vecinos se rebelaron hasta llegar a tapiar la puerta. Como resultado se limitó el centro al tratamiento de la adicción al alcohol y al tabaco. La decisión municipal incial era acercar el centro rehabilitador y de tratamiento a la población con proble­mas de droga. El alejarlo de su residencia es poner más trabas a la difícil rehabilitación. La clave es integrar. El enfrentamiento a las asociaciones de vecinos hace perder votos a los responsables del distrito.

J. Pérez: Pero es mucho más barato que mantener a un preso.

E. Almeda: Sí, pero si tú no lo expli­cas, la gente siempre preferirá tenerlo en­cerrado. Una vez con unos estudiantes hice una encuesta. Explicábamos lo caro que era encerrar a alguien en la cárcel y lo barato que era mantenerlo en un piso tute­lado. La mayoría de los encuestados se replanteaba sus opiniones.

J. Pérez: Sí, pero si les decías que el piso tutelado estaría en el mismo rellano que el suyo, ¿qué decían?

E. Almeda: Pues les decía que en Richmond Park, el barrio rico de Londres, donde votan a los conservado res, algunas familias acogen a un chico o chica que cumple una medida alternativa, como trabajos para la comunidad: ayudar a pintar la casa, arreglar el jardín comuni­tario. Por eso también en España estamos en el año de la catapún. Falta sensibilidad.

J. Pérez: ¿Cuál sería la solución para recuperar los guetos donde se trafica?

J. Delás: Requiere un esfuerzo presu­puestario. Cuando alguien publica que hay una gran lista de espera de prótesis de rodilla o de cataratas, la Administración corre a subsanarla. Pero como de las listas de espera de los drogadictos nadie se queja, pues no se arreglan. ¿Y qué se hace? Pues mantener el statu quo. Si analizamos la política de drogas en España de los últi­mos quince años seguirá en gran parte igual. Y no se soluciona debido a la falta de presión social. La solución pasa pues por el aumento de la inversión en el as­pecto social.

J. Pérez: ¿Pero cómo haces que un drogadicto acuda al centro?

J. Delás: Pero el problema es que si hoy alguien decide que está harta de dro­garse y ve como su solución el tratamiento debe saber que la lista de espera superará el mes, como mínimo. Pero encerrarlo en la cárcel tampoco es solución. Hace dos años, alquilar una inyección en prisión costaba 12 euros pero eso implica que antes la aguja la ha utilizado otra persona. Esto supone un riesgo muy elevado en transmisión de enfermedades como la hepatitis C, altamente contagiosa.

M. Rovira: Aquí nos encontramos con un problema de prevención y tam­bién es un papel importante sanitario penitenciario el diseñar e implantar pro gramas preventivos. Hay que evitar que el preso salga de la cárcel encima con otras patologías.

J. Pérez: ¿La única solución para que alguien abandone las drogas es que un día se levante y diga: ‘quiero dejarlo'?

M. Rovira: Por supuesto.

J. Rubio: Yo que soy fumadora sé que no sirve de nada que alguien me diga que debo dejarlo. Tiene que salir de mí. Debemos ir de abajo arriba. A mi hija de 11 años quiero poder enseñarle lo crudo que es la droga. Si tú vas a una reunión de padres y los únicos temas que aparente­mente preocupan son la organización de los aspectos lúdicos y festivos, me parece patético. Los padres tienen que preocu­parse de enseñar los aspectos duros de la vida a sus hijos, en su beneficio. Hay vídeos que un niño de seis años no puede ver, pero uno que ya empieza la Eso, ¿por qué no? Desde el principio nos tienen que enseñar a todos.

E. Almeda: Hay que hablar con la gente del barrio. Tenemos unos políticos que no están preparados para dialogar, para explicar a la gente el problema que tenemos.

M. Rovira: Es mucho más compli­cado. Imponer un programa diseñado en cualquier despacho es mucho más fácil que recoger cuáles son las necesidades. Como ocurre por ejemplo con el conflicto de los `sin papeles'. Con dificultad se acer­cará a un centro cuando tiene otros pro­blemas más emergentes y urgentes, en muchas ocasiones su problema con la droga es de reciente debut en nuestra sociedad de acogida.

J. Rubio: El problema central es que todo el mundo sabe que existe la delin­cuencia pero cuando se trata de debatir nos quedamos en la superficie. Hay temas que no son gratos, v precisamente por eso la sociedad quiere encerrar y olvidar a los presos v; si es posible, tirar la llave.

E. Almeda: La prisión es el reflejo de la sociedad, es un espejo. Y está claro que nuestras cárceles no funcionan y así lo demuestran los informes internacionales y los del Defensor del Pueblo: las cárceles en las condiciones que están no pueden rein­sertar. Desde la democracia en España se han hecho cosas en diferentes ámbitos pero las prisiones están olvidadas. En el mundo académico, yo me he sentido en soledad absoluta: no hay ningún interés en investigar las prisiones, no se dan recursos, es muy difícil que te den permisos para entrar en ellas. Hay muy poca trans­parencia por parte de las administración y como la sociedad vive de espaldas a las cárceles, nadie hace nada para que eso cambie, nadie Quiere saber cómo se gastan nuestros impuestos en las prisiones. El retraso se debe en parte, quizá, a los pocos años de democracia y por ello la sociedad no se ha movilizado.

La cárcel no es eterna

J. Pérez: Sin embargo, la cárcel histó­ricamente ha sido un progreso.

E. Almeda: Sí, la cárcel como tal nace en el siglo xvIIi. El primer código penal que definió la prisión fue el francés a finales del xvm y fija que la pena pri­vativa de libertad debe ser la pena por excelencia para castigar al que infringe una norma.

J. Pérez: Pero fue un paso adelante porque antes se les cortaba la cabeza.

E. Almeda: Claro. Antes era castigo físico y ahora se aspira a corregir a quien haya delinquido.

E. Almeda: Y en los años 70 todo esto explota y se da el auge de las medidas alternativas, pero España se queda fuera de esta tendencia.

J. Rubio: Siempre se habla de medidas alternativas, pero el código penal habla de medidas sustitutivas.

E. Almeda: La trampa es la siguiente. En las medidas alternativas, si las incum­ples la amenaza no es la cárcel. En cambio, en las sustitutivas, sí, con lo que prevalece la amenaza de prisión. Hay sectores más críticos que dicen que las medidas alterna­tivas son las alterativas, es decir, las que alteran mediante la modificación de las causas: la pobreza y la desigualdad. La po­lítica penitenciaria y criminal que es nece­sario hacer es la política social. Los países del norte de Europa ya la han aplicado: más políticas sociales, menos reclusos, esto es una regla de tres exacta. Lo mismo para el profesional. Las medidas alternati­vas mejoran su trabajo, ya que trabajar en prisión con las condiciones actuales es degradante para el funcionario.

J. Pérez: ¿ Cuáles son las penas alter­nativas?

E. Almeda: La libertad de prueba, el trabajo en la comunidad.

J. Pérez: ¿Qué es la libertad de prueba?

E. Almeda: Primero tengo que decir que los países que desarrollan medidas alternativas son los que tienen un Estado del bienestar muy desarrollado, con muchos médicos y asistentes sociales. Estos países tienen personal para des­arrollar alternativas. Por tanto, primero hay que desarrollar profesionales. En cuanto a penas alternativas, para mujeres, en muchos países de Europa, si es un pri­mer delito, la pena es de menos de cuatro años y si tiene hijos menores de tres años, directamente se le asigna una libertad a prueba, que consiste en suspenderla pena y diariamente asistir a un curso, donde aprende peluquería o lo que sea. O por ejemplo si cuida bien de los niños y los lleva arregladitos al colegio no entrará en la cárcel. Cosas así. Tened en cuenta que la mujer que entra en prisión tiene cargas familiares y que si pones a la mujer en la cárcel, entra toda la familia en la prisión. Hay un abanico de posibilidades. En drogas, por ejemplo, la alternativa son los tratamientos. En Holanda cada dro­godependencia tiene su tratamiento.

J. Rubio: Cada caso tiene sus pro­pias opciones de rehabilitación.

J. Pérez: ¿Qué medidas alternativas hay hoy en España?

J. Rubio: Una es la condicional o a prueba o también llamada suspensión ordi naria. Si el delito es d menos de dos años y la persona no tiene antecedentes penales, el juez tiene la potestad de suspender la ejecución de la pena durante el tiempo que él establezca. Esta es la ordinaria, es decir, que si en tres años no reincides, estás libre; en ese tiempo sólo tienes que ir al juzgado a que te pongan un sello. Existe otra medida específica introducida en el código penal del 96 para los drogodependientes que consiste en sustituir el ingreso en prisión por el tratamiento de desintoxicación con condiciones: que no seas un reo habitual, que no tengas otras condenas. Aunque todas son condicionadas: si tú haces esto, no entras en prisión; pero si no cumples, entras.

¡Qué buen aspecto tienes!

J. Delás: A veces una persona que has conocido, la ves salir de la cárcel y dices: ¡Caramba, qué buen aspecto tienes! Y realmente ha aumentado de peso, tiene un aspecto más saludable, unos ojos más abiertos. ¿Qué ha pasado? Pues que comía cada día, en principio no había droga, y ha hecho un tratamiento por ejemplo con metadona. ¿No tenemos una institución en la que esa persona pueda comer, dormir, un techo, sus pertenencias y donde se puedan tratarsus enfermedades? No por fuerza este lugar debiera ser una cárcel.

J. Pérez: ¿Una prisión abierta?

J. Delás: Sí, que no dependiera de instituciones penitenciarias sino de servicios sociales.

J. Rubio: Me parece que con lo que decimos se nos puede tachar de utópicos. Yo creo que lo más importante es la individualización. Cada persona es un mundo, un caso muy concreto. La aplicación de un genérico de tipo penal -una persona por haber hecho tal cosa merece tal pena- puede hacer pensar que se olvidan las características de cada cual. Olvidamos cómo ha ocurrido el delito, las características de la persona. No metamos al delincuente en un cajón para cerrarlo con llave. Mi opinión es que sería muy conveniente por ejemplo que los informes médicos de un detenido estuvieran centralizados para que el abogado pudiera acudir a ellos como si de un informe clínico se tratara y demostrar que en tal causa su defendido era irresponsable penalmente. Sería más justo y más personalizado, algo así como un abogado de cabecera: un abogado que tuviera centralizados los expedientes. Por ejemplo cuando me llamaban de una comisaría para asistir a un detenido, le preguntaba si tenía algún informe médico: ‘Sí -decía-, pero no sé dónde está'. Le pedía al menos el nombre del médico: ‘Manolo', respondía. Son situacion dantescas, porque si el abogado pudiera tener todos los informes podría intentar que se aplicase a su defendido algún atenuante. Hay que individualizar sobre todo la forma de aplicar la pena; hay que tratar mejor a los presos.