El 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo de un mes para que se presentaran los municipios candidatos a acoger el cementerio nuclear o Almacén Temporal Centralizado (ATC), hecho clave en la historia de la energía nuclear en España puesto que el ATC permitirá un alargamiento de la vida de las nucleares. La fecha se había ido retrasando desde 2006 por las protestas vecinales en Peque (Zamora), y por las elecciones locales (2007) y generales (2008). Durante todo este tiempo, los representantes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) fueron negociando con diferentes alcaldes: se trataba de evitar otro fracaso como el de 2006 y tener candidatos dentro y fuera de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales. Durante 2009 Ecologistas en Acción colaboró en las protestas en torno a Yebra, que también contribuyeron al retraso. La industria nuclear tiene prisa: desde abril de 2005 paga un canon por la gestión de los residuos; los residuos vitrificados de Vandellós I (que ya nos cuestan unos 57000 € diarios) obligarán a pagar 60.000 € diarios a partir del 1-1-2011 en concepto de depósito; y la piscina de combustible gastado de Ascó I se satura en 2014.
El proceso ha sido oscurantista y antidemocrático y no se ha producido un verdadero debate sobre la gestión de los residuos. El resultado es que quedan nueve pueblos que suman algo más de 4.000 habitantes: Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara) en zonas nucleares, y siete en zonas no nucleares: Zarra (Valencia), Villar de Cañas (Cuenca), Albalá (Cáceres), Torrubia (Soria), Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid) y Congosto de Valdivia (Palencia). Y se han producido enormes tensiones políticas con Barreda oponiéndose en Castilla-La Mancha y Montilla en Cataluña. Dos presidentes del PSOE que se oponen para aumentar sus posibilidades de ser reelegidos. Por su parte, ERC e IC-EUEV anuncian que la instalación del cementerio nuclear en Cataluña sería suficiente para romper el tripartito.
Las ventajas del ATC para los municipios se limitan a los impuestos municipales sobre la inversión de 700 millones y a la compensación de 6 millones de euros anuales. Además hay que contar los puestos de trabajo de baja calidad generados en la construcción y los aproximadamente 50 puestos permanentes, ocupados éstos por técnicos que no procederán de la zona. A cambio, el ATC cercenará otras actividades económicas, como se puede ver en las zonas nucleares, donde las centrales no han sido capaces de generar desarrollo.
Los riesgos del ATC están asociados a la peligrosidad de las sustancias que alberga y a la incertidumbre de qué ocurrirá después: el ATC está licenciado para 60 años pero los residuos son peligrosos durante cientos de miles. Se supone que está hecho a prueba de terremotos, pero hay que recordar que la central de Kashiwazaki (Japón) también lo estaba y sufrió una fuga de 1.300 litros de agua radiactiva por los efectos de un sismo en julio de 2007. También se dice que el almacén soportaría el choque de un avión de caza, pero no el de un avión de pasajeros que es algo más fácil de esperar tras el 11-S. Los posibles accidentes en la manipulación de los residuos son otro riesgo, junto con los transportes que surcarán las carreteras y las vías de ferrocarril con esta peligrosa carga.
Los conflictos sociales y políticos que se están produciendo durante la instalación del ATC son un efecto indeseado de la energía nuclear. Lo más sensato para conseguir el necesario consenso social es dejar de producir residuos estableciendo un calendario de cierre de las centrales nucleares. A continuación se debería abrir un amplio debate con participación de expertos y de entidades sociales para identificar la forma de gestión menos mala de los residuos.
