El pasado mes de octubre, Elena Espinosa era cesada como Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Ninguna persona con sensibilidad ecologista ha lamentado que abandone el cargo. El paso de Espinosa por el Ministerio ha sido un desastre: ha paralizado una buena parte de las, ya de por sí, insuficientes medidas para la protección medioambiental, ha desmontado equipos técnicos y ha despreciado sistemáticamente a la totalidad del movimiento ecologista.
Su sucesora, Rosa Aguilar, antigua alcaldesa de Córdoba, cuenta con un curriculum antiecológico que no hace presagiar precisamente un giro radical hacia la sostenibilidad. Aguilar nunca tuvo como prioritarias las políticas medioambientales en el Ayuntamiento de Córdoba. De hecho, bajo sus mandatos se perpetraron algunas de las barbaridades urbanísticas que hoy día sufre la ciudad: construcciones ilegales en parajes serranos de valor singular o en las zonas inundables de la vega del Guadalquivir, destrucción de entornos de gran valor ecológico y riesgo para la vida de las personas que se han asentado en estas zonas.
El paso de Rosa Aguilar por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía tampoco fue para tirar cohetes. Durante el tiempo que ha ocupado el cargo, han empeorado los problemas de ordenación del territorio y no ha hecho nada por la movilidad sostenible. Además tras el estallido de la burbuja inmobiliaria la política de la Junta de Andalucía, con Rosa Aguilar en su equipo de gobierno, ha sido más de lo mismo: potenciar el sector de la construcción con megaproyectos de infraestructuras.
Sin embargo, a los pocos días de tomar posesión del cargo, Aguilar recibió a los grupos ecologistas de ámbito estatal, entre ellos Ecologistas en Acción. En la reunión, las organizaciones ecologistas presentaron un amplio catálogo de medidas que el MARM puede realizar en el año y medio que queda de legislatura. Son medidas concretas y de gran importancia para el medio ambiente. El grado en que se pongan en marcha será el principal indicador de que el Gobierno quiere mejorar su política ambiental.
Entre las medidas que han propuesto las organizaciones ambientales, Ecologistas en Acción destaca:
- Que el Gobierno defienda la reducción incondicional de emisiones del 30% en la UE de cara a la próxima Cumbre de Cambio Climático en Cancún. Esta reducción deberá subir al 40%, que es lo que considera necesario el mundo científico.
- Cumplimiento de los compromisos recogidos en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Sobre todo en lo que concierne a la elaboración del Plan Estratégico, que todavía no ha sido aprobado.
- Apoyo en la próxima cumbre del ICAAT de una reducción significativa de la cuota de pesca del atún rojo, hasta 6.000 toneladas, para asegurar su viabilidad.
- Prohibición del maíz modificado genéticamente MON810 y de la patata Amflora en España.
Además, las organizaciones ecologistas han puesto sobre la mesa una serie de casos emblemáticos sobre los que el Gobierno tiene que decidirse con urgencia: que el MARM dé una Declaración de Impacto Ambiental negativa al proyecto de Refinería Balboa (Badajoz); el derribo del hotel Algarrobico (Almería); y que el Ministerio lleve al Tribunal Constitucional el nuevo catálogo de especies amenazas de Canarias, con el que se quiere legalizar la construcción del puerto de Granadilla (Tenerife).
Rosa Aguilar se comprometió con las organizaciones ecologistas a acordar un plan de trabajo concreto, con actuaciones medibles y valorables, para lo que queda de legislatura y manifestó que ese plan recogería parte de las reclamaciones que habían sido presentadas.
Al cierre de esta edición, todavía no se ha concretado este plan. Pero no cabe duda que su propia existencia, su contenido y la verificación de que se cumpla lo que en él se acuerde será una buena manera de comprobar si el gobierno del PSOE tiene voluntad de tratar de enmendar, aunque sea en el último momento, una penosa legislatura en lo que a lo social y ambiental se refiere.
