Hace unas semanas, coincidiendo con la presencia un potente anticiclón, se dispararon los niveles de contaminación del aire en muchas de las ciudades españolas. La coincidencia de las boinas de contaminación en numerosas áreas urbanas, con la presentación de algunos informes y denuncias sobre el tema de Ecologistas en Acción, además de algunas declaraciones de la responsable de medio ambiente del consistorio madrileño, Ana Botella, minimizando el problema, y junto a la decisión del nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya de casi eliminar una de las pocas medidas exitosas para luchar contra la contaminación -la reducción de la velocidad a 80 km/h en las autopistas de acceso a Barcelona- han generado un gran interés comunicativo. Por fin, se ha hablado del aire.
Pero, como suele ser habitual, se ha hablado mucho pero se ha hecho poco: prácticamente ninguna administración ha tomado medidas de forma inmediata para mejorar la calidad del aire que respiran los ciudadanos ni siquiera en los momentos de mayores niveles de contaminación. Conviene recordar que por esos mismos días, en las principales ciudades italianas se acometían duras medidas contra el tráfico, y eso que tenían similares o menores niveles de contaminación que muchas urbes españolas.
Hablamos de un asunto serio: es conocida la cifra de que en el Estado español mueren 16.000 personas cada año de forma prematura por la mala calidad del aire. Pero trabajos más precisos llegan a resultados aún más preocupantes: 3.500 muertos anuales por esta causa en Barcelona, 2.000 muertes prematuras en Madrid sólo a causa de las partículas, uno de los contaminantes del cóctel que respiramos habitualmente, etc.
Ante la gran atención mediática y mientras subían los índices de contaminación y los gobiernos autonómicos y municipales no hacían más que mirar al cielo a ver si llegaban nubes, la ministra Rosa Aguilar estuvo rápida de reflejos y planteó un par de reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la Conferencia Sectorial que aglutina a todos los consejeros de medio ambiente de las Comunidades Autónomas. Haciendo de la necesidad virtud, anunció la presentación de un plan de calidad del aire para el próximo julio. El problema es que el Gobierno tenía la obligación, según la ley de calidad del aire de 2007, de haber puesto en marcha este plan ya hace tiempo.
Efectivamente, como se deduce de los informes que Ecologistas en Acción presenta cada año sobre la calidad del aire en el Estado español, los incumplimientos de los límites legales para varios contaminantes son muy frecuentes, y más aún lo es la superación de los valores que la OMS recomienda no rebasar. Esto ocurre un año tras otro, y la ley mencionada obliga tanto al Gobierno central, como a los autonómicos, a poner en marcha los planes de acción que permitan reconducir esta situación lo antes posible. En todo caso, es un cambio de actitud del Ministerio de Medio Ambiente, que hasta ahora sólo se había mantenido en un discreto dejar hacer, más bien no hacer, a las Comunidades Autónomas, y sin abordar sus propios deberes.
Por otro lado, como la mayor parte de la contaminación del aire que sufrimos en los espacios urbanos proviene del tráfico, disminuir la contaminación es sinónimo de reducir el tráfico. Veremos si, finalmente, los planes que se elaboren se quedan en unas meras recomendaciones genéricas más, sin capacidad ejecutiva, como muchas otras que ya tenemos, mientras que iniciativas más contundentes como la Ley de Movilidad Sostenible siguen durmiendo en algún cajón.
