El final de la segunda legislatura del PSOE está cerca y es momento de hacer balance. En la primera no hubo un cambio de fondo hacia la sostenibilidad, pero al menos sí se aprobaron leyes importantes, como la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de derogarse el transvase del Ebro.
Sin embargo esta segunda legislatura se ha caracterizado por relegar a segundo plano los temas ambientales. Una situación que el cambio ministerial, con la sustitución de Elena Espinosa por Rosa Aguilar, no ha cambiado, aunque sí se haya mejorado la participación de las organizaciones ecologistas.
En conservación de la biodiversidad se han producido algunos avances en el papel, la mayoría todavía por concretar, como la delimitación de la Red Natura 2000 marina o el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aunque no se está llevando a cabo en sus aspectos más importantes.
La Ley de Costas es uno de los elementos centrales en la protección del litoral español. Durante estos años se ha avanzando en su deslinde pero, a la vez, se han introducido varias enmiendas a la Ley de Costas que la han descafeinado.
En pesca y agricultura el Gobierno ha pintado de verde su discurso, pero no así sus prácticas. De este modo, la Ley de Pesca Sostenible solo tiene de eso su nombre, y no se ha puesto en marcha el santuario del atún rojo en Baleares. Además el Estado español sigue siendo el territorio de la UE con más hectáreas transgénicas cultivadas.
Uno de los indicadores más importantes es el energético. Ahí el Gobierno ha dado un marcado giro pronuclear. Esto se plasma en la continuación del proceso del ATC y en la renuncia a fijar una fecha de cierre del parque nuclear español en la Ley de Economía Sostenible. En paralelo se mantiene la apuesta por las subvenciones al carbón español y el recorte de primas a la energía solar fotovoltaica. Todo ello sin ni siquiera aparecer en el discurso la necesidad de recortar el consumo energético.
Igual de desastrosa es la valoración de una política de transportes, que nos sitúa en el techo europeo en kilómetros de autovías y de alta velocidad ferroviaria, así como de aeropuertos sin usar. Así el 80% de la población respira aire contaminado, de forma que el futuro Plan de Calidad del Aire, aunque positivo, llegará demasiado tarde.
Todo ello hace que las emisiones de gases de efecto invernadero españolas solo se hayan recortado por obra y gracia de la crisis, eso sí, con ayuda del despegue de las renovables, a pesar del ministro Miguel Sebastián.
En materia de residuos, se ha aprobado una Ley de Residuos que apuesta con demasiada timidez por su reducción, olvidándose del compostaje de materia orgánica y la devolución y retorno de envases. Además da vía libre la incineración.
La política de aguas es la de la "vieja cultura del agua". No se cumple la Directiva Marco de Aguas; en los planes de cuenca se plantea la creación de nuevos regadíos; no hay ninguna voluntad de cierre de los pozos ilegales; no se tiene intención de mantener caudales ambientales; sigue obviándose la necesidad de que el precio del agua refleje sus costes; y además se ha apostado por proyectos del siglo pasado, como los embalses de Biscarrués y Yesa.
Finalmente, un indicador claro del interés político del Gobierno en el avance hacia la sostenibilidad es su política presupuestaria. En los Presupuestos Generales de 2011 los recortes en las partidas ambientales han sido superiores a la media de la reducción presupuestaria del MARM, que a su vez es uno de los ministerios con mayor disminución de presupuesto. Y eso que los gastos claramente ambientales suponen un exiguo 5% de la asignación del MARM.
