Ese es el tiempo que lleva constituido el gobierno de Mariano Rajoy al escribir este texto. Y en este corto periodo ya se han manifestado, o se apuntan, unos negros augurios para el medio ambiente y los derechos sociales.
En primer lugar, el medio ambiente se ha situado de segundón en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pero más preocupante resulta la declaración de intenciones que realizó el ministro Arias Cañete en su comparecencia parlamentaria del 1 de febrero: quedó claro que el medio ambiente se sacrificaría al crecimiento económico de la mano de una desregulación en materia ambiental sin precedentes.
Esta desregulación va a comenzar con la Ley de Costas, una buena ley mal aplicada, pero que al menos ha frenado algo el deterioro de nuestra maltrecha franja litoral. Aún está por ver el alcance de la "profunda reforma", pero se habla de "agilizar los procesos de desafectación", léase privatización, para aquellos bienes que hayan perdido sus características naturales, en lugar de abordar su restauración como dice la Ley, o de tomar las medidas necesarias para que la actividad económica no encuentre restricciones.
Otros planes del Ministerio son los de volver a la política de trasvases entre cuencas; "simplificar y racionalizar" los procedimientos de evaluación ambiental para que no se retrasen, olvidando que la mayor parte de las veces el retraso viene de las presiones políticas para que salgan adelante proyectos insostenibles; "establecer objetivos realistas" en calidad del aire, lo que quiere decir que seguiremos incumpliendo los límites legales para desgracia de nuestra salud; una "revisión de la normativa básica estatal" en materia de espacios naturales, y así un largo etcétera.
En definitiva, se trata de una auténtica contrarreforma ambiental, pero que va a encontrar muchas dificultades para llevarla a cabo. Aparte de la resistencia que podamos plantear las organizaciones ecologistas, la más obvia es que nuestra legislación es una trasposición de mínimos de la normativa europea, por lo que el margen para las rebajas es muy reducido. En todo caso, sí que deja claro que la prioridad del Gobierno no va a estar ni por asomo en el cumplimiento de la legislación ambiental, sino en su devaluación.
Pero las agresiones al medio ambiente no van a venir sólo del ministerio que debería defenderlo. Un papel estelar en esta tarea lo va a jugar el ministro de Industria, Comercio y Turismo, con su contundente apuesta por la energía nuclear (prórroga de Garoña, ATC en Villar de Cañas) y contra las renovables a favor de las fuentes energéticas más contaminantes y de las grandes empresas eléctricas y petroleras.
Desde el Ministerio de Fomento se anuncia también una continuidad con lo peor del pasado si hacemos caso a la comparecencia de la ministra del 9 de febrero. El nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda, PITVI, incrementará aún más la inversión anual en infraestructuras de transporte. También mantiene buena parte de los proyectos que ya había en el pasado y que en su mayor parte no alcanzan el tráfico mínimo para justificar estas intervenciones.
Si a todo esto le sumamos los drásticos recortes de derechos sociales y laborales, ya ejecutados o anunciados, nos encontramos con un panorama tremendamente regresivo en lo ambiental y lo social, que intenta retrotraernos a lo peor del pasado. Y todo ello con la principal justificación del control del déficit, que no es sino una manera burda de que entre todos paguemos, con intereses, la factura de lo que se embolsaron unos pocos.
Es claro que con la correlación de fuerzas existente el principal recurso para frenar esta situación e intentar que cambie de rumbo va a ser la movilización social, que se debería plantear en todos los ámbitos y con todas las confluencias y apoyos posibles.
P.-S.
