Recientemente ha tomado posesión la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en sustitución del ahora europarlamentario y aspirante a comisario europeo, Arias Cañete. Pero este reemplazo no parece que vaya a suponer ningún cambio en las políticas claramente antiecológicas que ha estado siguiendo el Gobierno del Partido Popular a lo largo de la legislatura.
La nueva ministra no tiene un currículo muy esperanzador. Sin ir más lejos, los ocho años previos a su fichaje en el ministerio ha sido directora de Planificación en Fertiberia. Esta empresa, del grupo Villar Mir, tiene un largo historial de gravísimos incumplimientos legales en relación con el medio ambiente, en especial por la acumulación de fosfoyesos -residuos muy contaminantes y radiactivos- en la ría de Huelva a lo largo de cuatro décadas. Hablamos de años de funcionamiento sin la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, dilaciones injustificables en el tratamiento de los residuos tóxicos acumulados, resistencia y retrasos para el cumplimiento de la sentencia por la que la Audiencia Nacional le exige la restauración de la zona, etc. En definitiva, un pésimo currículo ambiental para la empresa, y por extensión para sus directivos, lo que arroja dudas de que ahora sí, desde el ministerio, se muestre firmeza a la hora de exigir el cumplimiento de la legislación ambiental.
Aunque la mayor parte de la actividad normativa del ministerio se ha centrado en desmantelar la legislación ambiental preexistente, lo que se ha ejecutado con eficacia desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, también hay algún proyecto que ha surgido de la rama de la que era responsable la actual ministra, la Secretaría General de Agricultura. Es el caso de la nueva Ley de Montes.
Efectivamente, se trata de un texto legal que no da respuesta a las deficiencias que, a nuestro parecer, tiene la actual ley, sino que, por el contrario, supone un claro retroceso a posiciones ya obsoletas, un freno a la lucha por la calidad ecológica y ambiental de nuestros montes y una cesión descarada a los intereses empresariales del sector y a la presión de determinadas autonomías en detrimento de la ciudadanía en general.
Se permiten, así, excepciones a la prohibición de cambiar de uso de los suelos quemados durante 30 años; se elimina la necesidad de tener un plan de gestión para muchos montes, al tiempo que se da al resto un plazo dilatadísimo, 25 años, para su elaboración; se incluyen ciertos artículos sobre caza, cuando este no es el sitio adecuado para hacerlo, etc.
Por último, señalar que en el Gobierno de Rajoy el ministerio con competencias en medio ambiente hasta ahora no ha hecho valer sus posiciones a favor de una verdadera sostenibilidad frente a otros departamentos con políticas claramente insostenibles. Tal es el caso de Industria y su apuesta por las energías sucias al tiempo que se bloquean las renovables, o de Fomento, con su política de más y más infraestructuras, con los consiguientes despilfarro de fondos y deterioro territorial. Y es difícil que ahora cambie esta tendencia de falta de contrapeso ambiental, más cuando el peso político de la nueva ministra es, resulta obvio, mucho menor que el de su antecesor.
