El 11 de abril de 2015, un pesquero ruso denunciado repetidamente por su actividad pesquera ilegal en aguas de Senegal, después de pasar más de dos semanas en reparación y avituallamiento en las instalaciones del Puerto de Las Palmas, se incendia cargado con 1.400 toneladas de fuel Bunker C. En menos de cuatro días, tras cuestionables decisiones a la hora de abordar el incendio y su posterior arrastre fuera de puerto, después de pasear el barco más de 30 horas por aguas cercanas a Gran Canaria y Fuerteventura, este se hunde. A causa de esta negligente actuación de la Autoridad Portuaria de las Palmas y del Ministerio de Fomento se provoca un vertido al sur de Maspalomas de consecuencias aún impredecibles.
Cuatro semanas después y a pesar de todos los protocolos activados, de los numerosos medios desplegados, el fuel sigue saliendo del barco hundido a 2.700 metros de profundidad. Siguen llegando manchas y residuos oleosos a una parte del litoral de altísimo valor ecológico y social, ayudadas por la dinámica local de corrientes marinas. Al mismo tiempo, una mancha tóxica de grandes dimensiones viaja a la deriva hacia aguas internacionales sin que a las autoridades españolas les importe mucho su destino. Mientras la crisis provocada por el vertido del Oleg Naydenov continúa, muchas preguntas siguen sin tener respuesta.
No obstante, a un mes del siniestro sí sabemos que el Ministerio de Fomento decidió llevar el barco a aguas profundas una vez el incendio se había apagado; que al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le preocupa más el posible daño electoral al Gobierno que la protección del medio ambiente marino; que los protocolos sobre papel no sirven para gestionar adecuadamente un riesgo más que real; que instrumentalizar el trabajo voluntario de la ciudadanía es una estrategia para controlar la protesta social; y que determinados científicos no dudan en minimizar los efectos de un vertido aunque no tengan ni la más mínima prueba empírica.
Hemos descubierto, además, que tenemos una Administración Portuaria que está convirtiendo el Puerto de la Luz en un centro de especulación para multinacionales sin escrúpulo que ven en África un nuevo El Dorado, sin importarle en igual medida la seguridad y bienestar del entorno social y ambiental que les rodea. De hecho, este puerto es la principal gasolinera del Atlántico, donde más fuel se reposta de todo el Estado, pero las medidas de seguridad en absoluto van parejas a esta creciente utilización y almacenamiento de hidrocarburos.
También hemos podido comprobar con estupor cómo el Gobierno de Canarias grita y jalea contra el Gobierno del PP mientras juega con los recursos y la salud de los ciudadanos canarios, permitiendo que recojan fuel de las playas con sus manos desnudas y coman pescado sin saber si está contaminado. Hemos visto igualmente cómo a los gobiernos de los ayuntamientos afectados lo único que les interesa es que el fuel no se vea, por miedo quizás a perder la gallina de los huevos de oro del turismo.
En definitiva, hemos corroborado una vez más que nuestras Administraciones y los Gobiernos que las tutelan, lejos de defender el interés general y la calidad de vida de los ciudadanos, continúan atrincheradas en sus sillones, y solo reaccionan si lo que está en cuestión es su pervivencia en el poder. Y, desde luego, hemos comprobado una vez más los riesgos de una economía basada en los combustibles fósiles, cuya quema provoca el cambio climático, y su vertido graves problemas como los que estamos sufriendo ahora en Canarias.
