Es posible extraer muchas enseñanzas del enorme incendio que se inició el 13 de mayo en el vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid): cómo no se deben gestionar los residuos, de qué forma la planificación territorial se ha plegado a los intereses de unos pocos, la manera en que se ignoran sistemáticamente las advertencias y denuncias de los grupos ecologistas o de cómo se intenta trasmitir un vano mensaje de tranquilidad para que no cunda la alarma, incluso aunque se ponga en riesgo la salud de la población.
El vertedero surgió en 1990 como depósito temporal de neumáticos, a la espera de ser reciclados, pero acabó convirtiéndose en un enorme almacén permanente, carente de autorizaciones. En 2003 el vertedero se declaró ilegal por no respetar las normas medioambientales. El mismo alcalde de Seseña que dio licencia a Paco El Pocero para construir nada menos que 13.500 viviendas -al final se levantaron 7.500- en una zona desgajada del núcleo urbano, fue el mismo que dio licencia al vertedero, a pesar de que casas y ruedas distaban apenas 500 metros. Y sin olvidar que entre ambos trascurría la R4, una de las autopistas de peaje quebradas por falta de demanda y que rescataremos con dinero público. Toda una imagen de lo peor de nuestra burbuja inmobiliaria y de infraestructuras.
Las 11 hectáreas donde se acumularon más de 100.000 toneladas de neumáticos se extendieron desde el término municipal de Seseña hasta el vecino Valdemoro, convirtiéndolo en el mayor vertedero de ruedas de España. Y la pelota ha ido pasando este tiempo de unas a otras administraciones sin que nadie solucionase el problema.
A pesar del riesgo de incendio -que Ecologistas en Acción había denunciado repetidas veces- la instalación ni siquiera contaba con un plan de extinción o de emergencia. Durante el mes que duró el fuego la cantidad de contaminantes que se han vertido a la atmósfera ha sido brutal. Por ejemplo, las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP (muchos de ellos cancerígenos, como el benzopireno) han podido alcanzar las 238 toneladas, una cantidad equiparable a lo que se emite a lo largo de un año en todo el Estado español. Un completo desastre.
No es que no se hayan extremado las medidas de precaución hacia la población, sino que se han minimizado los posibles problemas. Efectivamente, a juicio de Ecologistas en Acción la urbanización de El Quiñón debería haberse mantenido evacuada como se hizo solo en un primer momento, apenas un día. Pero se optó por mandar mensajes tranquilizadores y trasmitir la falsa idea de que todo estaba controlado.
La gente estaba desconcertada. Un día se abrían los colegios y otro se evacuaba entre humo al alumnado; se afirmaba que el aire estaba bien, pero al poco se recomendaba a la gente que permaneciera confinada en sus viviendas. En definitiva, se ha tratado de que la situación pareciera bajo control, cuando en el fondo la calidad del aire que se respiraba dependía de la dirección del viento. Y en no pocos momentos, las personas que vivían en los alrededores han estado sometidos a niveles muy altos de contaminantes altamente tóxicos. Una auténtica irresponsabilidad.
Ecologistas en Acción ha tenido que suplir, con sus escasos medios, las graves carencias de información y actuación de la administración: acudiendo a reuniones informativas, divulgando pautas de comportamiento para minimizar la exposición de las personas a los productos tóxicos, trasmitiendo de forma comprensible los datos de calidad del aire reales, etc.
Ahora, una vez apagado el fuego, queda analizar los suelos, cultivos y aguas subterráneas de los alrededores y, en función de la contaminación que se detecte, tomar medidas como las de retirar una capa de suelo de las zonas más contaminadas o destruir los cultivos. Una vez más queda claro que ignorar las advertencias de los colectivos ecologistas sale caro. Y que la desidia administrativa nos lleva a situaciones de catástrofe ante las que no se sabe ni cómo actuar.
