Todo cambio de gobierno y más si se ha producido tras la mutación de una mayoría parlamentaria de signo político diferente, conlleva relevos múltiples en todos los escalones de los estratos gubernamentales. Los cargos políticos de libre designación son sustituidos en su totalidad o casi, por otros que pertenecen al partido o la coalición triunfante. Si se trata de realizar el programa de un partido forjado a partir del estudio de las diferentes áreas de gobierno, el conocimiento de los canales administrativos y la elaboración de proyectos para su mejora y desarrollo, es lógico que se busque a las personas más idóneas para su aplicación.
Para desgracia nuestra, en la práctica esto no suele ser así. Los partidos políticos han hecho paulatina dejación de sus responsabilidades en tanto que pensadores orgánicos de la gobernabilidad y de un proyecto social específico, para convertirse en clubes electorales. No hacen política, tan sólo aparentan hacerla mediante la exaltación de unas cuantas expresiones altisonantes.
Un partido debe saber cuando menos que estar en la oposición no consiste en decir de forma sistemática lo contrario del que gobierna, sino hacer un seguimiento minucioso de lo que se hace, introducir los elementos críticos que derivan de sus propios planteamientos y proponer soluciones alternativas que pasarán a convertirse en proyectos de gobierno. En definitiva: estar preparados para gobernar.
Cuando no se hace así, se suplanta en realidad el estudio, el análisis, la conceptuación y elaboración programática, así como la búsqueda de los equipos más solventes y capacitados para su aplicación, por el delirio publicitario y la apariencia vana. La improvisación se convierte en tales casos en norma. Resulta pintoresco descubrir, cuando esto sucede, que se comienza a diseñar cuando se alcanza el gobierno o que una vez alcanzado se hace lo contrario o algo bien diferente de lo que se dijo. Por eso quizás se encuentran en ocasiones casos puntuales en que en nombre de un gobierno de izquierdas puede hacerse en determinados departamentos una política conservadora, arbitraria o caótica; mientras que con uno de derechas puede igualmente darse algún caso puntual en que se adopten posturas ilustradas y civilmente responsables que responden a una substancia progresista. Esto suele producirse únicamente en territorios colaterales al núcleo central de la gobernación, sólo que en ocasiones son tan notoriamente visualizables como la cultura.
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Cuentan las crónicas y yo lo recuerdo sin todas las precisiones que es sencillo localizar, que a mediados del siglo XIX llegó a Madrid de sus pagos extremeños un joven dispuesto a comerse el mundo a cualquier precio. Atendía por Adelardo López de Ayala y traía bajo el brazo una comedia para estrenar: Un hombre de estado . Como picaba alto y quería que se la hicieran en el Teatro Español se puso al habla con un paisano o amigo, no recuerdo bien, secretario a la sazón del Conde de San Luis (Luis José Sartorius), ministro de la gobernación y persona de confianza de Narváez: mandaba entonces con vara alta el Espadón de Loja. El secretario se empleó a fondo y logró que el Conde accediera a que la obra se representara: fue el primer hito madrileño de Adelardo.
Lo demás es historia casi corriente. Medró en los salones oportunos. Valle-Inclán lo llamaría en La corte de los milagros "el gallo polainero"; y dando un sesgo a su moderantismo ingresó en la Unión Liberal, en donde se puso al servicio del "partido americano" que pugnaba por el mantenimiento del esclavismo en Cuba. Fue, exempla docent , ministro de Ultramar con el gobierno provisional del general Serrano tras el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, "La Gloriosa", lo era en el último del reinado de Amadeo de Saboya y se mantuvo en el primero de la Restauración. Fue diputado cuanto quiso y Presidente del Congreso. Triunfó en el teatro hasta el punto que cuando se estrenó Consuelo (1870), el sagaz y severo Clarín llegó a afirmar: "ha nacido un nuevo Calderón".
Hoy sólo nos acordamos de sus obras los estudiosos de la literatura dramática y algunos historiadores. Nada quedó de sus hazañas salvo el recuerdo de sus pillerías, pero fue alzado en su tiempo a los altares de la gloria nacional. ¿De quiénes cobró y a quiénes pagó para llegar a la cumbre literaria con tan breve bagaje? Rebusquen en su entorno y lo deducirán facilmente, aunque no tengamos los documentos que lo demuestren ni sepamos todo de los entresijos de su biografía.
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Este anecdotario, con lances diversos y las lógicas variantes, se ha repetido en numerosas ocasiones en la reciente historia de España. Quizás se esté dando ahora mismo. El problema de la cultura y el del teatro en particular es una de las cuestiones pendientes y no resueltas desde los tiempos que denominamos "la Transición". Es cierto que el Presidente del Gobierno le ha dedicado en su discurso de investidura más espacio que ninguno de sus predecesores. Sus palabras fueron elocuentes y no nos cuesta ningún esfuerzo compartirlas porque coinciden con mucho de lo que hemos escrito en estas páginas. La duda estriba en que los hechos las corroboren y Éstos parecen caminar por sendas bien distintas. Estamos aburridos y fatigados de oÍr palabras y palabras sin que nada cambie y todo siga igual: los mercaderes suplantando a los sujetos de la creación y producción cultural; el saber y el conocimiento desdeñados y sustituidos por la apariencia petulante y la arrogancia ignorante; unas pocas "deidades" de guardarropía elevadas a los altares láicos de la genialidad a las que se inciensa sin control ni tino, y para los que parece no existir responsabilidad ninguna que les afecte.
En nuestro teatro por ejemplo, resta todavía por hacerse la elemental transformación que deslinde con claridad su condición de servicio público y bien de cultura de su existencia como simple negocio y mercancía, a fin de que ambas dimensiones y prácticas no se confundan y ambas tengan su ámbito de actuación y su especificidad. El teatro no posee per se la condición de servicio público. Hay uno que por sus fundamentos, organización productiva y objetivos lo es; hay otro que se postula como producto mercantil, busca exclusivamente el beneficio material y simplemente no lo es. Las confusiones en este terreno sólo generan la ambición de un grupo reducido de empresarios que ven en ello la posibilidad de ir al copo.
En segundo lugar no se ha puesto en marcha la gestación y consolidación de auténticos teatros públicos institucionales. Los que ahora existen son en buena medida teatros de Estado, o de Autonomía, o de Municipio. Un teatro público es ante todo una institución que tiene el objetivo de mantenerse sean cuales sean los equipos que se turnen en su dirección, que acumula una experiencia y una historia propia, así como un conjunto de saberes, documentación y materiales que inciden de un modo u otro sobre su presente. Una institución que se inserta en un marco de fundamentos y objetivos generales.
El órgano competencial es el Consejo de la institución, que recibe diferentes nombres según los países o los modelos político-administrativos que se adopten. En él están representados los organismos políticos que lo sustentan, así como entidades de la sociedad civil a través de sus representantes cualificados. El Consejo tiene algunas competencias inexcusables: nombrar al director de la institución; aprobar el presupuesto anual en el que se incluyen sueldos del personal estable y accidental, cuantía de las producciones, actividades paralelas, etc.; sancionar el estado de cuentas de la institución al concluir el ejercicio, comprobando el correcto aprovechamiento de los recursos; y aprobar el plan de acción de cada temporada. Igualmente plantea el pliego de condiciones del director que establece las responsabilidades y tareas que debe llevar a cabo.
Todo director que se postula debe presentar un Proyecto, que explicita los fundamentos, pautas y objetivos de su propuesta, que expone las líneas básicas del repertorio, de la relación con los espectadores, etc. Algunos de estos proyectos han merecido su publicación. Cuando la Asociación de espectadores del Teatro de la Comedia de Ginebra propuso que se nombrara director a Matthias Langhoff, éste redactó un extenso estudio con un análisis pormenorizado de la institución y un amplio repertorio de propuestas. Finalmente no ocupó el cargo pero sí publicó su informe con el título Le Rapport Langhoff. Projet por le Théâtre de la Comédie de Genève (1987). En la actualidad, los teatros catalanes que dependen de las instituciones exigen cuando menos que exista un proyecto por parte del director al que puedan remitirse.
Denomino teatros de Estado, en ocasiones son lisa y llanamente cortesanos, a aquellos en que la propiedad pública del espacio arquitéctonico y la completa financiación de sus actividades, determina su total control sobre los mismos. El director es nombrado directamente por los responsables políticos y sólo ante ellos es responsable. Un procedimiento así es el que se instauró en España en el franquismo y no se ha modificado en absoluto. Ello abre las puertas a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, a la improvisación o al puro y simple capricho en los nombramientos, con total obscuridad respecto a los contratos que se establecen, a las responsabilidades que se asumen, al proyecto que se va a llevar a cabo, a los equipos de trabajo, etc. Pudiera parecer un despropósito, pero es lo que sucede por muy preconstitucional y cortesano que parezca.
Cuando lo que se pretende, pongo por caso, es entregar un teatro y unos recursos a un director (?) "para que haga su obra" -como declaró en público un director general del INAEM hace algunos años ante más de doscientas personas del mundo teatral -, asistimos a la consolidación del teatro de corte, preconstitucional, al servicio de las "divinidades", en detrimento del teatro como servicio público dedicado al desarrollo de la cultura escénica, el incremento y capacitación de los espectadores/ciudadanos, y a la consolidación y maestría de las profesiones escénicas. En ocasiones no es ni tan siquiera su obra, sino sus caprichos. Se ha ocultado deliberadamente la fraseología de un progresismo vacuo y superficial, conla ausencia de actitudes progresistas constatables a través de la práctica, las formas organizativas, la competencia profesional, la dedicación, el repertorio, etc. Algo más a tener en cuenta: no confundir el progresismo o la vitalidad crítica con el snobismo, cosa que suele suceder en estos pagos.
Por todo ello he afirmado que un teatro público institucional, con su Consejo o Patronato que le confiere autonomía de funcionamiento y le exige responsabilidades ante el mismo, tiene poco que ver con un teatro de Estado. Así son los teatros públicos, con sus lógicas variantes, en los países europeos. Nosotros somos una excepción que en ocasiones es harto difícil de explicar a nuestros colegas extranjeros. Incluso en el caso de la Comédie Française , cuyo estatuto se ha mantenido con algunas variantes desde su origen, se propusieron soluciones similares. No obstante hay que decir que se trata de un modelo único, casi una reliquia del pasado, que no existe en ningún otro país ni en la propia Francia, que posee unas características que son inherentes a su nacimiento y su historia y que sería absurdo pretender imitar.
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No corren buenos tiempos para el teatro como bien de cultura, aunque lo sean para el negocio del teatro en forma de musicales y otras hierbas. Lo peor sin embargo es una especie de sordo silencio respecto a cuestiones que todo indica que no se quieren abordar. El heliógrafo del sur nos comunica que el Centro Andaluz de Teatro va a desaparecer. Se hacen nombramientos en los teatros públicos con la misma arbitraria impunidad de siempre. No se presentan proyectos, se desconocen las condiciones de los contratos cuyas claúsulas debieran ser de dominio general; no se garantiza la dedicación exclusiva; se contempla la percepción suplementaria de escenificaciones, diseños escenográficos o de vestuario sobre sus honorarios como directores de la institución; no existe un pliego de condiciones que exprese de forma pública y transparente cuáles son las obligaciones a que se comprometen, etc. Todo esto es absolutamente común y habitual en cualquier teatro institucional europeo, gobierne quien gobierne, sea la derecha o la izquierda, porque se trata de una práctica que instaura un elemental e irrenunciable sistema de garantías. En este caso seguimos idénticos procedimientos a los que se utilizaban durante el franquismo, y al parecer son muchos los que han venido haciendo y hacen esfuerzos titánicos para que no se modifiquen.
La gobernación de la cultura no es patrimonio de nadie a título personal, ni se puede proceder como si se tratara de un cortijo en propiedad. No debe ser territorio abonado para los caprichos de quien quiera que sea, para la adopción de decisiones "a lo divino" carentes de compromiso alguno con los programas político-culturales, por muy débiles que sean, con la ciudadanía para la que se gobierna, con los sujetos de la acción cultural y con las organizaciones que configuran su sociedad civil.
Es ésta una cuestión que nos atañe, en la que nos sentimos implicados por nuestra propia condición asociativa, como profesionales del teatro y como ciudadanos responsables de un Estado democrático de derecho. Por una vez tendremos que expresarlo con claridad: si no tenemos interlocutores reales y veraces para abordar un proyecto global respecto al sistema teatral, si no existe voluntad política para llevarlo a cabo, pasaremos a la acción. El Presidente del Gobierno debería meditar que fue la capacidad de acción de muchos ciudadanos a través de las palabras y presencias pacíficas, la que propició su advenimiento.
