Es frecuente que algunas cuestiones relativas a la cultura se desnaturalicen, convirtiéndolas en coartada para grandes fastos con mucha pirotecnia y poca substancia, pero lo es igualmente que se la convierta en moneda de cambio salaz para maniobras politiqueras. Esto es lo que ha sucedido con algunos de los capítulos relativos a la inversión en cultura de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2006.
La minoría mayoritaria que posee el PSOE en ambas cámaras legislativas, le exigió desde el inicio de la legislatura lograr acuerdos para la aprobación tanto de la investidura como de cada ley que se enviara a las Cortes. El PSOE buscó los socios que le parecían más adecuados: Izquierda Unida, lo que era lógico; y ERC, por el pacto existente en Cataluña: No sabían con quién se jugaban los cuartos, nunca mejor dicho.
En el momento de votar los Presupuestos en el Senado, ERC puso definitivamente sobre la mesa sus condiciones en forma de enmiendas. Eran muchas. Quedaron para la negociación final unas cuantas relativas a cultura y ¡como algo había de darles!, ERC amenazó con que si no les concedían aquello votarían en contra, y el PSOE cedió, sin pensar tan siquiera en el alcance de lo que hacía. Aquello no era negociación sino chantaje. La cultura se convirtió en la moneda de cambio de la politiquería, no de la política que es justamente cultura, proyecto, confrontación, pacto y responsabilidad en la gobernación.
El resultado de todo aquello ha quedado como un baldón en los Presupuestos de 2006 con cargo al Ministerio de Cultura, y constituye un agravio para otros segmentos de la vida cultural española. Las cantidades y conceptos son de sobra expresivos: 600.000 euros para la realización de un Congreso de la lengua catalana; 250.000 para empresas editoras de revistas de cultura en lenguas cooficiales; 1,5 millones destinados al fomento de la edición de libros en catalán, gallego y euskera; un millón de euros para la adquisición de fondos bibliográficos en lenguas cooficiales con destino a las bibliotecas provinciales de toda España y 600.000 más para el fomento de la lectura del catalán mediante la promoción de la obra Tirant lo Blanc . Quizás haya más pero lo enumerado es suficiente.
De todos estos apartados, el más sorprendente a la par que lacerante es el que afecta al sector de las revistas culturales. Uno de los programas más impecables que mantiene la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, es el programa de compra de suscripciones de unas ciento cincuenta revistas de cultura, destinadas a nutrir los fondos de las bibliotecas públicas, las de los Institutos Cervantes y los centros culturales españoles en Latinoamérica. Nació este procedimiento a mediados de los ochenta del pasado siglo, gracias al apoyo que desde la vicepresidencia del gobierno prestó Alfonso Guerra, ubicándose posteriormente en la dirección general del ramo. Su peculiaridad ha residido siempre en el hecho de que no se trata de una subvención a fondo perdido, sino de la adquisición de materiales terminados para ponerlos a disposición de la ciudadanía.
Los criterios que han regido el programa han sido cada vez más objetivos. La valoración contempla los contenidos y su interés sociocultural, el formato, número de páginas, periodicidad, precio de venta, etc., pero también que su distribución se realice en al menos dos autonomías además de la propia e igualmente a escala internacional. Según estas pautas, han entrado en el programa revistas escritas en castellano, catalán, gallego o euskera que cumplían los requisitos. No ha surgido ningún problema por esta cuestión.
¿Cómo ha podido romperse un programa como éste, de impecable constitucionalidad y de resultados positivos? ¿Cuáles fueron las verdaderas pretensiones de los diputados de ERC para que se abriera una línea diferenciada a las revistas redactadas en lenguas cooficiales? Básicamente, a mi entender, aumentar sus recursos a costa de los Presupuestos Generales del Estado más allá de lo que ya poseen en el plano autonómico. Pero su interés no era tanto llevar esos recursos a Cataluña, sino administrarlos para provecho de sus publicaciones locales, las que se conocen allá como «els conills», lo más próximo al clientelismo más burdo en definitiva.
La nueva norma, que admite que las revistas de este tipo basta con que se distribuyan en la comunidad en que se publican, es por otra parte de dudosa constitucionalidad. No puede emanar una norma del gobierno central con carácter discriminatorio a causa del idioma y ésta que ha impuesto ERC, lo es. Su ámbito de resolución es el de las comunidades autónomas respectivas, no el del Ministerio de Cultura.
ERC debía de desconocer estos aspectos porque entre sus pretensiones estaba la de ser ellos los distribuidores de los fondos. Eso ya era demasiado. El programa se gestionará a través de la Dirección General del Libro y con la misma normativa que la existente hasta la fecha. Es plausible que las mismas revistas que hasta ahora eran recipendiarias de la compra de suscripciones, sean las únicas que lo sigan siendo. El diputado de Esquerra se enfureció al saberlo, porque aplicar un principio de igualdad administrativa arruinaba sus planes. Amenazó de nuevo pero fue en vano, porque esta vez se discutía sobre gestión de un programa no sobre la presión chantajista.
Desgraciadamente la cultura se ha convertido una vez más en moneda de cambio porque así lo forzó el momento. Hubiera bastado con que hubiera transcurrido un mes, que el Presidente del Gobierno y el dirigente de Convergencia mantuvieran su larga conversación con sosiego y cigarrillos, para que el chantaje de ERC no se hubiera producido. Pero entre tanto así estamos. Quizás la más triste constatación sea la de que gobernar y pactar son otra cosa.
