En diferentes ocasiones desde estas mismas páginas, hemos señalado las deficiencias existentes en el terreno cultural en España y su notable disparidad con los países de la Unión Europea de la que somos parte. En muchos de ellos y en el teatro en particular, las transformaciones tendentes a la instauración de instituciones de filiación pública se produjo hace mucho tiempo, bien como consecuencia de sus estructuras y desarrollo histórico, bien como proyecto de Estado que establecía un diseño global que se debía construir a lo largo de etapas sucesivas. En nuestro país las cosas han caminado de forma muy distinta: nunca se formuló tan siquiera un proyecto global desde las instancias gubernamentales y tan sólo se produjeron algunos episodios puntuales, tendentes en mayor medida a refundar lo heredado que a proponer un diseño estructurador y organizativo global para las artes escénicas.
No en todos los campos es similar la situación. En terrenos como la música, se han creado por ejemplo numerosas infraestructuras sólidas e interconectado cuando menos los procedimientos formativos a las nuevas demandas. No ha ocurrido así en otros como el teatro o la danza, en donde las insuficiencias son notorias y lacerantes. No vamos a hacer aquí un análisis pormenorizado de las diferentes prácticas y procesos culturales, sino tan sólo a señalar las grandes carencias conceptuales, estructurales, formativas y organizativas que padecemos. No se trata de una cuestión derivada tan sólo de quien gobierna, sino de la inexistencia de programas coherentes que planteen un objetivo definido para la cultura por parte de las formaciones políticas que aspiran a convertirse en sujetos gubernativos, sin olvidar la falta de iniciativas emanadas de la sociedad civil que debiera cuando menos plantearlo.
La situación existente nos hace recordar procedimientos propios del siglo XIX, por lo que toca a la promoción de cargos públicos o puestos de gestión y dirección artística. Es frecuente que se designe a personas carentes de la necesaria competencia y de los conocimientos y capacidades exigibles y constatables, que tienen tan sólo o básicamente en su haber ser amigos o estar a mano de quien les nombra. En ocasiones la razón puede consistir en tener una cierta proyección mediática, que en los tiempos que corren es garantía de cualquier cosa menos de solvencia. Todo ello se hace sin que medie responsabilidad ninguna ante nadie, más allá de coyunturas casuales debidas al espasmo repentino de alguien que tenga más poder y disienta por algo que le moleste. Nadie da cuentas de lo que ha hecho o explica los por qués de una decisión o reconoce que se ha equivocado.
La ausencia de programas constatables tiene consecuencias más graves todavía al producirse cambios de gobierno, aunque sea el mismo partido quien lo hegemonice. En repetidas ocasiones hemos percibido una modificación total de actitudes y criterios por parte de quienes entran respecto a los salientes, sin que medie en ello un cambio programático sino la pura arbitrariedad personal de quien ocupa el cargo correspondiente, que con frecuencia además nada sabe de la cuestión. Si esto es así cuando se trata de la misma formación, qué decir cuando son los opositores quienes acceden a la gobernación. Sólo perdura, en ocasiones a duras penas, aquello que está administrativamente instituido.
La cultura en su conjunto y el campo de las artes escénicas en particular, malvive asediado por estas arbitrariedades, la inexistencia de un horizonte perceptible y la explicitación de unas sendas por donde transitar. La ausencia de programas definidos por parte de las formaciones políticas para el teatro en su compleja globalidad, la débil y en ocasiones efímera institucionalización, la ausencia de pactos políticos que garanticen la estabilidad de los proyectos y definan los objetivos de futuro, confieren una precariedad permanente a las artes escénicas. Es como una enfermedad cronificada que acaba siendo aceptada como algo normal, y cuya atención se suele entregar a quienes nada saben en cuanto a la interpretación de su sintomatología, su diagnóstico o su terapia.
La primera reivindicación que deberíamos proclamar es que seguimos esperando que el teatro sea tomado en serio por parte del gobierno nacional, así como por los autonómicos y locales. Que se le deje de seguir considerando como una simple mercancía, una quincalla obsoleta, una molestia de la que sólo se acuerdan cuando precisan algunos rostros para que digan algo que les interesa o adornar ciertas movilizaciones y se le trate con respeto, no sólo hacia quienes lo hacen sino también hacia la ciudadanía que lo asume. Pero además que se le considere un bien de cultura, un componente del patrimonio material e inmaterial de los pueblos que coadyuva a la construcción de su conciencia democrática, plural, tolerante y solidaria, es decir a su civilidad. Añadiré que actualmente en las declaraciones de las instituciones europeas, se le define como sector estratégico en numerosos campos, desde el económico al socioeducativo.
Todo ello nos lleva a formular la urgencia de que se articule un Pacto por la cultura entre las diferentes formaciones políticas que implique e involucre a los poderes públicos, los agentes sociales propios del sistema teatral y todas las instituciones, organismos o entidades, directa o indirectamente vinculados con el campo de las artes escénicas. Un Pacto que propicie y permita acometer proyectos legislativos, consolidación creciente de los presupuestos y que establezca grandes líneas de actuación en los ámbitos local, comarcal, autonómico y estatal.
Un Pacto por la cultura implica en primer lugar un acuerdo de las formaciones políticas respecto a su valor intrínseco como bien público, así como elemento substantivo en la generación de una conciencia democrática y cívica. Igualmente su consideración como sector estratégico de la economía, la educación y el desarrollo de la persona. Son estos principios fundamentadores ineludibles. Todo ello implica la convergencia y compromiso para salvaguardar el patrimonio cultural, tanto material como institucional; la preservación de los proyectos e iniciativas que posean entidad e importancia constatable y el establecimiento de criterios objetivos y transparentes en la valoración de aquellos que existen y los de nueva creación.
No pensamos en la elaboración de un programa común de todas las formaciones políticas y sociales, sino de desterrar de los hábitos políticos que la cultura sea moneda de cambio, en ocasiones utilizada de forma rastrera y miserable, en los debates, confrontaciones e incluso en los "pactitos", lo cual aún es más lesivo. En consecuencia, un Pacto supone establecer una líneas de acción comunes en la institucionalización de la cultura en sus diferentes campos, a fin de establecer unas pautas de acción compartidas y un horizonte de desarrollo claro y ostensible.
Por lo que a nosotros toca, la existencia de un Pacto debe suponer igualmente la consideración respetuosa de todos aquellos que intervienen en la actividades escénicas. Que se les deje de considerar ciudadanos de segunda por lo que respecta a sus profesiones, que cese la marrullería de propiciar esa especie abyecta que convierte al mundo del teatro en un territorio de mendicantes, de vagos y de irresponsables. Opiniones así causarían sonrojo colectivo de la ciudadanía y respuestas contundentes en los países europeos. Desconocer a estas alturas la complejidad que entrañan las prácticas teatrales, sigue alimentando la supervivencia de la herencia histórica que nos tuvo marginados de las corrientes organizativas de la cultura instauradas en nuestro continente. Ahora eso ya no es excusa sino síntoma de las insuficiencias que padecemos. Ese desdén en ocasiones no es explícito, pero flota en la mirada de muchos cargos públicos cuando se refieren al teatro.
Pero al mismo tiempo y en aras del respeto que reclamamos, los poderes públicos y la sociedad civil cultural a través del Pacto por la cultura, deben establecer un sistema de asunción de responsabilidades. Que no se pueda nombrar a cualquiera para un cargo público del ámbito cultural sino a personas con probada competencia, conocimientos, capacidades y convicción en un proyecto de futuro. Que los responsables de las instituciones públicas culturales cumplan escrupulosamente con sus compromisos de diseño programático, gestión y dirección para el que han sido nombrados. El sistema de consejos y patronatos al frente de las mismas, debe garantizar su adecuado cumplimiento.
A su vez, que los agentes culturales asuman la responsabilidad que supone su ejercicio profesional, su formación continuada, su respecto a las normas contractuales y a los códigos deontológicos que deben regir las diferentes practicas artísticas, formativas, investigadoras, directivas, de gestión, etc. Que unos y otros estén sometidos a procedimientos de buenas prácticas y control de calidad. El Pacto por la cultura debe garantizar que nadie que no esté capacitado, que sea fruto del capricho de un responsable público de cualquier nivel o del azar mediático, encuentre cobijo en las instituciones públicas para mostrar su insolvencia o "aprender", para eso existen lugares adecuados.
Desde el espacio específico de la sociedad civil cultural que la ADE representa, instamos a las formaciones políticas con toda corrección a la par que firmeza, a que construyan una zona de consenso estratégico de Estado respecto a la cultura, con la firma de un Pacto que nos permita comprometernos tanto a los agentes culturales como a los ciudadanos en la construcción del futuro. Para nosotros este sí sería un acto de verdadero patriotismo.
