Justificación y necesidad de unas Bases para un Proyecto de Ley del Teatro
Por Juan Antonio Hormigón [ 1 ] y Manuel F. Vieites [ 2 ]
En los últimos años, la Revista ADE-Teatro ha publicado un buen número de trabajos que se ocupaban de la situación y perspectivas del teatro en España. Otras publicaciones, pasadas y presentes, han presentado lo largo del periodo que media entre el fin de la dictadura y el día de hoy, propuestas similares de análisis y proyección sobre lo que pudiera ser el futuro de nuestra escena, a las que hay que sumar no pocos libros e investigaciones que se ocuparon del tema desde muy diferentes perspectivas. En nuestro caso baste señalar los trabajos publicados en el número 95 de ADE-Teatro , en el que se exponían algunas de las cuestiones que hoy recuperamos.
En efecto, en el Congreso de la Asociación de Directores de Escena de España celebrado en Valladolid en noviembre de 2002, se presentaron tres ponencias que supusieron el punto de partida de lo que hoy ofrecemos. Manuel F. Vieites leía un trabajo titulado «Una política teatral en democracia», Robert Abirached recuperaba conceptos fundamentales en su ponencia «El teatro, servicio público: Los avatares de una noción», y Juan Antonio Hormigón, en «Elementos para un plan nacional de teatro», defendía la necesidad de acometer la elaboración de una normativa general que permitiese avanzar en lo que hoy formulamos como «convergencia teatral con Europa», territorio en el que tanto queda por hacer.
En encuentros y debates posteriores fue cobrando cuerpo la idea de que una normativa general no podría en ningún caso emanar de un Plan General, dado que en su propia formulación un Plan carece de ese valor normativo. Así, fue gestándose y creciendo la idea de promover una Ley del Teatro, que avanzamos en algunos editoriales y artículos publicados en nuestra revista y que también se trasladaba a la prensa con ocasión de nuestro XII Congreso, celebrado en Pamplona en 2005. Fue precisamente en la capital de Navarra, con motivo de las primeras conversaciones para el XIII Congreso de la ADE, que celebramos en Galicia en octubre de 2006, cuando nos planteamos la posibilidad de iniciar el debate en torno a lo que pudiera ser dicha Ley, que necesariamente debe servir para dar respuesta a un estado generalizado de opinión en torno a la situación del teatro en España, que Alberto Fernández Torres [ 3 ] definía como «estructural y económicamente enfermo».
Esas voces, diversas y provenientes de diferentes sectores del campo teatral, han puesto de manifiesto la necesidad de dar por finalizado un ciclo en lo que atañe a las políticas teatrales que han venido aplicando las diferentes administraciones públicas. Un ciclo que se inicia con la llegada de la democracia pero que no supuso el desarrollo de líneas de actuación orientadas a estructurar y desarrollar el territorio teatral. Las actuaciones en este campo han sido sumamente parciales y atomizadas , ancladas ante todo en la resolución de problemas concretos y centradas en mayor medida en la conservación de lo existente que en proponer una ordenación estructural del citado territorio. En ningún momento, en ninguno de los desarrollos legislativos que se han realizado a nivel estatal o autonómico, se propuso una visión global del mismo, desde la que iniciar un proyecto de normalización y regularización de las actividades teatrales en su diversidad.
Esa visión del teatro, siempre parcial y nunca global, es una de las causas de la situación en la que actualmente nos hallamos, habida cuenta de que en lugar de proceder a una revisión sistemática del edificio teatral, lo que se propuso desde la administración pública, en consonancia con esa lectura atomista de la realidad, fue la aplicación de parches para mantener la fachada, sin prever que el edificio se podría desmoronar internamente. Lo acontecido en el Teatro María Guerrero años atrás, con la súbita aparición de una masa crítica de termitas, es un buen símil para ejemplificar esa política no tanto errática cuanto elusiva: soslayar sine die el análisis en profundidad de los problemas y rehusar la búsqueda y proposición de soluciones integrales. Se habían realizado intervenciones parciales en el ornato, pero se evitó abordar el problema estructural o se le había ocultado deliberadamente para salir del paso. No importaba tanto la conservación patrimonial del edificio como el lustre efímero de alguien a quien nada le importaba el futuro ni el sentido de lo público. Pero lo ocurrido en el coliseo matritense nos sirve también para considerar cómo otras actuaciones tendentes a la recuperación de teatros se quedaron sólo en eso, en la recuperación de un continente que se quedó sin contenidos tres días después de su inauguración o se llenó con contenidos insuficientes.
Por otra parte, la situación de las artes escénicas en España y del teatro en particular, es todavía más preocupante cuando consideramos su escasa visibilidad y su falta de legitimación social, lo que no deja de ser una muestra de lo poco que se ha hecho en el ámbito de la creación, formación y consolidación de públicos. Se trata de problemas sustantivos y estructurales que derivan de una política teatral basada en la aplicación de medidas parciales y circunstanciales, y, salvo contadas excepciones, en la ausencia de planes estratégicos diseñados y orientados a una intervención global en un determinado territorio, que debería favorecer e impulsar los procesos propios del campo teatral, desde la formación hasta la recepción.
Desde su nacimiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música renunció a convertirse en el centro por antonomasia para el diseño e implementación de políticas teatrales y a asumir las funciones de coordinación interautonómica, en tanto que el Centro de Documentación Teatral cifró su actividad en labores de acopio y catalogación de información o en la realización de estudios históricos, pero renunciando a su vez a asumir funciones en el campo de las políticas teatrales, en su análisis y estudio, o en su proposición. La situación actual es, como decíamos, especialmente preocupante por razones varias, entre las que podríamos destacar las siguientes a modo de ejemplo:
1. Las políticas teatrales se centran casi en exclusiva en la promoción de la creación y la difusión, mediante un sistema de ayudas, lo que prima el carácter circunstancial de ambos procesos. Este tipo de ayudas permiten mantener la actividad pero impiden la consolidación de agentes, la puesta en pie y consolidación de estructuras y el desarrollo de tejido teatral.
2. Los procesos de creación y difusión adquieren en numerosas ocasiones una dimensión crematística, lo que supone que las medidas de fomento se basan más en el impacto mediático que en la impregnación sociocultural de las mismas.
3. Los procesos de creación y difusión carecen de una vinculación territorial específica, lo que impide crear procesos de relación dinámica entre creadores y receptores y establecer una dinámica fructífera entre creación cultural y desarrollo comunitario.
4. Los procesos de creación y difusión carecen de proyección más allá del ámbito de la respectiva comunidad autónoma.
5. La recepción teatral se concibe como un simple proceso de consumo, sin otros valores para los responsables de los programas de difusión que el uso de la medida para ejercicios de cuantificación. Los estudios de la recepción teatral se han realizado a partir de los presupuestos de una evaluación cuantitativa, olvidando procesos de evolución diagnóstica, de evaluación proyectiva o las aportaciones de la evolución cualitativa, que permite analizar las razones y los motivos de determinadas actitudes y pautas de conducta ante el consumo cultural y teatral.
6. El capital cultural y teatral y la competencia estética de la ciudadanía es claramente deficiente si atendemos a los datos que anualmente se nos ofrecen desde diversos estudios y medios, pero también si observamos las pautas básicas de relación entre creadores y espectadores, las dinámicas de difusión y extensión teatral o los procesos dominantes de exhibición teatral.
7. Los procesos de exhibición teatral destacan, en efecto, por su precariedad y su carácter circunstancial, lo que condiciona negativamente la relación entre creadores y receptores. El análisis del pulso teatral de muchas ciudades, pueblos y comarcas muestra la escasa visibilidad y la presencia siempre puntual del teatro en la vida comunitaria y en la esfera pública de todos esos núcleos de población, que son mayoría en el conjunto de España.
8. A pesar de que poseemos una de las tradiciones dramáticas más universales, ni nuestro patrimonio literario ni la obra de los autores contemporáneos constituye un recurso central en el desarrollo de propuestas de creación y difusión.
9. El concepto de lo clásico sobrevive en un marasmo indefinido, fruto de la adopción de criterios casuales y circunstanciales y no de principios rigurosos tanto de orden histórico e ideológico como estético.
10. Nuestras dramaturgias actuales mantienen cotas preocupantes de invisibilidad y se han dado muy pocos pasos en su promoción y proyección.
11. La educación teatral en su conjunto, presenta una situación claramente deficitaria y no se han dado los pasos necesarios para su normativización y su normalización.
12. El teatro para la infancia y la juventud presenta graves insuficiencias y no se ha convertido en un ámbito privilegiado en la creación y en su difusión.
13. El teatro escolar carece de los apoyos mínimos necesarios para el pleno desarrollo de todas sus potencialidades, así como de un diseño adecuado y global de sus tiempos, espacios y funciones.
14. El teatro aficionado en toda su riqueza y diversidad, ha sido abandonado a su suerte, si bien su pervivencia, en una situación de desidia institucional respecto al mismo, es una muestra evidente de su vitalidad.
15. Las asociaciones profesionales y de otro tipo propias del campo teatral mantienen sus actividades con considerables cotas de precariedad, merced a notables dosis de generosidad individual, y en algunos casos con una absoluta falta de interlocución con las administraciones públicas.
16. Las posibilidades para el ejercicio y el desarrollo profesional en el campo de las artes escénicas son tan escasas como preocupantes.
17. La presencia del hecho teatral, con independencia de su naturaleza específica en cada caso, ocupa un lugar marginal y siempre prescindible en los medios de comunicación y en otras plataformas y estructuras de fomento del ocio y las actividades del tiempo libre. Esa marginalidad aumenta todavía más la invisibilidad del hecho teatral.
Una evaluación diagnóstica realizada con el rigor y la precisión derivada del uso de métodos científicos de control y medición de variables, en su dimensión más cualitativa, arrojaría unos resultados mucho más crudos y preocupantes que la simple enumeración de problemáticas genéricas que, con todo, ya suponen una muestra precisa de la realidad que habitamos y que enfrentamos. Esas problemáticas genéricas que muestran la gravedad de la cuestión en todo tiempo y lugar, hablemos de Madrid o de Cuenca, en cuanto a precariedad, inestabilidad e incertidumbre, también nos informan de que el campo teatral tiene una dinámica propia que se puede analizar en una perspectiva global e integral, en tanto el teatro constituye un sistema configurado por una serie de agentes y elementos que establecen estructuras, que cumplen funciones para la pervivencia y el desarrollo del mismo. Esa visión del campo teatral entendido como un sistema es lo que posibilita transitar de una visión atomista a una visión global, y nos permite establecer que el buen funcionamiento del sistema depende del desarrollo de todos y cada uno de sus elementos y agentes, de sus estructuras, y de que todos ellos cumplan con eficacia las funciones que le son propias. Por eso, en diversos momentos hemos hablado de la necesidad de políticas culturales y teatrales con una clara tendencia a la vertebración del territorio, en tanto este proceso implica la creación de tejido teatral.
Lo que se ha denominado «metáfora orgánica», para definir el teatro como un organismo, nos confirma la oportunidad y la necesidad de la propuesta analítica que presentamos y que nos lleva a considerarlo desde una perspectiva global. Los desarrollos normativos que se han ocupado hasta el momento del campo teatral se formulan precisamente desde una perspectiva parcial, para atender un ámbito muy determinado, sea la creación de una compañía institucional, sea la regulación de las ayudas a la creación y difusión.
Falta, insistimos, una visión general del teatro, de sus funciones, de sus ámbitos de actividad, de los procesos fundamentales, de sus agentes y de las responsabilidades que los poderes públicos deben tener en su desarrollo, y que habrán de debatir y consensuar porque ésa es su responsabilidad en la perspectiva de una buena administración. Falta, en suma, una Ley que defina con claridad cuál debe ser el papel del teatro en la sociedad actual y qué diseños normativos se habrán de realizar en los diferentes niveles de la administración pública, para que pueda desarrollar todas sus potencialidades en los planos sociocultural, artístico, cívico y económico. Una Ley que permita la instauración de un verdadero sistema, en consonancia con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno cultural, geográfico o político. Por eso defendemos y reclamamos la convergencia teatral con Europa.
El documento que presentamos se organiza en dos grandes bloques de contenido. En el primero, redactado a modo de «preámbulo», se realiza una exposición de motivos en la que proponemos una reflexión en dos direcciones complementarias: de un lado la definición del campo y de todos sus elementos, agentes o procesos para establecer un lenguaje común que permita y facilite el intercambio de ideas, el debate y la deliberación; del otro, y partiendo de los procesos inherentes a todo sistema teatral, se señalan las grandes áreas de actuación de los poderes públicos al objeto de garantizar el desarrollo pleno y armónico del mismo.
El segundo bloque de contenido se presenta a través de un articulado que sigue la pauta propia de una Ley Marco, en tanto se definen los grandes ámbitos de actuación y se formulan objetivos generales, pero dejando el desarrollo normativo al Estado y las Comunidades Autónomas, en función de sus respectivas competencias. En efecto, con independencia de los desarrollos específicos a que la Ley pueda dar lugar, nos parece fundamental formular una serie de principios, conceptos y normas que permitan la evolución global e integral del sistema teatral, partiendo de la idea central de que el teatro es un servicio público y corresponde a las administraciones la instauración de normativas que permitan la extensión de ese servicio a toda la población, sin exclusiones de ningún tipo. Dicha extensión conlleva, por ejemplo, establecer medidas orientadas a que la ciudadanía conozca y valore su existencia, lo que implica dinámicas muy diversas, desde el fomento de la formación hasta la apuesta decidida por la animación.
En este sentido estamos ante una propuesta de Ley que permitirá posteriormente, la redacción de normativas con carácter local, autonómico y estatal para garantizar la consolidación de un sistema basado en principios como la no centralización, el fomento de la diversidad y de su estructura reticular o la interacción permanente entre los elementos, agentes e instituciones que lo conforman. Pero una Ley del Teatro como la que ahora proponemos sólo será posible en la medida en que sea posible un Pacto por la Cultura y el Teatro que aúne voluntades en muy diferentes niveles y que permita concitar consensos y acuerdos después de un período de intercambio de ideas y deliberación. Un Pacto en el que se involucren los poderes públicos, los agentes sociales propios del sistema teatral y todas las instituciones, organismos o entidades, directa o indirectamente vinculados con el campo de las artes escénicas, que permita formular grandes líneas de actuación en los ámbitos local, comarcal, autonómico y estatal. El territorio cultural constituye un sector estratégico en muy diversos ámbitos, desde el económico al socioeducativo, por lo que del desarrollo de sus potencialidades depende, en buena medida, la construcción de una sociedad plural, tolerante y democrática, asentada en sólidos valores humanistas y cívicos, y el aumento de cotas de bienestar y calidad de vida para la ciudadanía.
Entendemos que, considerando la actual configuración estatal española, con una estructura que cada día se asemeja más a la propia de un Estado federal, cabe formular una ordenación del sistema teatral en la que la administración central defina y formule los grandes objetivos y líneas de actuación mediante una Ley Marco, y las administraciones autonómicas y locales, en un segundo nivel de concreción, adapten esas normativas generales a las características de su territorio, pero manteniendo en cualquier caso una serie de principios, normas y pautas de carácter general que garanticen que la regularización y el desarrollo del sistema es similar en todo el territorio de la federación, y no se somete a los avatares de las opciones políticas que en un momento determinado puedan acceder al poder. Sería bueno preservar este tipo de formulaciones para garantizar el pleno desarrollo del campo teatral, y por eso en las bases que proponemos se hace especial hincapié en la defensa de una visión sistémica del hecho teatral, en la centralidad del edificio teatral como marco de desarrollo del mismo y en la importancia de determinados procesos que son propios del sistema y que le confieren su riqueza y su diversidad.
Aceptar que el teatro sea un sistema y que su regularización depende del desarrollo armónico de cada uno de sus elementos y de todas sus estructuras, en una visión reticular de las mismas, implica aceptar igualmente un modelo de política teatral que no está sometido al imperio de las ideas políticas y/o sociales, sino a las reglas que el propio sistema genera para su preservación y mantenimiento. Defender la idea de sistema implica optar, en suma, por una lectura global de la realidad y por una visión integral de los problemas que en la misma puedan aparecer, más allá de localismos y atavismos o de lecturas parciales o interesadas de fenómenos como la globalización.
Esa idea antes formulada, que indica el fin de un ciclo en las políticas teatrales, ha calado hondo en muy diferentes sectores del campo teatral, y en todos ellos cobra fuerza la idea de que se hace necesario establecer una «forma diferente de hacer las cosas». Ese deseo de hacer las cosas de otro modo y de hacer otras cosas, se debiera concretar en un nuevo paradigma de acción cultural en el que la cultura, las artes, las artes escénicas y el teatro se consideren más allá de su dimensión pura y cerradamente economicista y se entiendan en función de su dimensión intrínsecamente artística y como bienes de cultura, pero, como hemos dicho, también como elementos fundamentales en los procesos de profundización democrática, de arraigo de la civilidad, de desarrollo comunitario, de creación de riqueza, de aumento de las cotas de bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Y para ello habremos de desarrollar un paradigma que tome en consideración las características del sistema y se formule en función de las mismas y de su construcción integral. Si admitimos, con Alberto Fernández Torres, que el sistema, que el organismo que denominamos teatro, está enfermo, padece una insuficiencia aguda en todos sus órganos y funciones vitales, habremos de buscar soluciones a partir de los síntomas de la enfermedad y de las características del propio sistema. Por eso hablamos de un nuevo paradigma con una dimensión sistémica e igualmente de una política teatral sistémica, capaz de garantizar, insistimos, el desarrollo integral del organismo teatral.
Esa es la finalidad del documento que presentamos. Unas bases que, como se decía en la Presentación, trasladamos a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, culturales, teatrales y políticas al objeto de generar un debate que permita asentar un proceso de trabajo que tenga como finalidad la promulgación por las Cortes Generales de una Ley de Teatro con la que iniciar la senda de la Convergencia Teatral con Europa, partiendo de principios que, en una perspectiva puramente teatral, nos parecen irrenunciables:
1. La idea del teatro como servicio público y en consecuencia como bien de cultura.
2. La visión sistémica del campo teatral y la defensa de un nuevo paradigma de política cultural y teatral, centrado en las características y necesidades del sistema.
3. La defensa de la diversidad del sistema como un factor fundamental de su riqueza y su dinamismo.
4. La defensa de una organización reticular del sistema con criterios de no centralización.
5. La defensa de una gestión de los servicios públicos desde lo público, pues la excelencia y la calidad en la gestión de lo público no es un patrimonio privado.
Hasta aquí hemos expuesto algunos de los motivos que justifican el que en este año de 2006, la Asociación de Directores de Escena de España haya dado el paso de elaborar estas bases para la redacción de un anteproyecto de una Ley del Teatro. Fiel al compromiso adquirido en su día y con la humildad necesaria, la ADE hace su propuesta y una vez publicada la traslada a la sociedad civil, a los poderes públicos y a los grupos políticos para su consideración y, si ha lugar, para su debate, que intentaremos suscitar no tanto para que se considere nuestra propuesta sino para que genere el intercambio de ideas en torno a la necesidad de una normativa general, una normativa marco que permita que todas las administraciones públicas se puedan sumar a ese Pacto por el teatro y la Cultura y desarrollen sus propias normativas e iniciativas. Por eso nuestro proyecto, como nuestra propia Asociación, es inclusivo, abierto y plural.
Sabemos que se trata de un documento que plantea algunas cuestiones de fondo que pueden tener implicaciones conflictivas por cuanto afectan a otras normativas y leyes, sean las derivadas de la Ley de Propiedad Intelectual y los derechos no reconocidos del director de escena como autor, sean las que atañen al ordenamiento educativo español en las enseñanzas superiores no universitarias, que exigen una reconsideración del desempeño que debiera cumplir la educación teatral y las medidas necesarias para su normativización y normalización. Por eso insistimos en el hecho de que esta propuesta ahora formulada aspira a provocar, en primer lugar, un debate riguroso en torno al lugar y sentido que el teatro, entendido como sistema y en todos sus procesos, ha de cumplir en una sociedad en continua transformación. En la exposición de motivos se presentan algunas cuestiones que pueden resultar particularmente conflictivas y que, en su resolución, implican la búsqueda de consensos y nuevos desarrollos normativos.
Así, en relación con las enseñanzas teatrales, entendemos que se trata de un ámbito que no ha sido convenientemente desarrollado en la reciente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por lo que debemos llamar la atención de los legisladores, de los responsables ministeriales y de las autoridades autonómicas competentes, en torno a una serie de carencias y deficiencias fácilmente subsanables pero que exigen una acción conjunta, previamente consensuada, en todo el territorio del Estado. Dicha acción tendría como finalidad el desarrollo de programas de implantación progresiva de la Expresión Dramática en la Educación Infantil y Primaria, así como de la Expresión Teatral en la Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Ley Orgánica de Educación también establece que los centros superiores de enseñanzas artísticas, en tanto se encuentran incluidos en el espacio europeo de educación superior, habrán de ser objeto de una regulación específica por parte de las Comunidades Autónomas, si bien existen en su propia normativa disposiciones que impiden que esos centros puedan adquirir su condición de superiores y desarrollar plenamente sus competencias en los ámbitos de la docencia, de la investigación y de la creación. El pleno desarrollo de esas competencias implicaría una modificación sustantiva de la citada Ley Orgánica de Educación, para ubicar dichas enseñanzas en un nuevo marco superior, en consonancia con las directrices emanadas de Bolonia y del marco europeo de educación superior.
Con independencia de las competencias de las Comunidades Autónomas, y con la finalidad de garantizar la plena autonomía académica y organizativa de los centros superiores de enseñanzas artísticas, el Estado, en el ejercicio de sus competencias, debería promulgar una Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores que, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, determinase con claridad la existencia de dos sistemas de educación superior en España, con igualdad de derechos, competencias y responsabilidades. Igualmente la Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores debiera establecer las medidas necesarias para que los centros superiores de enseñanzas artísticas, pudiesen ser competentes y autónomos en la organización de los estudios de doctorado en las áreas de conocimiento que son propias a los estudios de grado que imparten. La promulgación de una Ley Orgánica de Enseñanzas Artísticas Superiores supondría la derogación de toda la normativa que desde la Ley Orgánica de Educación regula diferentes aspectos de las mismas. Supondría un importante paso en su regularización.
Este proyecto ha vivido varias fases en su elaboración. En un primer momento, quienes suscriben elaboraron un borrador que se sometió a una lectura analítica por parte de una Comisión de Trabajo integrada, junto a ellos, por Eduardo Alonso Rodríguez [ 4 ] , Alberto Fernández Torres [ 5 ] y Carlos Rodríguez Alonso [ 6 ] . Las sesiones de trabajo se desarrollaron en el Castillo de la Mota y Madrid. El documento resultante fue entregado a los servicios jurídicos de AISGE para su consideración y estudio. A partir de ese momento trabajamos conjuntamente. Tras diversos encuentros para analizar y comentar las diferentes redacciones que se sucedieron, la Comisión de Trabajo asesorada por AISGE concluyó un documento definitivo que fue presentado a la Junta Directiva de la ADE el día 9 de septiembre, con motivo de la celebración de su reunión ordinaria trimestral. Tras la descripción y análisis del mismo, se decidió su traslado a la opinión pública a través de estas páginas que ahora presentamos y de otros medios complementarios. [ 7 ]
Desde la perspectiva de la Asociación de Directores de Escena de España, hay que decir que en todo este proceso las aportaciones de AISGE han sido enormemente valiosas y realmente trascendentales, sobre todo en la idea de transmitir a la opinión pública, a los agentes propios del sistema teatral y a las formaciones políticas un documento elaborado según los parámetros propios de una Ley Marco.
Concluimos esta breve introducción reiterando nuestro agradecimiento al trabajo de asesoría técnico-jurídica realizado por AISGE, que nos ha permitido conferir diseño legislativo a nuestros planteamientos conceptuales. Ahora son otros quienes deberán hablar y asumir sus propias responsabilidades. Confiamos que sepan convertir el espíritu de las palabras que siguen en acuerdos, para lograr un gran Pacto por la Cultura y el Teatro, así como en normas que permitan lograr el pleno desarrollo de nuestro sistema teatral y la convergencia real con Europa. Esa es la apuesta que viene haciendo la Asociación de Directores de Escena de España desde su creación. Ese ha sido, es y será nuestro reto y nuestro compromiso.
