El círculo vicioso parece implacable: a mayor pobreza, menores las posibilidades de acceso a los derechos humanos fundamentales, cuya carencia impide mejorar los ingresos y salir de la pobreza. Pero hay salidas, como lo proponen en este ensayo los especialistas Smith y Castleman .
La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos postula “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Los derechos fundamentales de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales, intelectuales. Las personas pobres disfrutan de muchos menos de estos derechos que las personas que no lo son. La pobreza propicia la privación sistemática y grave de los derechos humanos y, a la vez, la falta de derechos hace mucho más difícil mejorar los ingresos que uno obtiene y salir de la pobreza, con lo que se crea un círculo vicioso.
Ending Global Poverty: A Guide to What Works [ 1 ] describe 6 trampas de la pobreza, círculos viciosos como el mencionado, que mantienen a la gente en ese estado. Este libro indaga ocho “claves de aptitud” que ayudan a la gente a salir de la pobreza extrema aun cuando la economía del país esté estancada. Estas claves son: la salud, la nutrición, la enseñanza básica, el crédito y los seguros, el acceso a nuevas tecnologías, un medio ambiente estable y no degradado, la emancipación personal, y el fortalecimiento de la comunidad con el fin de garantizar una participación efectiva en el mundo. Varias de estas claves, en particular la emancipación personal y el fortalecimiento de la comunidad, reflejan la importancia decisiva de los derechos humanos en la eliminación de la pobreza extrema.
En algunos casos, los derechos se niegan a los pobres intencionadamente, como cuando algún funcionario corrupto impide el acceso a un determinado servicio público sin el pago previo de un soborno que no se puede permitir una persona pobre. En otros casos, los pobres carecen de derechos debido a inequidades sistemáticas, como las leyes que regulan la tenencia de la tierra y les impiden ser propietarios, o las políticas de instrucción que ubican las escuelas lejos de sus casas. Los métodos para garantizar los derechos difieren según el tipo de caso, pero de cualquier manera es esencial garantizarlos para permitir a la gente salir de la pobreza.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones trabajan cada vez más en el desarrollo económico desde el punto de vista de los derechos humanos, y con ello reconocen su i mportante función. Este enfoque aplica los conceptos y el marco de los derechos humanos a los objetivos y actividades del desarrollo, y asocia expresamente las actividades de desarrollo a la protección de los derechos humanos, lo cual ha adquirido popularidad en los últimos años y ha ayudado a situar en primera línea las necesidades fundamentales de la gente. Pero la ejecución de estos planes todavía deja mucho que desear, y muchas organizaciones humanitarias han prestado relativamente poca atención a los derechos humanos, a pesar de la estrecha relación que mantienen con la pobreza.
En unos casos esto es así por titubear durante muchos años al exigir cuentas a los gobiernos receptores de ayuda. En otros, las instituciones y las personas que dan ayuda para el desarrollo no tienen las cualidades, la orientación o la formación necesarias. A su vez, las instituciones que se ocupan de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por lo general carecen de la capacidad de gestión para ocuparse de la pobreza. Como señala Paul Farmer, médico precursor de los servicios de salud para la población pobre de Haití, “los defensores de los derechos humanos, desde hace muchas décadas, se concentran estrictamente en los derechos políticos y civiles, con toda razón, pero ahora cabe preguntarse cómo se podría ampliar esta perspectiva. En Haití, mis pacientes ya pueden votar, pero no reciben atención médica ni tienen agua potable”.
En otros casos, los nexos entre pobreza y derechos no son evidentes para quienes no viven en la pobreza. Hace algunos años, el Banco Mundial llevó a cabo un estudio titulado Voices of the Poor , para el que entrevistaron a veinte mil personas pobres de todo el mundo. Una de sus conclusiones más asombrosas es que la gente pobre a menudo menciona su sensación de impotencia y falta de derechos. Los problemas que citan los pobres suelen sorprender a los que no lo son: el crimen o la corrupción local, las actitudes del personal sanitario, los horarios escolares, el ser ridiculizados al expresarse sobre las condiciones sociales opresivas, los maridos que roban propiedades a sus esposas.
Perspectiva de los derechos humanos
Aplicar la perspectiva de los derechos humanos al análisis de la pobreza permite entender mejor la interrelación entre ambos, y elaborar programas y políticas más eficaces. El vigoroso nexo que los une revela la necesidad de integrar medidas para reducir la pobreza y acciones que aseguren e incrementen los derechos humanos. Esta integración se puede llevar a cabo en muchos sectores, y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y programas públicos ya han puesto en marcha innovadores programas en este sentido.
En los últimos años, el suministro de microcréditos se ha convertido en una importante estrategia para combatir la pobreza. Muchas familias se enfrentan a un círculo vicioso en el que la pobreza les impide tener capital de trabajo para invertir, lo que a su vez perpetúa su pobreza. El suministro de créditos pequeños puede ayudar a romper este círculo vicioso. Pero, ¿basta la microfinanciación? ¿Es suficiente proporcionar un fondo de operaciones sin atender las limitaciones en materia de derechos humanos, que constriñen las oportunidades de las familias pobres y reducen su libertad?
En Bangladesh, la capacidad de las mujeres para responder con energía a las violaciones de los derechos humanos, tales como agresiones con ácido u otras formas de violencia intrafamiliar, es limitada porque no conocen sus derechos y carecen de asistencia legal. Ante esto, la ONG BRAC, también precursora de los proyectos de microfinanciación, capacita personal jurídico que, a su vez, informa y da apoyo a mujeres que participan en programas de microcrédito. Esto permite a estas mujeres aprovechar la protección que les brinda la ley.
Al preguntarle a la gente pobre del medio rural qué es lo más importante para ellos, aquello que produciría el cambio más grande y positivo en su vida, a menudo responden que ser propietarios de tierra suficiente para ganarse la vida, y tenerla en condiciones seguras. Esta falta de seguridad es un enorme problema en la región del sur de Asia, densamente poblada, así como en América Latina y África. Como dice un nigeriano entrevistado para el estudio Voices of the Poor : “Todos nuestros problemas se derivan de la falta de tierras”.
Un estudio de las Naciones Unidas concluyó que por lo menos quinientos millones de personas, o cien millones de hogares, viven de la explotación de tierras agrícolas que no son de su propiedad, porque son jornaleros, aparceros, arrendatarios o “paracaidistas” [ 2 ] . La Declaración de las Naciones Unidas establece que el derecho a la propiedad y a un nivel de vida adecuado son derechos humanos.
La seguridad de tener una tierra permitiría a los trabajadores agrícolas o a los “paracaidistas” urbanos, resolver a la vez su pobreza y su falta de derechos jurídicos. Observadores Independientes han elogiado el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por Hernando de Soto en Perú, por el apoyo que proporciona a familias pobres para que adquieran tierras y regularicen los títulos de los predios ocupados por “paracaidistas”. Estas medidas pueden crear beneficios que trascienden la obtención de mejores ingresos. Cuando los agricultores pueden ejercer el derecho a tener tierras, tienen más incentivos para tratarlas como recurso a largo plazo, reducir la degradación ambiental e incrementar la productividad. Al dar títulos de propiedad a los “paracaidistas”, éstos pueden salir de los barrios bajos donde viven a buscar empleo sin temor a perder sus viviendas. Además, la propiedad permite a las personas pobres utilizar la tierra como garantía para obtener créditos con que iniciar actividades empresariales.
Aun cuando hay propiedad de las tierras, la aplicación arbitraria de la ley, aunada a la corrupción, puede gravar a los pobres impidiéndoles el acceso a los servicios públicos elementales. Por ejemplo, muchos no tienen documentos de identificación necesarios para disfrutar de los beneficios a los que tendrían derecho, y en muchos casos obtener esos documentos exige un esfuerzo agotador, mucho tiempo o el pago de sobornos. Estas situaciones violan los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas respecto a la igualdad de acceso a los servicios públicos y a la igualdad de trato ante la ley, sin discriminación de ningún tipo.
En muchos países existen leyes a través de las cuales se proporcionan a los pobres considerables beneficios públicos, pero en la práctica el acceso a éstos se niega a través de estratos de corrupción y burocracia que las personas pobres no saben atravesar, ni tienen tiempo, recursos o redes sociales para hacerlo.
Como concluye el estudio Voices of the Poor , “con demasiada frecuencia, los pobres informan de que la ley y su cumplimiento no les permiten vivir mejor, sino que representan un obstáculo. Declaran que es un problema librarse de las autoridades públicas y de los criminales bien organizados, que los doblegan, los intimidan y les exigen el pago de sobornos”. Se requieren dos campos de acción: una reglamentación más fuerte y la administración efectiva de los servicios públicos, así como el fortalecimiento de las comunidades pobres para que exijan el acceso a éstos y pidan cuentas a los funcionarios cuando no se proporcionen adecuadamente.
Un ejemplo de desempeño acertado en ambos frentes es la Iniciativa Bamako. Aplicada en los últimos veinte años en Benín, Guinea y Malí, países del África occidental, con apoyo de unicef , la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la Iniciativa Bamako descentralizó la financiación de los servicios de salud para las comunidades rurales, a la vez que mejoró el control de calidad y la reglamentación de los servicios. Esta iniciativa promueve elementos como la creación de fondos rotatorios comunes para la compra de medicamentos, y servicios de evaluación a cargo de la comunidad, con una supervisión más rigurosa y tratamiento regulado. En 2004, la iniciativa se llevó a cabo en ,326 comunidades, con resultados positivos en el ámbito sanitario, como la reducción de la mortandad infantil o los índices de vacunación.
El fortalecimiento de la comunidad también puede contribuir a aumentar la demanda de servicios, como ocurre con los grupos de mujeres y los consejos en aldeas de la India. Estos grupos supervisan las visitas y el desempeño de los funcionaros gubernamentales que suministran vacunas y exámenes prenatales, y les exigen mejorar el servicio cuando es necesario. Con el apoyo inicial de ciertas ONG , como CARE, estos grupos locales ayudan a que los principales proveedores de ayuda rindan cuentas a la población a cuyo servicio están.
Sin embargo, este tipo de actuaciones comunitarias puede no ser suficiente para afrontar crisis devastadoras, como la derivada del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los estragos del sida en la salud, los medios de subsistencia y las estructuras sociales en muchos países del África subsahariana, agudizan también la vulnerabilidad de los derechos humanos. Los enfermos de sida a menudo están estigmatizados, se les niegan las necesidades básicas y el apoyo de la familia, de los miembros de la comunidad, de los empleados públicos o de las instituciones locales. Si bien las comunidades, los gobiernos y las intervenciones Internacionales han ampliado considerablemente la atención médica a grupos de la población que antes no la recibían, muchas personas infectadas por el VIH siguen sin disponer de tratamientos que les salven la vida.
Aún peor, el VIH/SIDA ha producido más de doce millones de huérfanos sólo en África: prácticamente una generación. Tradicionalmente, la familia extensa cuida a los niños que han perdido a sus padres, pero el enorme alcance de la crisis del VIH/SIDA está llevando esta tradición al límite. Los analistas políticos indican que las condiciones son ahora propicias no sólo para abusar de los niños y explotarlos, sino también para reclutarlos en los ejércitos guerrilleros, como sucede en las zonas proclives a los conflictos. Además de constituir violaciones moralmente repugnantes contra los derechos humanos, esto también puede producir desestabilización y desviar recursos, con consecuencias sociales y económicas desoladoras para el desarrollo.
A largo plazo, las medidas más atinadas para mejorar la salud y los medios de subsistencia de las personas afectadas por el VIH/SIDA pueden ser las que ayuden a garantizar los derechos humanos, como la protección contra enfermedades mortales y un “nivel de vida adecuado (...), la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Naciones Unidas). La AIDS Service Organization (TASO), una ONG de Uganda, utiliza personal sanitario para atender a unas noventa mil personas contagiadas de VIH, mediante asesoramiento psicológico, atención médica básica, apoyo nutricional y generación de ingresos. El éxito del método de TASO depende en gran parte del énfasis que pone en dar atención completa mediante la afirmación y la garantía de los derechos humanos de los afectados por VIH/SIDA.
El Proyecto Sonagachi , en Calcuta, también incorpora la promoción de los derechos humanos en la ayuda a personas con VIH/SIDA, pero en un grupo de población distinto al que atiende TASO: Sonagachi es el prostíbulo más grande de Calcuta. El proyecto, llevado a cabo conjuntamente por el gobierno, varias ONG y grupos de la comunidad, incluye clínicas de salud para dar a las trabajadoras del sexo materiales de prevención contra el VIH, microcréditos y alfabetización, así como asesoría y apoyo jurídico. Cuando se inició, en 992, el 3% de las trabajadoras de Sonagachi utilizaba el preservativo; para 999, esta cifra había subido al 90%. En el mismo período, los índices de infección del VIH en Sonagachi se mantuvieron estables en el 5%, a pesar del enorme incremento que hubo entre las trabajadoras sexuales del resto de la India. Además de repercutir directamente en el VIH/SIDA, el proyecto incrementa el respeto por sí mismas entre las participantes, y su capacidad de prevenir y responder ante la violencia, la corrupción de la policía y otras violaciones de los derechos humanos.
No sólo las personas infectadas por el VIH son objeto de estigma social. Los pobres en general a menudo son tratados como si no fueran humanos. Esto es frecuente, por ejemplo, entre las mujeres de algunas sociedades, las castas bajas en el sur de Asia, y los grupos minoritarios marginados en algunos países. Esta falta de reconocimiento como seres humanos está en la raíz de muchas violaciones contra los derechos universales, incluyendo el tráfico de personas, las prácticas laborales explotadoras y muchas formas de discriminación, así que puede decirse que ese reconocimiento es, en cierto sentido, el eje que conecta la pobreza con los derechos humanos.
La interacción entre los propietarios de las castas altas y los arrendatarios de las castas bajas en algunas zonas de la India ofrece un claro ejemplo. En algunos casos, aquellos tratan a éstos como individuos de menor valor intrínseco, lo que les permite entablar relaciones económicas de explotación, que impiden a los arrendatarios salir de la pobreza. La misma falta de reconocimiento de la condición humana de los arrendatarios es la que propicia abusos sociales, como la humillación pública o las agresiones sexuales. La pobreza, la baja condición social y la dependencia económica que tienen de los propietarios impiden a los arrendatarios evitar o responder ante estos abusos. La desigualdad práctica ante la ley se suma a estos abusos, ya que los propietarios tienen el control de los sistemas políticos y jurídicos locales, lo cual limita la capacidad de las víctimas de recurrir a la ley y contribuye a perpetuar la explotación, volviéndola sistémica. Si bien en algunas partes del país se ha logrado reducir esta desigualdad, en muchos casos persisten los abusos.
Como demuestra este ejemplo, los esfuerzos por reducir la pobreza serán insuficientes si no se tratan a la vez las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y su dinámica. En el caso descrito del reconocimiento de la condición humana, esto significa: garantizar que los programas para combatir la pobreza se ejecuten en forma tal que contribuyan a la emancipación y a mejorar la condición de los sectores marginados, y complementar las medidas de lucha contra la pobreza con medidas para el reconocimiento y el respeto entre grupos a menudo deshumanizados y tratados con crueldad. Estas medidas pueden incorporarse en la escuela, en los servicios de salud, en ceremonias religiosas, en actividades de microfinanciación y en grupos de mujeres, así como en los medios de comunicación y en otros instrumentos de cultura popular.
El ejemplo más conocido son las Misioneras de la Caridad, obra fundada por la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Las hermanas atienden a los moribundos y dan comida y techo a los indigentes, con el sencillo reconocimiento de la dignidad y el valor de todos como seres humanos, independientemente de su condición física, la etnia a la que pertenezcan o su circunstancia. Para las Misioneras de la Caridad, este reconocimiento hunde sus raíces en la creencia religiosa, pero ésta no tiene por qué ser el único motor: las filosofías humanistas e igualitaristas pueden apoyar la dignidad humana con la misma solidez.
Los derechos más generales, como la libertad de prensa, también contribuyen a reducir el sufrimiento asociado con la pobreza. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, sostiene que el motivo por el cual no hay hambrunas en las democracias que funcionan bien es el poder de la prensa libre. Esto podría no ser una ley férrea de la economía (Malawi tiene una democracia que por lo menos funciona parcialmente desde 993, a pesar de la recurrencia de las hambrunas en ese país), pero la prensa libre puede representar una diferencia importante al llamar la atención sobre una crisis desde su inicio, y servir como incentivo a los políticos para responder ante la situación, además de movilizar a la sociedad y a la comunidad internacional para afrontarla, antes de que se convierta en una hambruna.
En casi todo el mundo, los indígenas y las minorías soportan la mayor parte de las violaciones contra los derechos humanos. La falta de cumplimiento de los derechos jurídicos y la explotación de los indígenas de Estados Unidos y de los negros en el Hemisferio Occidental, así como de personas que pertenecen a tribus, y de las castas bajas en el sur de Asia, y de las minorías étnicas y lingüísticas en los países africanos, representan problemas crónicos.
No es sorprendente que la pobreza sea mayor entre estos grupos. Ni Estados Unidos ni México están exentos de este problema. A raíz del huracán Katrina se advirtieron las dificultades estructurales que los negros pobres tenían a la hora de acceder a unos servicios públicos que deberían estar a disposición de todos los ciudadanos. En México hay informes de graves violaciones de los derechos humanos, particularmente en Chiapas. La política de la pobreza debe incorporar las necesidades de derechos humanos y jurídicos, en especial cuando se dan al mismo tiempo, juntos, la existencia de grupos étnicos minoritarios y la pobreza.
Un buen ejemplo de esta labor es la organización guatemalteca Adivima, que trabaja en asociación con Rights Actions, un grupo de Estados Unidos dedicado a promover los derechos humanos. Adivima defiende los derechos humanos y, a la vez, realiza proyectos para ayudar a la población indígena a realizar actividades que les permitan obtener ingresos. La labor de estos grupos en pro de los indígenas achí de Guatemala fue crucial en la decisión sin precedentes del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que exigió al gobierno de Guatemala compensar económicamente a los sobrevivientes de la masacre de Río Negro. En México, el Centro de los Derechos Humanos en Chiapas ha sido elogiado por los observadores, por la protección que brinda en materia de derechos humanos y por la ejecución de los derechos jurídicos de los indígenas pobres.
Aunque puede contribuir a mejorar mucho las condiciones de vida y a reducir la pobreza, obtener mayores ingresos no puede garantizar la salida sostenible de la pobreza si los pobres no están en condiciones de recibir instrucción y atención sanitaria, si no pueden demandar los servicios básicos del gobierno a los que tienen derecho por ley, si sólo pueden obtener Ingresos de forma humillante. En pocas palabras: si sus derechos humanos y jurídicos fundamentales no se garantizan, se ejercen y se protegen. Afortunadamente, como indican algunos de los ejemplos expuestos, en muchas partes del mundo se están tomando nuevas medidas para fortalecer los derechos humanos de los sectores pobres. Hay que acelerarlas e incrementarlas para avanzar significativamente en la lucha por erradicar la pobreza en el mundo.
Traducción de Rosamaría Núñez
